Procuraduría formula cargos a Andrés René Chaves, exgerente encargado de la Imprenta Nacional
El órgano de control calificó como falta grave con culpa gravísima las actuaciones del exgerente encargado, Andrés René Chaves Fernández, por subcontratar todo el proyecto sin capacidad técnica interna.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra Andrés René Chaves Fernández, exgerente encargado de la Imprenta Nacional, por presuntas irregularidades en un contrato superior a 6 mil millones de pesos para la impresión de las cédulas de extranjería, celebrado con Migración Colombia.
Según la investigación, la Imprenta Nacional no contaba con la infraestructura ni la capacidad tecnológica necesaria para cumplir con las exigencias del contrato, lo que derivó en múltiples incumplimientos.
Ante esta situación, Chaves Fernández subcontrató la totalidad de las actividades esenciales a las empresas Accesos Holográficos Sucursal Colombia y Urbano Express Logística y Mercadeo S.A.S., transfiriendo completamente las obligaciones pactadas con la entidad contratante.
El Ministerio Público había alertado previamente sobre las inconsistencias del contrato interadministrativo suscrito entre Migración Colombia y la Imprenta Nacional, en especial sobre la capacidad técnica de esta última para cumplir el objeto contractual.
Tras culminar la etapa de investigación y analizar las pruebas recolectadas, la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación concluyó que Chaves Fernández no garantizó que la empresa contara con los medios técnicos adecuados, configurándose una falta grave con culpa gravísima.
Por su parte, el ente de control archivó la investigación a favor de Carlos Fernando García Manosalva, director general; Rigoberto Niño Corredor, secretario general, y Carlos Julio Ávila Coronel, jefe de la Oficina Jurídica de Migración Colombia, al no encontrarse mérito para formularles cargos.
Este caso evidencia los riesgos de celebrar contratos interadministrativos sin la verificación previa de capacidades técnicas y operativas, una práctica que ha generado sobrecostos y demoras en diferentes entidades del Estado. Además, pone en discusión el uso de la figura de “subcontratación total”, prohibida por la ley cuando implica la pérdida de control del objeto contractual.
El proceso disciplinario avanza con la imputación formal contra el exgerente, mientras la Procuraduría refuerza su vigilancia sobre los contratos interadministrativos firmados por entidades públicas, especialmente aquellos relacionados con documentos oficiales y procesos de identificación.
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