Procuraduría investiga presuntas irregularidades en millonario contrato de drones para la Policía Nacional
El proceso disciplinario involucra a cuatro funcionarios y exfuncionarios del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y del Centro Integrado Policial Permanente Anticontrabando por un contrato superior a los 3.700 millones de pesos firmado en 2022.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra varios funcionarios y exfuncionarios del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (FORPO) y del Centro Integrado Policial Permanente Anticontrabando (CIPPA), por presuntas irregularidades en las etapas precontractual y de ejecución de un contrato suscrito en 2022 para la compra de drones destinados a la Policía Nacional.
La decisión cobija al coronel (r) Didier Alberto Estrada Álvarez, quien se desempeñó como director general del FORPO; a la capitán Alejandra Sepúlveda Figueroa, entonces coordinadora del CIPPA; al intendente Ismael de Aguas, verificador de información de ese organismo; y al mayor Edwin Arley Espejo Navarro, quien ejercía como supervisor del contrato por parte del FORPO.
Según informó el Ministerio Público, la actuación disciplinaria busca establecer si durante el proceso de contratación para la adquisición de sistemas aéreos remotamente tripulados (SIART), cuyo valor superó los 3.700 millones de pesos, se presentaron posibles irregularidades que afectaron la legalidad y la correcta ejecución del contrato.
Entre los aspectos que serán objeto de investigación se encuentran presuntas deficiencias en la formulación de los factores de selección del contratista, situación que, de comprobarse, habría incidido en el desarrollo del proceso contractual.
La Procuraduría señaló que en esta etapa se recopilarán las pruebas necesarias para esclarecer los hechos y determinar si los funcionarios y exfuncionarios actuaron conforme a sus deberes legales o si incurrieron en conductas con relevancia disciplinaria.
Por ahora, la actuación se encuentra en fase de investigación, por lo que no existe una decisión de fondo ni la formulación de cargos disciplinarios contra los implicados.