Procuraduría investigará al Superintendente de Salud por intervención a EPS Sanitas
El organismo recibió una queja disciplinaria de la EPS que pedía supervisar el proceso de intervención.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el superintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal, por presuntas irregularidades presentadas en la toma de posesión e intervención forzosa administrativa de la EPS Sanitas, así como en la designación de su agente interventor, Dúver Dicson Vargas Rojas.
El organismo solicitó a la Supersalud copia del proceso adelantado para tomar posesión de esa entidad, así como del trámite realizado para designar al agente interventor.
Igualmente requirió el número de quejas, reclamaciones y tutelas con relación al número de afiliados.
El organismo también pidió a la autoridad que remita información relacionada con las deudas de la EPS contraídas con la red de prestadores y proveedores de servicios, insumos y tecnología en salud, entre otras pruebas.
Este proceso disciplinario es resultado de una queja instaurada por Sanitas en contra de la superintendencia en la tarde de este miércoles, por una aparente falsa motivación consignada en la resolución que ordenó la intervención de la EPS.
“Nos presentó, una queja disciplinaria contra el superintendente de salud en virtud de considerar que la manera como se hizo la solicitud de intervención no fue la adecuada o conforme a la ley que podría estar en curso en algunas faltas disciplinarias”, afirmó la procuradora general, Margarita Cabello en declaraciones del pasado miércoles tres de marzo.
Sanitas también solicitó que la Procuraduría ejerza vigilancia sobre el proceso de intervención que inició la Superintendencia Nacional de Salud, por lo que la procuradora resaltó que tienen el compromiso de poner la lupa sobre el proceso y todas las decisiones que tome el agente interventor.
La procuradora Cabello afirmó que luego de recibir esa queja, tienen el compromiso de supervisar todas las actuaciones del agente interventor para analizar si las motivaciones que generaron la intervención a la EPS estén cobijadas por la ley.