Procuraduría pide expediente y soportes del reajuste por $7.757 millones en contrato de Los Próceres
El requerimiento fue enviado a la Alcaldía de Popayán dentro de una indagación previa y solicita, entre otros documentos, el expediente contractual, informes de supervisión, actas de pago y la justificación técnica y jurídica del reajuste de precios.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Popayán requirió a la Alcaldía Municipal documentación relacionada con el contrato de obra 20221800022777, correspondiente al proyecto de la Avenida de los Próceres, dentro de una indagación previa identificada en el oficio con los radicados IUS E-2026-158551 e IUC D-2026-4319266.
El requerimiento está contenido en el Oficio No. 1279, fechado el 7 de septiembre de 2026, y se fundamenta en un auto del 28 de abril de este año mediante el cual, según el propio documento, se ordenó la práctica de pruebas dentro de esa actuación.
La existencia de una indagación previa y la solicitud de documentos no significan que exista una sanción ni permiten atribuir responsabilidad disciplinaria a funcionario alguno. El oficio conocido por PeriódicoVirtual.com no informa sobre formulación de cargos.
¿Qué está pidiendo la Procuraduría?
El documento, suscrito por Camilo José Samboni Terán, asesor grado 19 de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Popayán, solicita a la Alcaldía remitir:
- Copia de los actos de nombramiento y posesión, hoja de vida, certificado de salarios y manual de funciones de la persona identificada en el oficio como Kanina Betancourt Gómez.
- El expediente contractual completo del contrato No. 20221800022777, incluidos los informes mensuales de supervisión y las actas de pago parcial.
- La justificación técnica y jurídica de la “Modificatoria 4 – Reajuste de precios”, que el oficio cifra en $7.757 millones.
La Procuraduría concedió un término de 10 días para suministrar la documentación solicitada.
El alcance del requerimiento resulta especialmente relevante porque no se limita a pedir información general sobre la obra: el organismo de control reclama los soportes contractuales, el seguimiento de supervisión, los pagos parciales y la sustentación técnica y jurídica de una modificación económica que supera los $7.700 millones.
El contrato corresponde a la Avenida de los Próceres
Documentación oficial de la Alcaldía identifica el objeto del proceso como la construcción de la Diagonal 31 N entre la carrera 9 y la Variante de Popayán, Avenida de los Próceres. En el proceso inicial se estimó un presupuesto oficial de $35.680 millones.
Además, un decreto expedido por la Alcaldía el 27 de marzo de 2026 confirma que el contrato de obra 20221800022777 fue celebrado con el Consorcio Suroccidente y que se deriva del Convenio Interadministrativo 1928 de 2021 suscrito entre Invías y el Municipio de Popayán. Ese mismo decreto incorporó al presupuesto de 2026 recursos correspondientes a saldos de vigencias expiradas de 2023 y 2024 asociados al contrato.
Es decir, el requerimiento de la Procuraduría recae sobre uno de los contratos centrales de una obra que durante varios años ha enfrentado dificultades ambientales, prediales, financieras y de ejecución.
Los reajustes ya habían sido reconocidos como un problema del proyecto
Los ajustes de precios no aparecen por primera vez con el oficio de la Procuraduría.
En julio de 2024, durante un debate de control político, la propia Secretaría de Infraestructura de Popayán informó que el proyecto no había podido reiniciarse mientras se adelantaban, entre otros asuntos, trámites relacionados con permisos ambientales, estudios de impacto ambiental y ajustes de precios.
Los antecedentes ambientales también se remontan a la administración anterior. En junio de 2023, la Alcaldía informó que la CRC había suspendido la obra y que todavía se adelantaban actuaciones relacionadas con el licenciamiento. Para ese momento, el Municipio aseguró haber adquirido el 70 % de los predios y tener ofertas de compra sobre otro 28 %.
Posteriormente, en octubre de 2024, la Alcaldía anunció que contaba con permisos ambientales para iniciar los tramos 1 y 2. Sin embargo, una publicación institucional de 2026 reconoce que todavía continúa la gestión predial y el proceso de licenciamiento ambiental de los tramos 3 y 4, cuyo Estudio de Impacto Ambiental se encontraba en evaluación.
La Alcaldía sostiene que solo paga obra ejecutada
La posición documentada de la Administración Municipal debe incorporarse al análisis.
En una publicación institucional del 9 de junio de 2026, la Secretaría de Infraestructura afirmó que mantiene seguimiento permanente al proyecto y que los pagos corresponden únicamente a actividades verificadas en terreno. En esa misma comunicación, la Alcaldía señaló que entre 2024 y 2025 destinó más de $15.000 millones a distintos componentes relacionados con el proyecto, incluidos acueducto, alcantarillado, alumbrado público, gestión predial y actualización de precios.
La Administración también informó inversiones cercanas a $6.695 millones en adquisición de predios, $3.385 millones en redes de acueducto y alcantarillado y alrededor de $1.100 millones en traslado de redes eléctricas. Estas cifras corresponden a diferentes componentes del proyecto y no deben interpretarse automáticamente como pagos del contrato de obra que ahora aparece mencionado en el oficio de la Procuraduría.
Precisamente por esa multiplicidad de contratos, fuentes y componentes financieros, adquiere importancia la solicitud del organismo de control: conocer el expediente completo permitirá establecer documentalmente cuáles recursos corresponden al contrato principal, cuáles a obras complementarias, cuáles fueron efectivamente pagados y qué soportó el reajuste objeto del requerimiento.
Un reajuste que requiere explicación documental
El texto de seguimiento entregado como antecedente de esta investigación registra un valor inicial del contrato de $34.152.875.869 y un ajuste de $7.757.264.513, que llevaría el total a $41.910.140.382.
Sin embargo, el oficio de la Procuraduría hace referencia a la “Modificatoria 4 – Reajuste de precios” por $7.757.000.000.
El material de seguimiento también registra una inversión acumulada en obra ejecutada de $5.486 millones, un anticipo de $14.668 millones entregado a una fiducia y actas parciales y de ajuste por otros valores. El propio documento advierte que estas categorías requieren ser diferenciadas antes de sacar conclusiones sobre cuánto dinero ha sido efectivamente desembolsado al contratista.
Por eso, la solicitud de los informes mensuales de supervisión y de las actas de pago parcial puede ser determinante para aclarar la trazabilidad financiera del contrato.
De las preguntas políticas a una actuación del organismo de control
Hasta ahora, buena parte de la discusión alrededor de Los Próceres se había concentrado en los retrasos, las licencias ambientales, la gestión predial y la capacidad de la Alcaldía para sacar adelante una obra anunciada durante varias administraciones.
El documento de la Procuraduría introduce un elemento distinto: un organismo de control está recaudando pruebas dentro de una indagación previa y ha solicitado específicamente la sustentación técnica y jurídica de un reajuste de precios por $7.757 millones.
Esto no demuestra por sí mismo que el reajuste sea irregular. Tampoco permite anticipar cuál será la conclusión de la Procuraduría. Lo que sí acredita el oficio es que esa modificación contractual hace parte de los documentos que el organismo considera necesarios para avanzar en la indagación.
¿Por qué importa para Popayán?
Los Próceres está proyectada como una vía de aproximadamente 3,2 kilómetros entre la carrera 9 y la Variante, con doble calzada, ciclorruta, andenes y otros componentes destinados a mejorar la conectividad del norte de Popayán.
Por eso el debate no puede reducirse a si se ven o no máquinas trabajando.
Una obra financiada con recursos públicos y que ha requerido modificaciones, inversiones complementarias, gestión predial y trámites ambientales necesita que cada cambio contractual pueda ser explicado con documentos técnicos, jurídicos y financieros verificables.
La Alcaldía sostiene que existe seguimiento y que solamente se paga lo efectivamente ejecutado. La Procuraduría, por su parte, acaba de solicitar precisamente los documentos que permitirán examinar ese seguimiento y la sustentación del reajuste.
Ahora corresponde establecer qué contienen esos soportes y qué conclusiones adopta el organismo de control después de evaluarlos.
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