Procuraduría pide explicaciones por cambios en contratación de trabajadores del Hospital San José de Popayán

La Procuraduría General de la Nación formuló un requerimiento preventivo al Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. y a varias entidades del orden municipal y nacional para conocer en detalle las decisiones que se estarían adoptando frente a la contratación de trabajadores de la institución.

El requerimiento fue emitido el 7 de septiembre de 2026 por la Procuraduría 21 Judicial II para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, bajo el número PJL21-2026-046, y está dirigido al Hospital San José, la Alcaldía de Popayán, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud.

¿Qué está revisando la Procuraduría?

La actuación preventiva surgió luego de que el Ministerio Público conociera manifestaciones de trabajadores y organizaciones sindicales relacionadas con la intención de modificar las actuales modalidades de contratación, particularmente ante una eventual sustitución de contratos sindicales por contratos de prestación de servicios, conocidos como OPS.

Según el documento, las organizaciones sindicales han advertido que este cambio podría generar una reducción de ingresos o de condiciones económicas, pérdida de garantías laborales y de seguridad social, además de afectar el derecho de asociación sindical.

La Procuraduría también expresó preocupación por la posibilidad de que una nueva modalidad contractual termine siendo utilizada para desarrollar las mismas actividades misionales y permanentes del Hospital, así como por los posibles efectos que las decisiones puedan tener sobre la continuidad y calidad de la prestación del servicio de salud.

El punto clave: contratos sindicales frente a OPS

Uno de los principales llamados de atención del Ministerio Público está relacionado con la forma en que se aplique el Decreto 661 de 2026, norma que introdujo modificaciones en materia de contrato sindical y estableció medidas para prevenir la intermediación laboral ilegal.

La Procuraduría señala que la normativa establece límites al uso del contrato sindical cuando este sea empleado para encubrir intermediación laboral ilegal, suministrar personal para actividades misionales permanentes o sustituir empleos necesarios para la prestación ordinaria del servicio de salud.

Sin embargo, advierte que esto no significa que todos los trabajadores que anteriormente estaban bajo contratos sindicales deban ser trasladados automáticamente a contratos de prestación de servicios.

El documento insiste en que debe aplicarse el principio de primacía de la realidad, es decir, que no basta con cambiar el nombre del contrato si en la práctica continúan existiendo condiciones propias de una relación laboral.

Por ejemplo, la Procuraduría pide especial atención a los casos en los que una persona termine su contrato sindical y sea vinculada inmediatamente mediante una OPS para realizar la misma función, en el mismo servicio, con los mismos turnos, horarios, órdenes, supervisión y estructura organizacional.

¿Qué pasa con la formalización de 1.782 trabajadores?

Otro de los puntos centrales del requerimiento es el proceso de formalización laboral anunciado para 1.782 trabajadores del Hospital Universitario San José de Popayán.

De acuerdo con la Procuraduría, durante 2026 se suscribió un preacuerdo en el que participaron la Alcaldía de Popayán, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud y Protección Social.

Por esa razón, el Ministerio Público considera necesario establecer si las actuales decisiones sobre contratación están realmente articuladas con ese proceso de formalización laboral.

La Procuraduría pidió que se informe si ese preacuerdo continúa vigente, cuáles fueron sus compromisos, qué entidades son responsables de ejecutarlos, cuáles ya se cumplieron y cuáles permanecen pendientes.

También solicitó establecer si existe un cronograma de implementación y si la actual decisión de contratar mediante OPS estaba contemplada dentro de ese acuerdo.

Hospital deberá explicar por qué cambiaría los contratos

Dentro del requerimiento, la Procuraduría solicitó al Hospital San José explicar cuál es el fundamento jurídico específico para sustituir los actuales contratos sindicales por contratos de prestación de servicios.

La entidad deberá precisar si el Decreto 661 de 2026 realmente la obliga o autoriza a realizar dicha sustitución. En caso contrario, tendrá que explicar qué disposición legal, reglamentaria, administrativa, presupuestal o técnica respalda la decisión.

Además, el Hospital deberá entregar información sobre el número de contratos sindicales vigentes, las organizaciones sindicales involucradas, fechas de celebración y terminación, objetos contractuales, número de trabajadores y actividades desarrolladas.

También tendrá que informar cuántas de esas actividades son consideradas misionales permanentes y cuántas personas serían vinculadas mediante nuevas OPS.

Procuraduría pide comparar las condiciones laborales

Otro de los requerimientos está relacionado directamente con las condiciones económicas y laborales de los trabajadores.

El Hospital deberá informar si existen diferencias entre las condiciones actuales de quienes están vinculados mediante contrato sindical y las que tendrían quienes sean contratados mediante OPS.

La comparación deberá incluir aspectos como remuneración, honorarios, aportes a seguridad social, vacaciones, incapacidades, licencias, riesgos laborales, prestaciones económicas, descansos, estabilidad, duración contractual y mecanismos de terminación.

El Ministerio Público también pidió información sobre posibles casos en los que se haya planteado a un trabajador terminar o no prorrogar su contrato sindical para posteriormente suscribir una OPS y continuar realizando exactamente las mismas funciones.

La situación financiera también está bajo revisión

La Procuraduría reconoció que la situación financiera de una Empresa Social del Estado puede afectar la contratación del talento humano, el pago de obligaciones y la continuidad de los servicios.

No obstante, advirtió que las dificultades económicas no pueden utilizarse por sí solas para adoptar modalidades de contratación que desconozcan las normas constitucionales, legales o reglamentarias.

Por ello, pidió información actualizada sobre la cartera que las EPS adeudan al Hospital, incluyendo valores, cartera corriente y vencida, antigüedad de las deudas, acuerdos de pago, recursos recibidos, saldos pendientes y acciones adelantadas para recuperar esos recursos.

También solicitó conocer qué medidas se están tomando para evitar que las dificultades financieras terminen afectando los servicios esenciales, el personal necesario, los turnos asistenciales, el pago de los trabajadores o la calidad y seguridad de la atención.

Convocarán mesa interinstitucional

Como parte de la actuación preventiva, la Procuraduría considera conveniente convocar una mesa interinstitucional de seguimiento con participación del Hospital San José, la Alcaldía de Popayán, los ministerios del Trabajo y de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, las organizaciones sindicales, representantes de los trabajadores y la propia Procuraduría.

El objetivo será establecer una ruta de transición laboral que permita cumplir con el Decreto 661 de 2026, pero evitando que el cambio contractual se convierta en una nueva forma de precarización laboral o afecte la continuidad de los servicios de salud.

¿Qué plazo tienen las entidades?

La Procuraduría solicitó que la información requerida sea entregada dentro de los diez días siguientes al recibo del requerimiento, junto con las medidas adoptadas o proyectadas frente a cada uno de los asuntos planteados.

El documento aclara que se trata de una actuación de carácter preventivo y que, en esta etapa, no se está prejuzgando sobre la responsabilidad de ninguna persona natural o jurídica.

Sin embargo, la Procuraduría advierte que, si durante el seguimiento encuentra posibles conductas que comprometan derechos laborales, libertad sindical, intermediación laboral ilegal, recursos públicos o la continuidad del servicio de salud, podrá poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes o ejercer las acciones legales correspondientes.

En contexto

El requerimiento pone bajo observación un proceso que involucra derechos laborales, contratación pública, formalización del empleo y la sostenibilidad del Hospital Universitario San José de Popayán.

La principal preocupación planteada por la Procuraduría es que el cumplimiento de las nuevas reglas sobre contratos sindicales no termine simplemente trasladando a los trabajadores de una modalidad contractual a otra, especialmente cuando en la práctica continúen desempeñando funciones permanentes y bajo condiciones propias de una relación laboral.

Ahora, las entidades requeridas deberán entregar la información solicitada y explicar cómo pretenden avanzar en la transición contractual, la formalización laboral y la protección de la continuidad del servicio de salud.