Procuraduría rechaza el secuestro de soldados en San José Guaviare
Para el órgano de control esta acción viola los derechos humanos de los militares, quienes completan más de 48 horas de la privación de su libertad sin que se conozcan pronunciamientos frente a su liberación.
La Procuraduría General de la Nación ha seguido de cerca la situación de orden público que desde el pasado viernes acontece en el departamento del Guaviare, donde cerca de 100 militares pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, se encuentran secuestrados.
Los militares que se encontraban desarrollando labores constitucionales de control y presencia institucional en zona rural de San José del Guaviare, fueron secuestrados.
Hoy las autoridades confirman que 40 de estos uniformados ya se encuentran en libertad.
Al respecto, el órgano de control rechaza estos eventos que atentan contra los derechos humanos de los 60 uniformados, quienes cumplen más de 48 horas de la privación de su libertad sin que hasta el momento se conozcan decisiones o pronunciamientos frente a su liberación por parte de las personas que los tienen en su poder.
La Procuraduría hace un contundente llamado al Gobierno nacional, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio del Interior, para que implemente a cabalidad los mecanismos de veeduría, monitoreo y verificación establecidos en los decretos de cese al fuego con los grupos armados ilegales con presencia en el territorio, que permitan la prevención de incidentes, garanticen el ejercicio de derechos ciudadanos de sus pobladores y eviten posibles infracciones al DIH.
A su vez, expresa su preocupación por el uso de vías de hecho por parte de las comunidades en esa zona del país, y hace un llamado para que se respete la vida e integridad de estas personas y no se pierda de vista el apego a los mecanismos legales vigentes para denunciar y requerir la atención de las instituciones del Gobierno nacional, departamental y municipal para que conozcan, acompañen e intervengan en los eventos y situaciones que afecten el goce efectivo de sus derechos.
La Procuraduría continuará monitoreando la situación de derechos humanos que se presenta en este territorio, vigilando la respuesta efectiva y oportuna de las autoridades en su deber de protección y garantía de derechos de los ciudadanos.