Procuraduría revisa trámite del presupuesto de Popayán para 2026: el Concejo habría perdido la competencia para aprobarlo
La Procuraduría solicitó los antecedentes del trámite del presupuesto de 2026, adelantado durante la presidencia de Alex Trujillo Méndez, para revisar las actuaciones del Concejo y establecer si hubo posibles irregularidades disciplinarias.
La Procuraduría Regional de Instrucción del Cauca solicitó al Concejo Municipal de Popayán la entrega de documentos relacionados con el trámite del proyecto de presupuesto para la vigencia fiscal de 2026, en el marco de una indagación previa que busca establecer si pudieron presentarse faltas disciplinarias durante el procedimiento.
La actuación pone bajo revisión el papel de la corporación, especialmente el trámite adelantado por la mesa directiva que presidía Alex Trujillo Méndez, y específicamente la comisión de presupuesto, en su momento presidida por Daniel Muñoz García.
La solicitud quedó consignada en el oficio 3894, fechado el 9 de junio de 2026, dentro del proceso identificado con los radicados E-2025-666785 y D-2025-4235442.
En el documento, el Ministerio Público ordenó recaudar pruebas para determinar si existieron posibles irregularidades, identificar a los eventuales responsables y establecer si hay circunstancias que excluyan su responsabilidad.
Entre los documentos requeridos se encuentra el expediente legislativo completo del proyecto de acuerdo mediante el cual se fijaría el presupuesto de ingresos y gastos de Popayán para 2026.
La Procuraduría pidió incluir las fechas de radicación, asignación y reparto, las reuniones realizadas, las actas, las devoluciones, los correos electrónicos, los registros de asistencia, las actas de los debates y las constancias del sistema institucional ORFEO.
También solicitó copia de dos comunicaciones clave: el oficio enviado por el alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo al Concejo el 31 de octubre de 2025 y el documento mediante el cual la Comisión Segunda devolvió el proyecto de presupuesto el 30 de octubre de ese mismo año.
La devolución y primer debate fuera de los términos de ley, los puntos centrales.
La controversia se concentra en los tiempos establecidos para estudiar y tramitar el presupuesto municipal. El proyecto, por un monto de $952.244 millones, fue radicado ante el Concejo el 30 de septiembre de 2025, según los documentos de la Alcaldía y de la corporación.
El 30 de octubre, a las 5:25 de la tarde, la Comisión Segunda remitió al alcalde la devolución del proyecto. En su comunicación, argumentó que las proyecciones de recaudo para 2026 no estaban suficientemente sustentadas, especialmente en lo relacionado con el impuesto predial unificado y el impuesto de industria y comercio.
La comisión cuestionó, entre otros aspectos, el crecimiento proyectado del 10 % en el recaudo del predial y del 4 % en industria y comercio. Por ello, solicitó información detallada sobre los predios del municipio, los avalúos, las tarifas, los impuestos liquidados, la cartera por recuperar y las declaraciones tributarias de 2025.
Sin embargo, la Alcaldía sostuvo que la devolución se produjo por fuera de los términos establecidos en el Estatuto Orgánico de Presupuesto del municipio, con el agravante que el Concejo Municipal perdió la competencia para aprobar el presupuesto 2026.
En una respuesta dirigida al entonces presidente del Concejo, Alex Trujillo Méndez, el 31 de octubre de 2025, el alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo señaló que el Acuerdo Municipal 020 de 2008 establecía un plazo de siete días calendario para devolver el proyecto, si se consideraba necesario realizar correcciones, y fijaba como fecha límite para su primer debate el 30 de octubre de cada año.
Según la interpretación expuesta por la administración municipal, la devolución se realizó un mes después de la radicación y el primer debate tampoco se había surtido dentro del plazo previsto. Por esa razón, el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2026 tuvo que ser aprobado mediante Decreto Municipal firmado por el Alcalde, al perder la competencia la Corporación porque el procedimiento y las observaciones de la comisión segundo era extemporáneo.
Este es uno de los aspectos que deberá examinarse dentro del recaudo probatorio solicitado por la Procuraduría. La determinación de eventuales responsabilidades disciplinarias dependerá de la revisión de los documentos y de las conclusiones a las que llegue el organismo de control.
Hacienda había pedido acompañamiento de la Procuraduría
La situación también había sido advertida por la Secretaría de Hacienda Municipal, entonces a cargo de Juliana Isabel Sarmiento Castillo, quien solicitó el acompañamiento de la Procuraduría para avanzar en el trámite de proyectos de acuerdo considerados esenciales para el funcionamiento de la administración, y proyectos de inversión claves en el bienestar de los payaneses.
En un oficio fechado el 31 de octubre de 2025, la funcionaria recordó que su dependencia había informado previamente al Ministerio Público sobre iniciativas pendientes ante el Concejo.
Entre ellas estaban las vigencias futuras ordinarias y excepcionales para 2026, cuya aprobación resultaba necesaria para adelantar diferentes procesos contractuales, más aún con el inicio de la ley de garantías, a partir del 7 de noviembre de 2025.
La secretaria advirtió que la falta de trámite oportuno podía afectar la contratación de servicios y programas de distintas dependencias. Entre los riesgos mencionados estaban la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la conectividad de las instituciones educativas públicas, la realización de las Fiestas de Pubenza, los servicios de vigilancia y aseo, el funcionamiento del parque automotor, el alquiler de grúas y patios para vehículos inmovilizados y la disponibilidad de personal para labores de infraestructura, tránsito y seguridad.
También señaló posibles afectaciones a programas dirigidos a víctimas del conflicto armado, comerciantes, jóvenes, líderes sociales y turistas, así como a la operación de la Planta de Sacrificio Animal y a la actualización catastral de aproximadamente 1.500 predios.
La funcionaria solicitó entonces el acompañamiento del organismo de control para facilitar el trámite de los proyectos pendientes. En ese contexto, la petición se presentó como una solicitud de acompañamiento institucional, no como una denuncia disciplinaria.
¿Qué sigue en el proceso?
Con el requerimiento del 9 de junio de 2026, la Procuraduría busca reunir los antecedentes y soportes del procedimiento surtido en el Concejo Municipal. La documentación permitirá revisar la secuencia de actuaciones, las fechas en que se realizaron y las decisiones adoptadas durante el estudio del presupuesto, con el fin de determinar las razones que llevaron al Concejo a no dar trámite en los tiempos que fija la ley de estos importantes proyectos de acuerdo.
Por ahora, el oficio conocido corresponde a una etapa de indagación previa y recaudo probatorio. No constituye, por sí mismo, una declaración de responsabilidad ni una sanción contra Alex Trujillo Méndez, Daniel Muñoz o los demás integrantes de la comisión segunda, en su momento conformada por los concejales Lucio Jurado, Jhon James Ortiz, Marco Gaviria y Rosa Agustina Sinisterra, esta última la ponente designada.
Fotografías del Presidente del Concejo año 2025 y los integrantes de la Comisión de presupuesto del año 2025.
El punto central será establecer si el trámite del proyecto de presupuesto para 2026 se ajustó a los términos y procedimientos aplicables, así como determinar si las actuaciones de los servidores públicos involucrados podrían dar lugar a responsabilidades disciplinarias.