Pronunciamiento frente a los atentados ocurridos en Cali (Valle del Cauca) y Amalfi (Antioquia)

En Cali, un camión cargado con cilindros bomba explotó en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, dejando como saldo seis civiles muertos, 64 personas heridas, además de graves daños a viviendas, locales comerciales y vehículos. Según información preliminar, dos artefactos fueron lanzados contra la instalación militar sin mayores afectaciones, pero el vehículo explotó en la parte externa, afectando esencialmente a personas y bienes civiles, lo cual constituye una infracción al derecho internacional humanitario y podría constituir un crimen de guerra.

Este ataque constituye una afrenta directa a la vida y la dignidad humana, y una infracción clara al derecho internacional humanitario (DIH), que prohíbe de manera absoluta los ataques contra civiles.

El escenario de riesgo se encuentra advertido en la Alerta Temprana 001 de 2022, que señaló riesgos derivados de la presencia de facciones disidentes de las FARC-EP, del ELN y de grupos de delincuencia organizada asociados al narcotráfico en zonas suburbanas y comunas de Cali.

Adicionalmente, en la vereda Los Trozos, zona rural de Amalfi, un helicóptero de la Policía Nacional que brindaba seguridad a uniformados en labores de erradicación manual de cultivos de coca fue atacado con un dron cargado de explosivos. El hecho dejó ocho policías muertos y al menos ocho heridos.

Este escenario de riesgo se encuentra advertido en la Alerta Temprana 023 de 2022, que identificó riesgos en Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia y Vegachí por la presencia del ELN, facciones disidentes de las FARC-EP, el Clan del Golfo y otros grupos armados organizados vinculados a economías ilegales como el narcotráfico y el contrabando. Entre las conductas vulneratorias advertidas se encuentran desplazamientos forzados, amenazas, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, homicidios selectivos y violencia sexual.

Es previsible que el inicio de la implementación de estas operaciones de erradicación de cultivos genere riesgos adicionales, tanto para los miembros de la fuerza pública como para la población civil. Por tal razón es importante prever el agravamiento de los escenarios de riesgo y redoblar medidas que permitan neutralizarlos.

La Defensoría del Pueblo hace un llamado al Estado colombiano para que:

Garantice protección real y efectiva a las comunidades urbanas y rurales expuestas a estos escenarios de violencia.

Brinde atención integral y diferenciada a las víctimas y sus familias, asegurando medidas inmediatas de reparación y acompañamiento psicosocial.
Cumpla de manera inmediata las recomendaciones emitidas en las Alertas

Tempranas, orientadas a la prevención, protección y no repetición.
Actúe con contundencia en el marco del DIH y los estándares internacionales de derechos humanos, evitando la normalización de la violencia y asegurando verdad, justicia y sanción para los responsables.

Hacemos un llamado para que cualquier acción que el Estado decida emprender, tanto a nivel nacional como regional, se enmarque dentro de una política de seguridad integral, con enfoque de seguridad humana.