¿Qué cambió entre el embargo y el posible archivo? Caso Maribel Perafán pone bajo la lupa a la Contraloría del Cauca
El giro plantea preguntas sobre las razones jurídicas de la decisión y sobre la independencia del organismo de control frente al poder departamental.
En el Cauca hay un expediente que pasó de estar en el centro del control fiscal a convertirse nuevamente en un asunto de interés político. Se trata del proceso de responsabilidad fiscal PRF-10-25, relacionado con una presunta afectación al patrimonio público durante la administración de Maribel Perafán Gallardo al frente de la Industria Licorera del Cauca. En octubre de 2025, la Contraloría General del Cauca llegó a decretar medidas cautelares sobre bienes de la entonces secretaria de Gobierno, mientras que meses después, según la información que hoy circula sobre el expediente, el proceso habría tomado un rumbo completamente diferente: su archivo.
El cambio resulta especialmente llamativo por el momento político en que ocurre. Perafán acaba de abandonar la Secretaría de Gobierno del Cauca, después de más de un año como una de las funcionarias de mayor exposición de la administración del gobernador Jorge Octavio Guzmán Gutiérrez, y su nombre comenzó a aparecer entre los posibles aspirantes a la Gobernación del Cauca en 2027. Su renuncia fue confirmada el 24 de agosto de 2026 y medios regionales ya registran su nombre dentro del escenario político que comienza a configurarse para las próximas elecciones territoriales.
Es precisamente esa coincidencia entre un expediente fiscal de alto valor, un cambio en la conducción del organismo de control y el surgimiento de una eventual candidatura la que obliga a mirar nuevamente el caso.
Un proceso que comenzó con un presunto daño de más de $1.685 millones
El antecedente está en la Industria Licorera del Cauca. Durante la gerencia de Maribel Perafán, en 2024, se realizó una operación de venta de aguardiente que fue presentada como destinada a la exportación. El caso comenzó a generar cuestionamientos por parte del sindicato de trabajadores de la empresa, que posteriormente llevó sus denuncias ante los organismos de control.
La investigación fiscal produjo un resultado concreto. En el informe final de auditoría de 2025, la Contraloría General del Cauca estableció un hallazgo administrativo con presunta incidencia penal, disciplinaria y alcance fiscal por $1.723.835.364. El documento señaló un presunto detrimento relacionado con la venta de licor de exportación y mencionó, entre otros aspectos, la falta de determinados requisitos sanitarios y de rotulado para la exportación, así como cuestionamientos sobre la actividad económica del comprador.
Es importante precisar que se trataba de un hallazgo y una presunta afectación patrimonial, no de una sentencia ni de una declaración definitiva de responsabilidad contra Maribel Perafán.
Pero el asunto no terminó en el informe de auditoría.
El expediente avanzó hacia un proceso de responsabilidad fiscal y el 15 de octubre de 2025, mediante el Auto No. 22, la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría decretó una medida cautelar de embargo preventivo sobre un vehículo de propiedad de Perafán. Posteriormente, mediante el Auto No. 23, también se ordenó el embargo preventivo de un inmueble registrado a su nombre. El proceso, identificado como PRF-10-25, manejaba una cuantía de presunto daño patrimonial de $1.685.522.064.
En otras palabras, el expediente llegó a un punto en el que el organismo encargado de vigilar los recursos públicos consideró necesario adoptar medidas cautelares para garantizar una eventual recuperación de los recursos.
Y ahí comienza la parte que hoy genera nuevas preguntas.
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Del embargo a un eventual archivo: ¿qué cambió?
Si, como se ha conocido, el proceso fue posteriormente archivado bajo la administración de la actual contralora departamental, Paola Andrea Pérez Camacho, el asunto merece una explicación mucho más detallada que una simple comunicación sobre el cierre del expediente.
Porque entre una medida cautelar y un archivo tiene que existir una explicación jurídica.
¿Qué ocurrió con las pruebas que inicialmente llevaron a la Contraloría a considerar que existía un presunto daño patrimonial por más de $1.685 millones? ¿Qué elementos nuevos aparecieron durante el trámite? ¿Se estableció que no existía daño fiscal? ¿Se determinó que no podía atribuirse responsabilidad a las personas inicialmente vinculadas? ¿Existió alguna causal procesal que hiciera imposible continuar con la actuación?
Todas esas preguntas tienen una respuesta técnica dentro del expediente.
Por eso, el documento determinante en este momento es el acto administrativo que habría dispuesto el archivo, junto con sus fundamentos de hecho y de derecho.
No basta con decir que el proceso terminó. Los caucanos tienen derecho a conocer por qué terminó, quién tomó la decisión y sobre qué pruebas y argumentos jurídicos se sustentó.
Y hay una razón adicional para exigir esa claridad: la cuantía involucrada no es menor. El expediente llegó a referirse a $1.685.522.064, mientras que el informe de auditoría había establecido un hallazgo con alcance fiscal por $1.723.835.364. Son cifras diferentes dentro de actuaciones distintas, pero ambas muestran la dimensión económica del caso.
La nueva Contraloría y una pregunta inevitable sobre independencia
La discusión adquiere una dimensión institucional cuando se observa quién conduce hoy la Contraloría General del Cauca.
Paola Andrea Pérez Camacho fue elegida por la Asamblea Departamental como contralora para el periodo 2026-2029. Su hoja de vida oficial registra varios vínculos como asesora jurídica de la Gobernación del Cauca durante 2024 y 2025, antes de asumir la dirección del organismo de control.
Ese antecedente, por sí mismo, no demuestra ninguna actuación irregular ni permite concluir que una decisión de la Contraloría haya estado influenciada políticamente. Pero sí constituye un elemento legítimo para el debate público sobre la independencia del órgano de control, particularmente cuando uno de los expedientes que llega a sus manos involucra a una exfuncionaria de alto nivel de la misma administración departamental.
La pregunta, entonces, no es si haber trabajado previamente en la Gobernación inhabilita automáticamente a la contralora. La pregunta es otra: ¿qué garantías existen para que las decisiones del organismo de control sean percibidas y demostradas como independientes cuando sus actuaciones involucran a funcionarios o exfuncionarios del Gobierno departamental?
La respuesta debe estar en los documentos, en las reglas de competencia, en las actuaciones procesales y en la transparencia con que se explique la decisión.
Cualquier otra conclusión sería prematura.
Maribel Perafán: una carrera pública que vuelve a quedar bajo escrutinio
El caso cobra una dimensión política porque Maribel Perafán no es una figura desconocida en el departamento. Su trayectoria pública ha pasado por diferentes escenarios de poder: fue alcaldesa de Timbío, posteriormente gerente de la Industria Licorera del Cauca y llegó a la Secretaría de Gobierno y Participación del Cauca, una de las dependencias con mayor exposición política y administrativa de la Gobernación.
En la Licorera incluso llegó a ser elegida presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas Licoreras (ACIL) en septiembre de 2024, durante su periodo como gerente.
Después pasó al Gobierno departamental, donde estuvo al frente de una secretaría encargada de asuntos de seguridad, orden público, convivencia, derechos humanos y articulación con las comunidades y los municipios. La propia Gobernación registra esas funciones dentro de las competencias de la Secretaría de Gobierno.
Su salida del gabinete, anunciada el 24 de agosto de 2026, no ocurrió en un vacío político. Su nombre comenzó a sonar para la Gobernación del Cauca en 2027, aunque hasta ahora no ha confirmado oficialmente una candidatura.
Es justamente ahí donde el expediente de la Licorera vuelve a adquirir relevancia.
¿Una posible candidata respaldada por el actual Gobierno?
En los círculos políticos del departamento también se ha planteado que Perafán podría contar con el respaldo del actual gobernador Jorge Octavio Guzmán. Sin embargo, esa afirmación requiere una precisión: hasta ahora no aparece una declaración pública del gobernador que permita presentar como hecho que ella sea oficialmente su candidata.
Lo que sí está documentado es su cercanía política y administrativa con el Gobierno departamental: Perafán fue una de las funcionarias más visibles del gabinete de Guzmán y permaneció durante más de un año al frente de la Secretaría de Gobierno. Su renuncia, además, coincidió con el momento en que comenzaron a moverse los nombres para 2027.
Por eso, la pregunta que empieza a recorrer el escenario político caucano es si Maribel Perafán será finalmente una de las cartas del actual sector de gobierno para disputar la Gobernación.
Y si esa posibilidad llegara a concretarse, el expediente de la Industria Licorera inevitablemente volvería al debate público.
No porque un proceso fiscal determine por sí mismo la viabilidad política de una persona, sino porque los electores tienen derecho a conocer el historial administrativo de quienes aspiren a gobernar el departamento y las decisiones que hayan adoptado o enfrentado durante su paso por el sector público.
La Asamblea del Cauca tampoco puede quedar al margen
Hay otro actor institucional que hasta ahora permanece en segundo plano: la Asamblea Departamental.
La corporación eligió a la actual contralora y tiene un papel relevante dentro de la arquitectura institucional del departamento. Por eso, si efectivamente se produjo el archivo de un proceso que meses atrás había generado medidas cautelares por más de $1.685 millones, resulta razonable preguntarse si los diputados conocen las razones de esa decisión y si consideran necesario solicitar una explicación pública sobre el trámite.
No se trata de pedirle a la Asamblea que anticipe una responsabilidad fiscal que corresponde determinar a los organismos competentes. Se trata de algo más básico: garantizar transparencia sobre una actuación de control que involucra recursos públicos y a una figura que hoy vuelve a ocupar un lugar central en la conversación política del departamento.
El silencio institucional, en este contexto, deja espacio para toda clase de interpretaciones.
Y precisamente por eso hacen falta documentos y respuestas.
Más que un escándalo, un expediente que exige claridad
El caso de Maribel Perafán tiene, hasta ahora, varios hechos que pueden ser documentados: hubo una operación de venta de licor que fue objeto de cuestionamientos; la Contraloría estableció un hallazgo con presunto alcance fiscal por $1.723 millones; posteriormente abrió un proceso de responsabilidad fiscal por una cuantía de $1.685 millones; en octubre de 2025 decretó medidas cautelares sobre un vehículo y un inmueble de Perafán; y posteriormente, según la información que ahora se conoce, el proceso habría sido archivado.
También existe una actuación de la Procuraduría relacionada con la presunta exportación de aguardiente, que en noviembre de 2025 figuraba como una indagación previa en curso.
Ninguno de esos hechos permite, por sí solo, afirmar que Maribel Perafán sea responsable de un detrimento fiscal. Tampoco permite afirmar que la actual Contraloría haya actuado por razones políticas.
Pero sí permiten formular preguntas legítimas.
La primera es qué ocurrió exactamente con el proceso PRF-10-25 y cuál fue la motivación jurídica de su eventual archivo.
La segunda es si las pruebas que dieron lugar a las medidas cautelares fueron desvirtuadas, modificadas o simplemente dejaron de ser suficientes para continuar con el proceso.
La tercera tiene un carácter institucional: ¿cómo garantiza la Contraloría Departamental del Cauca su independencia frente al Gobierno departamental cuando la persona investigada fue una de sus principales funcionarias y ahora aparece mencionada como posible aspirante a suceder al actual gobernador?
Y la cuarta corresponde al escenario político que apenas comienza a configurarse: ¿será Maribel Perafán una de las cartas del actual sector de Gobierno para la Gobernación del Cauca en 2027?
Por ahora, ninguna de esas preguntas tiene una respuesta definitiva en el debate público.
Pero hay algo que sí parece claro: el expediente de la Industria Licorera no desaparece simplemente porque pueda haber sido archivado. Si se archivó, la ciudadanía tiene derecho a conocer por qué. Si la decisión fue correcta jurídicamente, sus argumentos deberían resistir el escrutinio público. Y si existen recursos, recursos de reposición, apelaciones u otras actuaciones pendientes, también deben ser conocidas.
En política, los rumores pueden abrir una conversación. Son los documentos los que permiten cerrarla.
Y en este caso hay un documento que ahora adquiere especial importancia: el acto mediante el cual la Contraloría del Cauca habría decidido archivar el proceso que meses atrás había puesto bajo medida cautelar bienes de quien hoy aparece entre los nombres que comienzan a moverse alrededor de la Gobernación del Cauca.
Ese documento, más que cualquier calificativo, debería responder la pregunta que queda sobre la mesa:
¿Qué cambió entre el embargo y el archivo?