¡Qué descaro! En vez de acusarlo, Fiscalía sale en defensa de Álvaro Uribe Vélez

El próximo martes 9 de enero será un día clave para el proceso en contra del ex presidente Álvaro Uribe por soborno de testigos.

Ese día, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia definirá si llama a juicio o solicita nuevamente la preclusión del caso contra el líder derechista.

En tres ocasiones, los fiscales que han estado al mando de la investigación han buscado su preclusión, pero en todas las oportunidades, los jueces han negado la solicitud.

El proceso ha estado en manos de los fiscales Víctor Forero, Javier Cárdenas y Andrés Palencia.

Este último será el encargado de determinar sí el expresidente Uribe debe ser acusado y llamado a juicio, como lo sugirió el Tribunal Superior de Bogotá, o si seguirá el camino que tomó Javier Cárdenas, el colega que lo antecedió: solicitar el archivo del proceso y apelar si se niega.

Palencia llega al caso luego de que dos juezas y tres magistrados le dijeran a la Fiscalía que no existen méritos para cerrar de tajo el proceso penal por soborno a testigos y fraude procesal que tiene al exsenador Uribe haciendo gira por el país para explicar su versión.

En octubre del año pasado el Tribunal resolvió que existen “incertidumbres sustanciales” y “vacíos probatorios que hacen que el Tribunal no pueda llegar al nivel de conocimiento exigido para revocar la decisión de primera instancia”, con la que una jueza determinó que no existían elementos para acabar con la investigación.

Se trató de una decisión que llegó once años después del inicio del proceso en la Corte Suprema de Justicia, cuando Álvaro Uribe denunció al senador Iván Cepeda ante el alto tribunal por haber armado un supuesto entramado de testigos que señalaban al exmandatario de estar relacionado con el paramilitarismo, principalmente, con el bloque Metro de las Autodefensas.

En 2018, la Sala Especial de Instrucción se abstuvo de investigar a Cepeda, quien ha ostentado la calidad de víctima en todo el caso, y emprendió el proceso penal al que Uribe hoy sigue vinculado en calidad de imputado.

La Corte empezó a trabajar sobre la sospecha de que el ex  presidente, como determinador, envió a sus abogados a conseguir retractaciones a cambio de beneficios jurídicos.

El abogado principal detrás de los presuntos ofrecimientos es Diego Cadena, quien actualmente es procesado por el mismo caso. Cadena presionó a testigos como Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, de acuerdo con lo que ellos mismos declararon ante la Corte Suprema.

La defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, sostiene que esas actuaciones nada tuvieron que ver con el líder del Centro Democrático.

Ya en 2020, la Corte, con una decisión unánime de la Sala de Instrucción, consideró tener elementos suficientes para definir la situación jurídica de Uribe mediante una detención domiciliaria preventiva.

Uribe, a su turno, renunció al Congreso de la República, donde era senador, y empezó todo un laberinto jurídico desde que se definía a qué autoridad le correspondía el expediente.

Por último, la facultad de adelantar la acción penal recayó sobre la Fiscalía General de la Nación y se determinó que Uribe estaba desde que se surtió su indagatoria en el alto tribunal.

El primer fiscal, Gabriel Jaimes, solicitó precluir el caso, aun con las densas pruebas que tenía la corte Suprema, pero una jueza de Bogotá le dijo que no podía, pues debía recabar más a fondo sobre este hecho delictivo.

Jaimes dejó vencer su plazo para investigar y el caso pasó a manos del fiscal Javier Cárdenas, quien volvió a solicitar el cierre del caso, negado en primera instancia en mayo de este año y en segunda instancia a inicios de octubre del año pasado.

Ahora, la Fiscalía de Barbosa, representada por Andrés Palencia Fajardo, deberá decidir si solicitará una nueva preclusión, como ha pretendido hasta ahora, o si finalmente acusará al expresidente Álvaro Uribe Vélez, como Iván Cepeda y su abogado Reinaldo Villalba esperan.

Por lo pronto, la justicia ha determinado, en más de una ocasión, que se necesita una exhaustiva labor investigativa, pues hasta el momento, aunque Uribe se presume inocente, persisten suspicacias frente a que el soborno a testigos y el fraude procesal existieron.