¿Qué significa el Estado de Emergencia Económica y Social decretado por el Gobierno Petro?
Entre estas facultades está la posibilidad de crear nuevos tributos o modificar los existentes, así como realizar las operaciones presupuestales necesarias.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional, mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, con el objetivo de recaudar $16,3 billones y hacer frente al déficit fiscal generado tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso de la República.
La declaratoria, sustentada en el artículo 215 de la Constitución Política, le permite al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley durante un periodo de 30 días calendario, con el fin de conjurar la crisis económica y evitar la extensión de sus efectos.
Entre estas facultades está la posibilidad de crear nuevos tributos o modificar los existentes, así como realizar las operaciones presupuestales necesarias.
El decreto fue firmado por el presidente de la República y la totalidad de los ministros del gabinete.
En su artículo 2, se establece que el Gobierno podrá adoptar “todas las medidas que sean necesarias y estén destinadas exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos”.
Control político y revisión constitucional
El artículo 4 del Decreto 1390 señala que, una vez finalizado el Estado de Emergencia, el Gobierno nacional deberá convocar al Congreso de la República dentro de los diez días siguientes, con el fin de que se ejerza el control político sobre el uso de las facultades extraordinarias, tal como lo establecen la Constitución y la Ley 137 de 1994.
Además, el decreto declaratorio será revisado por la Corte Constitucional, que deberá evaluar su legalidad y constitucionalidad.
Los argumentos del Gobierno para decretar la emergencia
En los considerandos del decreto, el Gobierno expone una serie de razones que sustentan la declaratoria, entre ellas:
- Una situación grave e inminente que afecta la capacidad del Estado para garantizar el goce de algunos derechos fundamentales.
- Una coyuntura fiscal excepcional, agravada por hechos concurrentes con alto impacto social.
- Afectaciones extraordinarias a las finanzas públicas por múltiples factores sobrevinientes.
Entre las causas específicas mencionadas se encuentran:
- La obligatoriedad de cumplir un auto de la Corte Constitucional relacionado con la UPC del sistema de salud.
- La necesidad de garantizar la seguridad ciudadana, ante alteraciones del orden público y el aumento del riesgo por atentados contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos a las próximas elecciones.
- La no aprobación de dos proyectos de Ley de Financiamiento para las vigencias 2025 ($12 billones) y 2026 ($16,3 billones).
- Los desastres naturales ocasionados por la actual ola invernal.
- Sentencias judiciales pendientes de pago.
- Obligaciones legales atrasadas, como subsidios de servicios públicos y combustibles.
- El agotamiento de alternativas de endeudamiento, en el marco de la Regla Fiscal y por efectos de medidas unilaterales del Gobierno de Estados Unidos.
- Restricciones de liquidez en la Tesorería General de la Nación.
Lo que viene
La semana pasada, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, explicó que la emergencia responde a un cierre de año fiscal complejo, marcado por el bajo crecimiento de los ingresos tributarios, el hundimiento de la Ley de Financiamiento, la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales y una desfinanciación del Presupuesto General de la Nación de 2026 por $16,3 billones.
En los próximos días, el Gobierno del presidente Gustavo Petro anunciará las primeras medidas concretas que se adoptarán en el marco del Estado de Emergencia Económica y Social, a través de decretos reglamentarios.