¿Qué significa la nueva ley que promulgó Gustavo Petro en Popayán para las universidades públicas?

El presidente Gustavo Petro promulgó este martes la Ley 2568 de febrero de 2026, una reforma estructural a la Ley 30 de 1992 que modifica el modelo de financiación de la educación superior pública en el país.

Con esta nueva normativa, los recursos que reciben las universidades estatales ya no estarán atados únicamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), sino que crecerán con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), un indicador que reconoce los gastos reales del sector, como inversión en laboratorios, infraestructura, investigación y planta docente.

La reforma también contempla recursos adicionales para ampliar la cobertura, reducir brechas regionales, fortalecer la formalización laboral y mejorar la capacidad instalada de las instituciones públicas.

Durante el acto de promulgación, el mandatario aseguró que la educación superior es clave para la construcción de paz en el país. “La educación pública es el cemento de la paz y de la construcción de una nación poderosa”, afirmó.

Petro destacó que, desde el inicio de su Gobierno, 347.710 nuevos estudiantes han accedido a la educación superior pública gracias al aumento de la inversión. Según cifras oficiales, la cobertura pasó del 54,9 % en 2022 al 60 % en 2025.

Asimismo, el jefe de Estado pidió al ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, elevar la meta de nuevos cupos a 400.000 al finalizar el actual Gobierno y proyectar más de medio millón de nuevos estudiantes en el siguiente periodo del Plan de Desarrollo.

Por su parte, el ministro Rojas calificó la reforma como un cumplimiento al movimiento estudiantil y aseguró que el ajuste presupuestal supera ampliamente lo solicitado en movilizaciones anteriores. Explicó que el incremento aprobado equivale a un IPC más 30 puntos, una cifra que, según indicó, multiplica por cinco las propuestas que en su momento exigían los estudiantes.

El Gobierno sostiene que esta reforma marca un cambio estructural en la financiación de la educación superior pública y busca garantizar que más jóvenes puedan acceder a la universidad sin barreras económicas.