Radican proyecto para que justicia ordinaria se entienda con la justicia indígena
Esta iniciativa busca ofrecer herramientas jurídicas y culturales que faciliten la coordinación interjurisdiccional entre el sistema judicial ordinario y el indígena.
Por primera vez en Colombia un instrumento jurídico reconoce el debido proceso propio de los 115 sistemas de justicia indígena que existen en el país, valorando sus particularidades y derechos.
El proyecto de ley, radicado en el Congreso de la República, busca reforzar el derecho de los pueblos indígenas a gobernar y administrar sus territorios de manera autónoma, proporcionando un marco de coordinación que garantiza respaldo y seguridad jurídica.
Esta iniciativa, liderada por la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina, establece mecanismos de coordinación interjurisdiccional, tales como la mediación lingüística, la formación para autoridades judiciales y la capacitación para intérpretes en lenguas indígenas. Con estos elementos, se promueve una justicia más inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural.
“Este proyecto de ley es una deuda histórica que por fin estamos empezando a saldar. Los pueblos indígenas son una maravilla en términos de riqueza cultural y jurídica. Con este proyecto, reforzamos el reconocimiento de sus sistemas de justicia, respetando su autonomía y cosmovisión”, señaló la ministra Buitrago.
¿En qué beneficia el proyecto a ambas justicias?
El Proyecto de Ley 287 de Coordinación Interjurisdiccional se centra en la armonización entre la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) y el Sistema Judicial Nacional, lo que marca un hito en la reglamentación del artículo 246 de la Constitución Política de Colombia, el cual había quedado pendiente desde su promulgación hace 33 años.
La falta de coordinación entre ambos sistemas judiciales ha generado vacíos normativos y barreras de acceso para las comunidades indígenas, una situación que este proyecto pretende solucionar.
El proyecto también incluye salvaguardas fundamentales para los derechos de las mujeres, estableciendo compromisos de debida diligencia tanto para la Jurisdicción Especial Indígena como para la Justicia Ordinaria, con el objetivo de transformar prácticas que puedan vulnerar los derechos de las mujeres dentro de las comunidades.
“La justicia debe poder comunicarse efectivamente con los pueblos indígenas. Por eso, se han desarrollado herramientas de traducción que servirán como puente entre la jurisdicción indígena y el Sistema de Justicia Nacional”, indicó la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina.
Este proyecto es el resultado de un trabajo conjunto entre las entidades del sector justicia, la Rama Judicial y las organizaciones indígenas, coordinado dentro de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena (COCOIN).
Por su parte, Nelson Cucuñame, comisionado indígena de la COCOIN, enfatizó: “El acceso a la justicia para los pueblos indígenas no debe limitarse a delitos menores, sino también incluir asuntos transnacionales. Este avance es fundamental para dignificar y proteger los recursos universales, como el agua, el oxígeno y el territorio”.
En junio pasado, el proyecto fue protocolizado durante la Mesa Permanente de Concertación Indígena en Bogotá, marcando un hito en la construcción de un marco legal que respeta la libre autodeterminación de los pueblos indígenas.
Con esta propuesta, se busca asegurar que los pueblos indígenas puedan acceder a la justicia de manera integral, respetando su identidad cultural y promoviendo una convivencia armoniosa entre los diferentes sistemas jurídicos que coexisten en el país.