Recuperar lo que es nuestro: Popayán debe arrebatar los servicios públicos a los privados
Los servicios públicos como el agua, energía, aseo, alumbrado no son un lujo ni un negocio para terceros; son un derecho básico y un instrumento de desarrollo.
Durante más de dos décadas, los alcaldes de Popayán, respaldados por mayorías dóciles en el Concejo Municipal, entregaron la gestión de nuestros servicios públicos a concesiones, empresas mixtas y contratos de operación que hoy pesan sobre la ciudad como una hipoteca interminable.
Peor aún, la ciudadanía, en su legítimo derecho a elegir y ser elegida, ha terminado reeligiendo a concejales que participaron en el origen de esta pérdida sistemática, como sucedió con la privatización de la recolección de basuras durante la administración de Ramiro Navia. Aquel “payanés por adopción”, nacido en Mercaderes, obtuvo el voto de confianza popular; sin embargo, sus decisiones aún nos pasan factura. Ha llegado la hora de romper este círculo vicioso y recuperar el control público. El ejemplo de Empresas Públicas de Medellín (EPM), cuyas cifras demuestran que lo público puede ser rentable y socialmente transformador, confirma que sí es posible.
En 2024 EPM reportó utilidades netas por $4,82 billones, el mejor resultado de su historia y transfirió $2,64 billones al presupuesto de Medellín, el 55 % de esas ganancias, equivalentes a una quinta parte de los ingresos corrientes del distrito. Este flujo permanente financia escuelas, centros de salud, vías y programas sociales sin necesidad de endeudar la ciudad ni subir impuestos.
A la bonanza financiera se suma la calidad del servicio: 98,18 % de cobertura en acueducto en el Valle de Aburrá y Rionegro y 99,7 % de continuidad incluso en los picos del fenómeno de El Niño. Los ingresos consolidados del Grupo EPM alcanzaron $41,5 billones el año pasado, con inversiones superiores a $3,3 billones en infraestructura que generan empleo local y aseguran la sostenibilidad del sistema.
En otras palabras, un modelo 100 % público puede ser rentable, eficiente y socialmente transformador cuando existe buena gestión, vigilancia y un marco legal que blinda el patrimonio ciudadano.
El contraste payanés y caucano: tarifas altas, nula rendición de cuentas
Popayán carga con la cara opuesta del éxito público. La recolección de basuras descansa en manos de una multinacional denunciada por inflar subsidios; las fotomultas funcionan con contratos opacos que entregan hasta el 60 % de cada comparendo al operador; y el alumbrado público fue “capitalizado” en una empresa mixta sin un solo estudio de conveniencia, jugada hábil y nada inocente del entonces alcalde Juan Carlos López Castrillón. Para colmo, la distribución de energía en todo el Cauca quedó amarrada a un contrato de 25 años con un privado que acumula reclamos por cortes frecuentes y sobrecostos. El resultado es invariable: tarifas que se disparan, servicios que no mejoran y utilidades que jamás regresan al erario. Esa es la radiografía de hoy.
La obligación constitucional de los gobernantes
El artículo 365 de la Constitución es claro: los servicios públicos “están sometidos al régimen jurídico que fije la ley” y su prestación es responsabilidad indelegable del Estado, así se contrate a terceros. El alcalde de turno y el Concejo no pueden escudarse en contratos heredados; tienen la facultad y el deber de revisar, renegociar o revertir concesiones cuando exista incumplimiento grave o afectación del interés general. Lo contrario es simple omisión administrativa.
El rol del Concejo de Popayán: de notario a contralor ciudadano
El actual Concejo debe dejar de ser notaría de facultades extraordinarias y asumir su papel de contralor político:
- Auditoría integral de todas las concesiones vigentes: costos, tarifas, cumplimiento de metas y flujo de caja.
- Cláusulas de reversión: exigir planes de contingencia para el retorno al control público cuando se demuestre incumplimiento o abuso tarifario.
- Creación de Empresas Públicas de Popayán (EPP), con una gobernanza blindada contra cuotas políticas y un sistema de veeduría ciudadana obligatoria.
- Reformas tarifarias que prioricen el principio de solidaridad: subsidios reales a los estratos 1-3 financiados con eficiencia operativa, no con sobrecargos opacos.
La ciudadanía: última línea de defensa
Nada cambiará si la gente no se apropia del debate. Existen herramientas de participación cabildos abiertos, ya anunciado por el actual concejo actual de Popayán, veedurías, iniciativas normativas, que permiten exigir transparencia. El usuario es accionista de los servicios públicos porque su factura sostiene el sistema. Es momento de que los payaneses pregunten, revisen contratos, pidan estados financieros y acompañen al Concejo en cada votación clave.
Popayán está frente a una bifurcación histórica: seguir entregando cheques en blanco a privados o recuperar la palanca de desarrollo que representan los servicios públicos. EPM prueba que una empresa estatal bien administrada puede producir utilidades récord, subsidiar a los más pobres y financiar el progreso urbano. Lo que falta no es dinero ni legislación; falta voluntad política y presión ciudadana.
Alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo, quienes lo conocemos sabemos que usted es un hombre decente, demuéstrelo a los payaneses. Concejo Municipal y ciudadanía payanesa: el balón está en su cancha. Cada día de silencio perpetúa tarifas injustas y fugas millonarias de recursos. Recuperar lo público no es un sueño romántico; es un mandato legal, un imperativo moral y, como prueban las cifras de Medellín, una oportunidad económica gigantesca. Gobernar la pobreza no saca a nadie adelante; administrar la riqueza colectiva, sí.