Red de invasores o tierreros habría tomado más de 700 hectáreas de terrenos del Ejército en Tolima y Cundinamarca

Una presunta estructura dedicada a la apropiación ilegal de tierras habría ocupado, durante varios años, más de 700 hectáreas de predios pertenecientes a la Nación en los municipios de Melgar, en Tolima, y Nilo, en Cundinamarca.

La denuncia fue revelada por Noticias Caracol y otros medios de comunicación en una investigación difundida este lunes festivo 18 de mayo, en la que además se advierte que los terrenos comprometidos corresponden a bienes fiscales que permanecían bajo administración del Ejército Nacional.

Según el informe periodístico, detrás del millonario despojo existiría una red de personas con supuestos vínculos en entidades estatales, oficinas de registro y otras dependencias públicas, que habrían facilitado la ocupación irregular de los predios durante décadas sin una respuesta contundente por parte de las autoridades.

En las extensas áreas afectadas actualmente funcionan proyectos urbanísticos de lujo, viviendas campestres, condominios y propiedades de alto costo edificadas sobre terrenos que legalmente pertenecerían al Estado colombiano.

La investigación interna del Ministerio de Defensa, conocida por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, señala que las maniobras para comercializar y ocupar estos lotes se habrían ejecutado de forma organizada y planificada, con la participación de presuntos tierreros, exfuncionarios públicos, miembros retirados de las Fuerzas Militares y trabajadores vinculados a las alcaldías de Melgar y Nilo.

De acuerdo con las indagaciones, existirían alrededor de 14.000 registros catastrales asociados a ciudadanos y empresas que afirman poseer derechos sobre terrenos que en realidad serían propiedad de la Nación. Para el Ministerio de Defensa, la ausencia de acciones jurídicas oportunas podría terminar favoreciendo la pérdida definitiva de buena parte de estos predios estratégicos.

Uno de los funcionarios que ha liderado la recopilación de pruebas es Jorge Iván Reyes Barrera, abogado adscrito a la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa. Noticias Caracol lo acompañó hasta el predio Sumapaz, ubicado en Nilo, un terreno perteneciente al Ejército que durante años fue comercializado ilegalmente por supuestos vendedores de lotes. Aunque recientemente el Estado logró recuperarlo, el lugar permanece abandonado y cubierto por vegetación.

“Los tierreros llegaban, ofrecían los lotes, parcelaban y engañaban a familias enteras”, explicó Reyes, quien indicó que en repetidas ocasiones las autoridades debieron desalojar a personas que adquirieron de buena fe terrenos que eran propiedad estatal.

La situación, según las investigaciones, no sería un hecho aislado. Varios predios militares localizados en cercanías de Tolemaida presentan actualmente conflictos por ocupación irregular o disputas sobre su propiedad.

Entre los terrenos comprometidos figuran áreas cercanas al Centro Nacional de Entrenamiento, la Escuela de Lanceros, la Escuela de Paracaidismo y otras instalaciones militares consideradas estratégicas para la seguridad nacional.

En esas tierras —destinadas a preparar a las tropas encargadas de combatir las amenazas del país— hoy existen asentamientos humanos, loteos ilegales, explotaciones agrícolas y lujosas propiedades privadas. Para Reyes, el problema no solo responde a invasiones, sino también a años de abandono institucional.

“La corrupción aquí no se mide únicamente por lo que se hizo, sino por lo que se dejó de hacer”, sostiene.

Según explica, durante años no hubo vigilancia efectiva sobre los predios, ni acciones jurídicas contundentes para frenar las ocupaciones o responder las demandas interpuestas por particulares.

La investigación también apunta a posibles filtraciones de información privilegiada desde el propio sector Defensa.

Algunos de los ocupantes y beneficiarios de los terrenos serían exmilitares, antiguos funcionarios públicos y personas vinculadas históricamente a la administración local.

Imágenes satelitales y planos oficiales analizados por el Ministerio muestran cómo predios estratégicos, como la finca Berlín, habrían perdido decenas de hectáreas con el paso de los años.

Unidad militar de Tolemaida no se escapa de los tierreros

De acuerdo con Reyes, esas tierras fueron cercadas, explotadas y comercializadas progresivamente hasta quedar convertidas en negocios privados altamente rentables.

Noticias Caracol recorrió varias de las fincas señaladas en el informe —entre ellas Berlín, La Cajita, San José, La Calera y Resaca— adquiridas por el Estado en 1954 durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla.

Incluso dentro del área de influencia del fuerte de Tolemaida, cerca de la pista aérea militar, se constató la existencia de asentamientos y lotes en proceso de comercialización. La situación ha generado serias preocupaciones de seguridad.

Aunque el acceso principal al fuerte militar cuenta con estrictos controles, existen otros ingresos sin vigilancia que conectan con veredas donde viven cientos de personas dentro o en inmediaciones de los terrenos militares.