Registrador Penagos se pronuncia sobre consulta popular: "Está en juego la democracia"

El registrador nacional, Hernán Penagos, anunció que la Registraduría no convocará la consulta popular propuesta por el Gobierno para el 7 de agosto de 2025, hasta que las altas cortes se pronuncien al respecto.

Durante una declaración oficial, Penagos enfatizó que la Registraduría Nacional del Estado Civil es un órgano autónomo e independiente, y como tal, no está sujeta a órdenes del Ejecutivo ni del Legislativo.

"Debe quedar claro que ni el registrador nacional ni la Registraduría Nacional tienen superior funcional en la Constitución Política", afirmó.

Según el funcionario, la solicitud del Gobierno ha generado una controversia jurídica entre dos ramas del poder público, por lo que corresponde a las altas cortes definir el rumbo del proceso.

"No solo está en juego la convocatoria a una consulta popular; está en juego el orden constitucional del país, el principio democrático, está en juego la democracia", advirtió.

Acciones de la Registraduría

Penagos también anunció una serie de pasos institucionales que tomará la entidad:

1. Solicitar concepto ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
2. Remitir copia de la solicitud ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
3. Enviar copia a la Procuraduría General de la Nación.
4. Pedir a las altas cortes un pronunciamiento ágil y oportuno sobre las demandas interpuestas.

Además, explicó que si la consulta llega a ser aprobada, la Registraduría necesitaría construir un presupuesto cercano a 750 mil millones de pesos.

"Es una inversión muy alta, que en el momento en que se comprometa, debemos tener la suficiente claridad de que se puede llevar a cabo. Es ahí donde las cortes deberán tomar la decisión adecuada", puntualizó.

Tiempos insuficientes y riesgos institucionales

Penagos advirtió que no hay tiempo material para convocar una consulta en tan solo 53 días, como plantea el Gobierno. Según explicó, la Constitución y la ley exigen un mínimo de tres meses para la planificación y logística de una jornada electoral de esta magnitud.

Finalmente, el registrador hizo un llamado a la prudencia y destacó los riesgos de apresurar una decisión:

1. Posible detrimento patrimonial al invertir 750 mil millones sin garantías jurídicas.
2. Riesgo de ruptura del orden institucional en Colombia.
3. Inseguridad jurídica ante el enfrentamiento entre ramas del poder público.

"Es deber de los servidores públicos respetar el principio de la separación de poderes. Lo prudente es esperar una decisión de las altas cortes. Los jueces deben ser quienes en últimas le digan a la Registraduría si se avanza o no con la consulta popular y le den luz constitucional al país", concluyó.