Un nuevo debate político y de control político se encendió en el Concejo Municipal de Popayán tras las advertencias hechas por el concejal Lucio Armando Jurado Ahumada sobre la intención de la administración del alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo de estructurar la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) bajo la figura de una empresa de economía mixta. Según las denuncias presentadas en el recinto corporativo, esta figura abriría la puerta a la privatización del servicio al entregarle el control a un socio privado cuya inversión resultaría desproporcionada e ínfima frente al millonario flujo de recursos públicos que demanda el programa.

El corporado cuestionó fuertemente el esquema presentado por la administración municipal, señalando que la creación de un ente mixto no garantiza mejor calidad ni mayor rigor técnico en la atención a miles de niños y niñas de los colegios oficiales de la ciudad, en comparación con una licitación pública tradicional regulada bajo el marco de la Ley 80 de 1993.

Antecedentes y Análisis de Datos: El fantasma de las privatizaciones en Popayán

La controversia generada en torno al PAE no es un hecho aislado en Popayán. La alerta elevada en el Concejo evoca una constante histórica en la gestión pública local, donde decisiones de administraciones pasadas han derivado en la entrega de servicios esenciales y fuentes de recaudación a esquemas privados y de concesión, impactando el desarrollo institucional del municipio frente a otras capitales del país:

• Recolección de basuras: Concesionado durante el mandato del exalcalde Ramiro Antonio Navia Díaz, un modelo que hasta la fecha genera continuas discusiones sobre tarifas.
  
• Alumbrado público: Servicio que no fue retornado al control 100% público durante la alcaldía de Francisco Fuentes Meneses, y que posteriormente, bajo la administración de Juan Carlos López Castrillón, se entregó a un socio privado.
  
• Tránsito y fotomultas: Privatizados durante la gestión de César Christian Gómez Castro, entregando a operadores particulares la gestión del recaudo por infracciones, uno de los rubros con mayores utilidades financieras del sector.
  

Frente a estas experiencias previas, diversos sectores del cabildo argumentan que avanzar hacia una empresa mixta en el PAE repetiría un patrón donde los riesgos financieros los asume el municipio con dinero público, mientras la rentabilidad o el control administrativo quedan en manos de un privado.

Profundización: $17.000 millones públicos frente a $300 millones privados

Durante su intervención en la sesión del Concejo, el concejal Lucio Jurado expuso en detalle el desbalance financiero de la iniciativa propuesta, recalcando que el volumen principal de fondos proviene del presupuesto municipal y nacional, y no del eventual inversionista particular.

"No es una empresa pública, es una empresa mixta, porque va a tener un aporte privado y un aporte público... El aporte que va a tener esta empresa es mínimo, de $300 millones, para un proceso que por recursos propios puede tener $4.000 millones y $12.000 millones de la Nación, o sea más de $17.000 millones de operación en PAE que se le estaría entregando a esta empresa".

El corporado enfatizó los puntos críticos de la discusión:

• Marco legal y control: La Ley 80 de 1993 y la licitación pública obligan a procesos de selección objetiva, publicidad y pliegos de condiciones detallados que permiten imponer multas y sanciones directas ante el incumplimiento de un contratista.
  
• Paralelo departamental: Mientras la Gobernación del Cauca atiende a 42 municipios dividiendo el territorio en cuatro zonas bajo contratación pública transparente, en Popayán se pretende crear una estructura institucional pesada e innecesaria para un solo municipio.
  
• Vacíos en la planificación: Jurado señaló que la exposición oficial se centró en criticar las fallas de operadores pasados, en lugar de sustentar las ventajas técnicas reales que aportaría la empresa mixta o justificar por qué la administración no utiliza herramientas como las vigencias futuras para adjudicar el PAE a tiempo antes del inicio del calendario escolar.
  

Actualmente, la política pública del PAE, regulada a nivel nacional por la Unidad Administrativa Especial "Alimentos para Aprender" (UAPA), contempla modalidades como la Ración Preparada en Sitio (RPS), Ración Industrializada (RI) y Ración para Preparar en Casa (RPC), financiadas mediante el Sistema General de Participaciones (SGP), Regalías (SGR) y recursos propios, esquema que demanda la máxima vigilancia para no poner en riesgo la nutrición escolar.

El Programa de Alimentación Escolar no es una simple licitación de suministros; es la principal herramienta para frenar la deserción escolar y garantizar la permanencia de miles de estudiantes vulnerables en Popayán. Cuando el servicio se delega a esquemas que priorizan el margen de ganancia privada o carecen de controles estrictos, los platos vacíos o los alimentos en mal estado terminan pagándolos las familias de menores ingresos. Para el ciudadano de a pie, permitir la entrega de $17.000 millones de fondos públicos a una figura opaca compromete la calidad nutricional en los comedores escolares y perpetúa el rezago institucional de la ciudad en comparación con otras capitales del occidente colombiano.

Editorial: La paradoja del poder público: cuando gobernar Popayán se convierte en el arte de privatizarla

Bajo el discurso de la "independencia" y la promesa de recuperar la ciudad, la administración actual pretende entregar la alimentación de los niños a una empresa mixta, perpetuando un modelo histórico de concesiones que ha empobrecido lo público.

Existe una contradicción ética y política profunda en la gestión pública: hacerse elegir con el mandato de administrar los bienes colectivos para, una vez en el poder, entregarlos a manos privadas. En Popayán, esta práctica no es nueva, pero adquiere hoy un cariz especialmente grave. Tras convencer al electorado con un discurso de independencia y la promesa de "recuperar" la capital caucana, la administración de Juan Carlos Muñoz Bravo plantea otorgar la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) a una empresa mixta.

Gobernar exige capacidad técnica, rigor en la contratación y defensa de los recursos públicos. Recurrir a la creación de empresas mixtas con aportes privados mínimos no representa una innovación en la gestión; por el contrario, refleja una renuncia a la función pública de administrar con eficiencia.

"Quien se hace elegir prometiendo recuperar a Popayán no puede pretender gobernar entregando los recursos del municipio a pedazos. La alimentación de nuestros niños no es una mercancía ni un vehículo para el lucro privado".

• Inconsistencia argumentativa: Pretender justificar un esquema mixto sobre las fallas de contratistas anteriores carece de sustento técnico. La Ley 80 de 1993 otorga a la administración todas las herramientas legales, pliegos de condiciones y mecanismos de sanción para exigir cumplimiento sin necesidad de ceder la propiedad ni el control del programa.
• El papel del Concejo Municipal: La responsabilidad de este proceso no recae de forma exclusiva en el Ejecutivo. Los actuales concejales de Popayán se encuentran ante una prueba determinante: decidir si le otorgan facultades al Alcalde para avanzar en este modelo o si asumen la defensa de los intereses colectivos, evitando repetir las decisiones de cabildos pasados que respaldaron la privatización de otros servicios públicos.

El debate continuará en las comisiones del Concejo Municipal de Popayán, donde la Secretaría de Educación y el equipo jurídico de la Alcaldía de Juan Carlos Muñoz Bravo deberán responder a los cuestionamientos formulados por los concejales. Los entes de control, entre ellos la Personería Municipal y la Contraloría, deberán hacer el seguimiento respectivo a los pliegos y borradores del proyecto antes de que se adopte una decisión definitiva sobre la modificación del modelo de operación del PAE en la ciudad.

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