S.O.S. Matadero de Popayán: cambio sin licitación ni experiencia genera alarma

Un cambio sin garantías: 22 años de experiencia desechados

El matadero municipal de Popayán dejará de ser operado por la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca (SAG), entidad que por 22 años ha garantizado el funcionamiento de esta planta de beneficio, para pasar a manos de una empresa privada vallecaucana sin experiencia demostrada en el sector: Alvesa SAS. Presuntamente, este traspaso ha sido promovido desde la Secretaría General del Municipio, en un proceso que ha levantado serias dudas por la falta de transparencia, el desconocimiento a la institucionalidad y la forma poco ética con la que se ha venido desarrollando.

Irregularidades acumuladas y terreno abonado a una empresa externa

La historia de este proceso no es reciente. Aunque el convenio con SAG finalizó en mayo de 2024, la administración prorrogó su vigencia primero de manera mensual, y después hasta el 31 de julio de este año, mientras al parecer, “se abonaba el terreno” para la entrega directa del convenio a Alvesa SAS. Varios testimonios de trabajadores y proveedores denuncian que desde la Secretaría General se han emitido declaraciones que deslegitiman el trabajo de la SAG, preparando el camino para desdibujar su labor y justificar el cambio de operador sin mayor sustento técnico ni legal.

Una decisión jurídicamente cuestionable y abiertamente inconveniente

Lo más alarmante de este proceso es que, ante decisiones jurídicas equivocadas y con el aparente afán de asignar como sea este contrato a Alvesa SAS, se termina optando por una figura contractual que no se ajusta a la naturaleza del servicio público en juego: un contrato de arrendamiento por cinco meses, con un valor mensual de diez millones de pesos. Una figura jurídica completamente ajena y descontextualizada para este tipo de operación, utilizada para facilitar —sin licitación ni filtros— la entrada de una empresa que no cuenta con experiencia alguna en la administración de plantas de beneficio animal.
Esta tipología contractual representa no solo una aberración jurídica, sino una peligrosa improvisación institucional que compromete el servicio, el empleo y la seguridad alimentaria de la ciudad.

¿Por qué una empresa sin experiencia?

Uno de los aspectos más preocupantes es que la empresa asignada no tiene trayectoria alguna en el manejo de mataderos ni protocolos operativos ni personal calificado. ¿Qué podemos esperar entonces? ¿El caos administrativo? ¿Fallas sanitarias? ¿El quiebre del sistema de abastecimiento? ¿El desempleo masivo para decenas de trabajadores? La improvisación parece haberse instalado en la administración municipal, y como siempre, los costos los pagará la ciudadanía.

¿Por qué lidera este proceso la Secretaría General y no la de Hacienda?

No solo preocupa la empresa elegida, sino también el procedimiento. El ente responsable de supervisar este tipo de procesos debería ser la Secretaría de Hacienda, no la Secretaría General. Entonces, ¿por qué esta última asume funciones que no le corresponden? ¿Por qué hace visitas, emite comentarios destructivos contra la SAG y se posiciona como ejecutora del proceso? ¿Estamos frente a una concentración de poder indebida o a un reordenamiento institucional deliberado para acomodar intereses particulares?

Familias en riesgo, empleo amenazado

Decenas de familias en Popayán viven de forma directa o indirecta de las labores en la planta de beneficio. ¿Qué va a pasar con sus empleos? ¿Quién responde por su sustento? Mientras la ciudad clama por estrategias reales para la generación de empleo, ¿se entrega este servicio a una firma externa que, como es costumbre, llega con su propio personal? ¿Cuál es entonces el compromiso real con la gente de Popayán?

Lo público no es un botín

Las decisiones públicas deben tomarse con ética, transparencia y participación. Aquí no ha habido ni licitación, ni socialización, ni consulta con los sectores implicados. Solo una entrega a dedo que despierta más preguntas que respuestas. ¿Por qué una empresa del Valle? ¿A quién responde realmente esta decisión? ¿Qué gana Popayán con esta operación? ¿Qué vínculos existen entre los funcionarios que lideran el proceso y la empresa beneficiaria?

¿Quién está asesorando estas decisiones?

Este episodio debe encender todas las alertas. ¿Quién está orientando al alcalde y a su gabinete para que se entreguen contratos bajo tipologías erradas, a empresas sin experiencia, ni respaldo técnico ni visión de ciudad? ¿Con qué criterio se toman estas decisiones? ¿Se está gobernando Popayán desde la planeación y el interés público, o desde los favores, el afán y el cálculo político?

Popayán no puede seguir permitiendo que lo público se negocie en lo oscuro, con empresas sin trayectoria, sin controles, y sin ningún respeto por quienes por décadas han sostenido con esfuerzo el funcionamiento de un servicio esencial.
La ciudadanía exige respuestas. El Concejo debe ejercer control. Y la administración debe recordar que lo público no se improvisa ni se reparte como una herencia. Popayán merece claridad, legalidad y respeto.