San José de Popayán: La negligencia histórica que vació las arcas públicas y el imperativo de justicia
Durante décadas, el Hospital Universitario San José de Popayán operó bajo una lógica de desidia administrativa que raya en lo criminal
Contratos con los regímenes subsidiado, contributivo y especial con tarifas congeladas en el tiempo, precios irrisorios por procedimientos vitales y medicamentos, y una ausencia de controles que permitió un detrimento patrimonial masivo. Hoy, gracias a la gestión de los actuales directivos, salen a la luz cifras escandalosas: Cirugías que deberían cobrarse en 98 millones de pesos se estaban facturando en 10 millones, lo que equivale a una pérdida del 90% de su valor real. Medicamentos básicos como el acetaminofén eran adquiridos por el hospital a 2.500 pesos, pero se cobraban a 1.000 pesos, una operación que condenó al hospital a la iliquidez.. La pregunta es inevitable: ¿Dónde estaban las entidades de control?
El detrimento patrimonial no es un error contable: es el menoscabo del patrimonio público por acción u omisión. En este caso, la falta de actualización de tarifas un deber básico de cualquier entidad generó pérdidas millonarias, recursos que pudieron salvar vidas, mejorar infraestructuras o contratar personal.
¿Dónde estaban las entidades de control?
La Contraloría General de la República, la Procuraduría y la Superintendencia Nacional de Salud tienen una deuda histórica aquí. Su falta de supervisión permitió que un hospital público operara por años con tarifas obsoletas, sin auditorías que detectaran irregularidades. No basta con aplaudir la actualización de 1.000 códigos; hay que exigir:
- Investigaciones inmediatas: Identificar responsables políticos y administrativos de las últimas décadas.
- Sanciones ejemplares: Recuperar lo perdido viejos directivos y sancionar a quienes omitieron su deber.
- Auditorías permanentes: Implementar sistemas de actualización automática de tarifas y transparencia en contratos.
El caso del San José de Popayán no es aislado: es síntoma de un sistema de salud fracturado y una cultura de negligencia en lo público. Las entidades de control deben dejar de ser espectadoras y convertirse en garantes. La actual gestión hospitalaria demostró que, con voluntad, se puede corregir el rumbo. Pero sin justicia y reformas estructurales, esto será un parche en una herida que sigue sangrando.
La ciudadanía exige cuentas. El patrimonio público no puede seguir siendo un botín de unos pocos.