Sanción al Alcalde de Popayán y a la Secretaria de Tránsito entra en etapa decisiva: Tribunal cita a audiencia pública y decreta pruebas técnicas

El Tribunal Administrativo del Cauca citó a audiencia pública para el próximo 17 de septiembre de 2026 al Alcalde de Popayán y a la Secretaria de Tránsito y Transporte, dentro del trámite de apelación de la sanción por desacato impuesta en junio pasado. La decisión, adoptada por el magistrado ponente David Fernando Ramírez Fajardo mediante el Auto Interlocutorio N° 303 del 25 de agosto de 2026, dispone además una batería de pruebas técnicas ante las dudas expuestas por el demandante José Luis Diago Franco sobre el cumplimiento real de la Sentencia 069 de 2025.

El litigio judicial se remonta al proceso de cumplimiento promovido contra el Municipio de Popayán. El pasado 12 de junio de 2026, el Juzgado Octavo Administrativo de Popayán sancionó mediante el Auto Interlocutorio N° 611 al mandatario municipal y a la titular del despacho de Tránsito por el presunto incumplimiento en la aplicación de las prescripciones del tránsito.

El debate por los 19.467 registros procesados

La Secretaría de Tránsito y Transporte elevó una solicitud ante el Tribunal para realizar un espacio de seguimiento y sustentar que ha avanzado en el acatamiento del fallo. Según la dependencia, la expedición de las resoluciones 20261500064484 del 10 de abril de 2026 y 20261500106194 del 2 de junio de 2026 permitió procesar 19.467 registros de las vigencias 2021 y 2022 en la plataforma del Sistema Integrado de Multas y Sanciones de Tránsito (SIMIT).
Por su parte, el demandante José Luis Diago Franco solicitó rechazar la solicitud de audiencia argumentando que el cumplimiento no debe sustentarse de forma oral, sino con trazabilidad electrónica verificable. Diago aportó resoluciones individuales para evidenciar posibles contradicciones entre las certificaciones expedidas por la Alcaldía y el reporte activo en el SIMIT, solicitando compulsar copias penales, disciplinarias y fiscales contra la funcionaria.

Pruebas requeridas a SIMIT, EMTEL y Tránsito

Ante los vacíos de información, el Tribunal fijó un plazo improrrogable de diez (10) días hábiles para el recaudo de material probatorio clave:

• Certificación a la Dirección Nacional del SIMIT: La Federación Colombiana de Municipios deberá detallar la fecha, hora, medio de envío, número de registros recibidos y las novedades aceptadas o rechazadas de las resoluciones de prescripción.
  
• Historial de comparendos específicos: Remisión del estado detallado del comparendo N° D19001000000033500226 y las multas N° 21656, 21657 y 18898 para comprobar su inactivación o estado de cobro.
  
• Auditoría de bases de datos a EMTEL S.A. E.S.P. y Tránsito: Aporte de los archivos originales, listados preliminares y finales, e identificación de variaciones para conciliar registro por registro la obligación inicial contra el sistema SIMIT.
  
• Soportes de vigencias 2002-2020: Entrega del listado definitivo y constancias de tramitación de los periodos pendientes de consolidación.
  

Este proceso judicial impacta directamente en la ciudadanía de Popayán. Las demoras o descargas inconsistentes de comparendos prescritos en las plataformas del SIMIT impiden a los conductores realizar traspasos de vehículos, renovar licencias de conducción o refrendar trámites de tránsito. La verificación rigurosa ordenada por el Tribunal busca garantizar que la depuración del sistema sea real y no solo formal, protegiendo a los usuarios de cobros extemporáneos o bloqueos administrativos indebidos.

La audiencia pública presencial se llevará a cabo el 17 de septiembre de 2026 a partir de las 9:00 a.m. en la sala de audiencias del Edificio Canencio (Carrera 4 N° 2-18, tercer piso, Popayán).
Durante la diligencia, el equipo técnico de Tránsito deberá demostrar la consistencia de las prescripciones, no descartándose una inspección judicial in situ en la sede de la dependencia en caso de presentarse restricciones de seguridad informática. El Tribunal definirá la compulsa de copias a los organismos de control una vez se evalúe el paquete probatorio y se resuelva de fondo la apelación de la sanción.

Editorial: La responsabilidad política tras el enredo en Tránsito

La elección de la imagen de la hoy exsecretaria de Tránsito de Popayán, Lizeth Vanessa Plazas Quibano, para acompañar este informe responde a una razón de fondo: su gestión destacó por la habilidad para hacerle el quite al cumplimiento oportuno de la ley y de los mandatos judiciales acumulados en beneficio de una empresa privada que llena los bolsillos de dinero con el trabajo de los payaneses.

Plazas Quibano no ejerció el cargo de manera aislada; formó parte activa de la administración que encabeza, mas no lidera, el alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo. Un mandatario que en campaña se presentó como una figura independiente respaldada por firmas ciudadanas, pero que terminó cooptado por sectores políticos tradicionales que históricamente han afectado los intereses de Popayán.

En el caso de la Secretaría de Tránsito, la cuota respondió a alianzas con el Pacto Histórico y, de forma directa, al representante a la Cámara por el Cauca, Jorge Bastidas.

Ese vínculo político quedó expuesto en el espacio público cuando un ciudadano encaró en la calle al congresista Bastidas, cuestionándolo abiertamente por las maniobras e irregularidades en el manejo de la Secretaría de Tránsito. La respuesta del representante, registrada en un video que todavía circula en redes sociales, buscó cortar de raíz cualquier señalamiento:

"Hace varios meses nosotros no tenemos responsabilidad."

Esta postura de desligarse a conveniencia plantea un debate urgente sobre la responsabilidad política. Las administraciones y sus padrinos congresionales no pueden asumir la distribución de cargos y burocracia sin hacerse cargo de las omisiones, desacatos o cuestionamientos éticos que se derivan de esas designaciones.

A las puertas de un nuevo ciclo electoral regional, la ciudadanía de Popayán y el Cauca debe analizar con rigor el comportamiento de los partidos políticos y sus líderes. La rendición de cuentas no se liquida con lavados de manos ni con la salida silenciosa de una funcionaria, sino con la evaluación estricta en las urnas sobre cómo administraron el poder que se les confió.

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