Santa Marta, Colombia, comienza a respirar tras tres días de confinamiento por paro armado

Este jueves 24 de septiembre, Santa Marta empezó a recuperar poco a poco su ritmo habitual, luego de permanecer tres días paralizada por el paro armado impuesto por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, grupo que anunció el levantamiento de las restricciones a partir de este viernes.

En el centro de la ciudad, varios comercios abrieron con cautela, entreabriendo sus puertas y observando de reojo las esquinas. Algunos locales optaron por atender desde las ventanas, sin permitir el ingreso de clientes. El transporte público, por su parte, volvió a circular con cierta regularidad. «Esto es como estar en casa por cárcel», comentó un mesero de un conocido restaurante que, por ahora, recibe a sus comensales con prudencia.

Esa apertura parcial representa un alivio considerable en el centro, sobre todo si se compara con la tensión que se respira en el barrio Once de Noviembre, ubicado al nororiente de la urbe. Allí, en una de las zonas comerciales populares de esta ciudad de aproximadamente 600.000 habitantes, todo permanecía cerrado este jueves. Sus residentes reconocen sentir temor, pero no únicamente por las amenazas de las ACSN que originaron el paro, sino porque consideran que Abelardo de la Espriella los estigmatizó la noche del martes, cuando el presidente sostuvo que ese sector era «algo así como el centro de operaciones» del grupo paramilitar. Ese señalamiento ha pesado sobre la comunidad más que la propia intimidación de los ilegales.

El paro armado se inició el lunes 21 de septiembre, tras la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias el Cholo, señalado como el segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidas como Los Pachenca. De acuerdo con las autoridades, fue una de las siete personas abatidas en un operativo de la Policía Antinarcóticos, en el que además se capturaron tres más, en la zona rural y montañosa del distrito.

Ese mismo día iniciaron los bloqueos, en represalia por el operativo. Frente al Once de Noviembre, los criminales incineraron dos buses del servicio público y una tractomula a plena luz del día, para dejar claro que sus amenazas eran reales. Uno de esos vehículos permanece abandonado al borde de la vía, a la vista de todos, como una advertencia permanente.

Ese mismo día, helicópteros y aviones Kfir de la Fuerza Pública iniciaron sobrevuelos a baja altura. Mientras tanto, en tierra, las autodefensas se movilizaron hacia otros sectores de Santa Marta para obligar, mediante la intimidación, a que los comerciantes cerraran sus establecimientos. Se trata del primer paro armado que golpea la zona turística de la ciudad. El martes en la noche, buscando proyectar una imagen de control, el mandatario se grabó recorriendo en un vehículo distintos barrios de la capital del Magdalena. Vestido con chaleco antibalas y prendas verde oliva, fue en ese momento cuando mencionó el barrio. Desde entonces, sus habitantes temen posibles represalias.

María Angélica Duque, presidenta de la Junta de Acción Comunal del Once de Noviembre, relata que padecen una estigmatización por habitar en esa zona vulnerable. «Se ensañan con este barrio por su ubicación, pero no existe ninguna justificación para que el presidente de la República se refiriera a nosotros de esa manera», expresó desde el parque del sector. Los vecinos se organizaron y difundieron un comunicado en el que solicitan al mandatario retractarse. «Hoy sentimos más miedo por ese señalamiento, que nos puso una lápida encima, que por el propio paro armado», afirmó la lideresa.

De la militarización anunciada por el presidente poco se percibe en las calles. No hay soldados apostados en las esquinas del Once de Noviembre, ni en el centro turístico, ni en la mayoría de los barrios que él mismo recorrió esa noche, como Gaira y Ondas del Caribe. A inicios de semana, las autoridades informaron sobre el refuerzo de 500 militares y 600 policías, pero en las calles nadie da cuenta de ellos. Donde sí se observan uniformados es en los alrededores de las cadenas de supermercados que abastecen a gran parte de la ciudad: allí la Fuerza Pública montó vigilancia luego de que se divulgara un audio en el que los paramilitares amenazaban a esos establecimientos por continuar operando durante el confinamiento.

Sin embargo, la militarización que el presidente prometió por televisión es, cuatro días después, apenas un rumor. Los taxistas, considerados uno de los termómetros para medir el pulso de la ciudad, se preguntan en sus grupos de WhatsApp dónde hay presencia de la fuerza pública. «En el batallón», responde uno de ellos a sus compañeros. «Es que andan de civil, por eso no se ven», explica otro conductor en la vía. Y pese a la ausencia de uniformados, Santa Marta se atrevió a probar suerte este jueves. Los primeros buses del servicio público comenzaron a recorrer las calles desde tempranas horas.

El más reciente comunicado difundido por las Autodefensas señala que las restricciones concluirán este viernes a las siete de la mañana. La población espera que entonces reabran todos los comercios, aunque otras actividades no cuentan con fecha de retorno, como los colegios y las universidades, que suspendieron clases de manera indefinida. Ni siquiera el mar, sustento de la ciudad entera, se ha salvado de las limitaciones. Un taxista con amplio conocimiento del terreno trasladó este jueves a una familia hasta la playa de Bahía Concha, pero hombres de las Autodefensas impidieron el acceso de las personas a la zona.

El impacto económico ya se hace evidente. Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Santa Marta, cada jornada de parálisis representa cerca de 39.500 millones de pesos, más de 12 millones de dólares, con más de 22.000 empresas y comercios perjudicados y alrededor de 110.000 personas ligadas a esas actividades. Fenalco, por su lado, calculó pérdidas acumuladas de 150.000 millones de pesos, casi 50 millones de dólares, para el sector comercial, con aproximadamente el 95% de los locales cerrados durante los dos primeros días del paro. Aunque estas cifras reflejan la magnitud de la crisis, el golpe más inmediato lo resiente quien vive de la informalidad.

El único sector donde todo parece transcurrir con relativa calma es El Rodadero, una de las playas más frecuentadas. Desde el miércoles en la noche, los turistas se lanzaron al mar en masa. Hasta altas horas, disfrutaron del agua personas que se rehusaban a someterse al control de los ilegales. Es, por ahora, la imagen que se prefiere mostrar: la de una ciudad que, al menos en su fachada turística, se niega a detenerse por completo.

Amalia Bermúdez, otra lideresa social del Once de Noviembre, señala con el dedo a María Eugenia Martínez, una vecina que lleva tres días sin encender el fogón con el que vende arepas en la vía pública. No ha tenido con qué alimentarse y ha comenzado a recurrir a las escasas provisiones de su despensa. «Aquí hemos vivido muchos paros armados porque sabemos que estamos relativamente cerca de la zona rural, pero ninguno había golpeado a la población civil como este», asegura Bermúdez, quien reside desde hace 45 años en el barrio.

Precisamente, el sector de la ciudad que el presidente calificó como «centro de operaciones» de Los Pachenca fue uno de los que más respaldó su candidatura presidencial. «La gente estaba agotada de la inseguridad y de carecer de los servicios básicos», explica. El barrio, conformado por unas 35.000 familias, es uno de los más extensos de la ciudad y luce prácticamente como un basurero a cielo abierto.

Ninguna de sus calles está pavimentada y los servicios públicos llegan por tramos de pocas horas a las viviendas. La propuesta del «Tigre» reavivó la esperanza de muchos habitantes que se vincularon como voluntarios a su campaña. «Él aseguraba que no cobraría su salario como presidente, y eso nos hizo creer que habría mayor inversión social», cuenta la también vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal. «Me gustaría que supiera que aquí le sacamos adelante la campaña. Y ahora nos tilda de ser los paracos de Santa Marta».