Se conoce la foto de la judicialización del poderoso político caucano, Luis Fernando Velasco; literalmente lo "enchusparon"

Los exministros de Hacienda y del Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, ya tienen definidos los sitios de reclusión desde donde afrontarán el proceso penal en su contra, por su presunta participación en el entramado de corrupción que derivó en el millonario desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Ambos permanecerán privados de la libertad en las ciudades de Bogotá y Cali, respectivamente, lugares en los que fueron capturados hace apenas dos días.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Bonilla fue trasladado desde el búnker de la Fiscalía, en Bogotá, al Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), ubicado en el norte de la capital del país. Entre tanto, Velasco fue llevado desde la sede del ente investigador en Cali hacia la Escuela de Carabineros, en la capital del Valle del Cauca. Estos traslados se realizaron por decisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

Los exministros Bonilla y Velasco fueron capturados en la noche del pasado 18 de diciembre, luego de una audiencia que se extendió por cerca de 12 horas. En dicha diligencia, la magistrada Aura Cristina Rosero Baquero, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, consideró que existían razones suficientes para ordenar que los exfuncionarios afronten el proceso judicial desde un centro carcelario y no en libertad ni bajo medida de aseguramiento domiciliaria, como lo había solicitado la Fiscalía.

Para la magistrada Rosero Baquero, la medida de aseguramiento intramural resulta “urgente, necesaria e idónea”. Durante la audiencia, los abogados defensores de Bonilla y Velasco solicitaron que se negara la petición de la Fiscalía, argumentando que ambos exfuncionarios han asistido a todas las diligencias judiciales y que no existiría riesgo de fuga. En el caso particular de Bonilla, su defensa también pidió que se valoraran su edad y su delicado estado de salud.
Según la Fiscalía, los exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro habrían hecho parte de una “organización criminal” que, presuntamente, habría orquestado el desvío de al menos 612.000 millones de pesos del erario, a través de proyectos ejecutados por la Ungrd y el Instituto Nacional de Vías (Invías). El ente acusador sostiene que los exministros habrían intervenido en la asignación de 79 proyectos a varios congresistas.

El propósito de estas maniobras, de acuerdo con la tesis de la Fiscalía, habría sido asegurar los votos de senadores y representantes a la Cámara para que, a cambio de los llamados “cupos indicativos” o proyectos, respaldaran algunas de las iniciativas clave del gobierno Petro en el Congreso.

Entre ellas se encuentran proyectos emblemáticos como la reforma pensional y la reforma a la salud.

Uno de los capítulos más sensibles del caso involucra a ocho congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, quienes ya están salpicados por el escándalo de corrupción y actualmente son investigados por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. A este grupo se suma una extensa lista de altos funcionarios del Gobierno y de congresistas que, al parecer, tendrían algún grado de relación con el millonario desfalco a la entidad.

Los nombres de Bonilla y Velasco quedaron vinculados formalmente al voluminoso expediente a partir de las declaraciones de tres testigos clave que lograron negociar preacuerdos y principios de oportunidad con la Fiscalía: María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, así como Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd.

Con base en estas versiones, Bonilla y Velasco enfrentan desde la cárcel una imputación por tres delitos: concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.