Se intensificó la ofensiva contra migrantes en los EE.UU.: Nueva Orleans es ahora el blanco de redadas federales

El Gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, abrió un nuevo capítulo en su ofensiva migratoria con el lanzamiento de la operación Catahoula Crunch en la ciudad de Nueva Orleans, una acción que amplía el despliegue de fuerzas federales en ciudades gobernadas por demócratas y profundiza el clima de miedo entre comunidades migrantes de origen latinoamericano y asiático.

La intervención de las autoridades —dirigida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)— apunta a la detención masiva de migrantes de México, Honduras, Guatemala y El Salvador, en un contexto de creciente tensión por la militarización del control migratorio en zonas urbanas.

Desde la medianoche de este martes 2 de diciembre comenzaron a llegar equipos especiales de la Patrulla Fronteriza, siguiendo el mismo patrón de despliegue utilizado semanas atrás en Carolina del Norte durante la operación Charlotte’s We”, donde más de 200 personas fueron detenidas.

Aunque el DHS insiste en que el foco está en migrantes con “historial criminal”, las imágenes difundidas por la institución incluían ciudadanos de Centroamérica, pero también de Jordania y Vietnam, reforzando el carácter heterogéneo y aleatorio de los objetivos del operativo.

La información disponible indica que Catahoula Crunch podría buscar hasta 5.000 detenciones, superando lo ocurrido en Chicago meses atrás, y ampliando su radio hasta Baton Rouge, la capital del estado de Luisiana. Funcionarios locales denunciaron que el Gobierno federal no ha compartido detalles ni protocolos, aumentando la incertidumbre entre autoridades, organizaciones comunitarias y líderes religiosos.

En Nueva Orleans, una ciudad donde solo 6,5 % de los habitantes son inmigrantes, pero donde la población migrante es clave para la economía —particularmente en construcción, servicios y reconstrucción urbana tras Katrina—, el operativo ha provocado que padres de familia teman enviar a sus hijos a la escuela, que comercios reduzcan horarios y que miles de personas permanezcan encerradas en sus casas.

El operativo federal llega, además, en un territorio políticamente simbólico para la administración Trump. Nueva Orleans es un enclave demócrata en un estado republicano, y la ofensiva migratoria ocurre a pesar de que la ciudad no presenta índices altos de criminalidad en relación con otras regiones del país.

Para líderes locales, como el concejal Matthew Willard, la operación carece de lógica de seguridad pública y constituye una maniobra de poder destinada a mostrar fuerza política sobre una ciudad que vota mayoritariamente contra Trump.

A esta lectura se suma que el jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, conoce profundamente Luisiana, pues dirigió el sector Nueva Orleans durante el primer mandato de Trump.

Sus métodos han sido ampliamente criticados: en Chicago, bajo su mando, las redadas dejaron más de 3.000 detenidos, el uso de gases lacrimógenos contra manifestantes, y dos muertes en acciones federales, además de múltiples heridos. En Charlotte, la presencia de Bovino provocó el cierre de escuelas, huelgas espontáneas y la paralización temporal de varios sectores económicos.

Para las comunidades migrantes, la llegada de Catahoula Crunch reabre heridas recientes. La alcaldesa electa de Nueva Orleans, Helena Moreno, de origen mexicano, advirtió que sus iglesias, escuelas y centros comunitarios amanecieron semivacíos ante el temor de redadas. Organizaciones locales distribuyen silbatos, hacen entrenamientos sobre derechos civiles y organizan redes vecinales de alerta, replicando tácticas usadas en Chicago y Carolina del Norte para reducir daños.

En paralelo, desde Washington, el gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry, celebró la operación y pidió una aplicación “más estricta” de las leyes federales, diciendo que Nueva Orleans está “asolada por la delincuencia”, pese a que estadísticas recientes muestran un descenso delictivo sostenido.

Legisladores demócratas, sin embargo, denuncian que muchos de los afectados en operativos anteriores eran ciudadanos estadounidenses perfilados racialmente.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos insisten en que estas acciones replican el patrón de criminalización contra comunidades pobres y racializadas bajo argumentos de seguridad nacional.

Para sectores progresistas, el objetivo real del operativo es intimidación política, enviar un mensaje a las ciudades demócratas y reforzar la narrativa antiinmigrante que sostiene la plataforma de campaña del presidente.

Mientras continúan los desalojos silenciosos de trabajadores en restaurantes, obras y centros comunitarios, el ambiente en Nueva Orleans evidencia el impacto psicológico y económico que las redadas han generado en ciudades previamente consideradas “santuarios”.

El clima es de tensión: familias enteras permanecen ocultas, las calles están semivacías y la comunidad latinoamericana teme que esta sea solo la primera fase de una operación de mayor alcance.

En un país profundamente polarizado, Catahoula Crunch se convierte en ícono de cómo el control migratorio es utilizado como herramienta política y de presión social y cómo comunidades enteras pueden convertirse en blanco de un aparato federal que actúa con opacidad, discrecionalidad y un creciente uso de fuerza.