¿Se le acabará el negocio a Quipux con las fotomultas en Popayán? esto propone el concejal Daniel Muñoz

El concejal conservador Daniel Muñoz, actual presidente del Concejo de Popayán, puso sobre la mesa el debate sobre los recursos que generan las fotomultas en la capital caucana.

El cabildante cuestionó el porcentaje que reciben los operadores privados encargados de estos sistemas y planteó que el municipio debería quedarse con el 90% del dinero recaudado, mientras que la participación del privado no supere el 10%.

La discusión se fundamenta en la Ley 1843 de 2017, que regula la instalación y puesta en funcionamiento de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para detectar infracciones de tránsito.

En su artículo 5, esta norma establece que la remuneración a la inversión privada para instalar y operar estas herramientas tecnológicas no puede superar, en ningún caso, el 10% del recaudo.

Durante una intervención en el Concejo Municipal, Muñoz señaló que, de acuerdo con la información presupuestal y las respuestas entregadas por la Secretaría de Tránsito, actualmente el municipio estaría recibiendo alrededor del 50% de los recursos generados por las infracciones detectadas mediante estos sistemas, mientras que el porcentaje restante correspondería a los operadores privados.

El concejal recordó que el Acuerdo Municipal 014 de 2016 facultó a la Administración Municipal para concesionar la prestación de estos servicios, en un esquema que posteriormente dio paso a la operación de empresas como Quipux y Emtel. Sin embargo, advirtió que dicho acuerdo no establece expresamente los porcentajes de distribución del recaudo.

“¿Por qué el privado hoy se está quedando con más del 50%? ¿Cuánto es eso? Pues miles de millones de pesos al año”, cuestionó el cabildante, quien manifestó su intención de impulsar cambios para que la mayor parte de estos recursos permanezca en las finanzas públicas.

Muñoz también puso en conocimiento de la Contraloría y la Personería Municipal sus inquietudes sobre el modelo de contratación y pidió revisar si la participación económica de los operadores se ajusta a lo establecido en la legislación nacional. A su juicio, una eventual transferencia superior al límite legal podría representar un detrimento patrimonial para el municipio.

En ese sentido, el cabildante anunció que buscará ampliar el debate en una nueva sesión, con el propósito de conocer en detalle el contrato de concesión, las condiciones económicas pactadas y los porcentajes que actualmente reciben las empresas involucradas.

La propuesta abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el modelo de operación de las fotomultas en Popayán y podría tener repercusiones en la relación contractual con los operadores privados.

Por ahora, no se ha anunciado la terminación del contrato con Quipux, sino una iniciativa de revisión jurídica y financiera para determinar si el esquema vigente se ajusta a la ley.