Secretario General de Popayán, bajo la lupa de la Personería por los encargos

La Personería de Popayán inició un análisis sobre la aplicación de la ley de cuotas en los encargos realizados dentro de la administración municipal, luego de advertir que algunas dependencias que tienen mujeres como titulares han quedado temporalmente bajo la responsabilidad de funcionarios hombres.

El personero de Popayán, Daniel Iván Oviedo, explicó que la revisión surgió en medio de las situaciones administrativas generadas tras el reciente fallo de primera instancia que declaró la nulidad del nombramiento del secretario de Gobierno, decisión que, según aclaró, aún cuenta con una segunda instancia.

De acuerdo con Oviedo, el Ministerio Público está estudiando específicamente si la obligación de garantizar la participación de las mujeres en los cargos de decisión también debe observarse cuando se realizan encargos temporales.

“Estamos analizando específicamente los encargos que se vienen haciendo hace un par de meses en la Secretaría de Tránsito”, señaló el personero.

La Secretaría de Tránsito, bajo revisión

Oviedo indicó que, al revisar la composición actual de las secretarías municipales, la administración tendría una distribución que mantiene una participación equilibrada entre hombres y mujeres. Sin embargo, la situación cambia temporalmente cuando una secretaria titular se ausenta y su reemplazo queda en manos de un funcionario hombre.

El personero aclaró que el funcionario encargado no tendría responsabilidad individual por cumplir con el acto administrativo mediante el cual la administración le asigna temporalmente la función.

“La responsabilidad es del secretario general, Edwin Muñoz, quien está en este momento realizando los encargos, de verificar que con su encargo no se vulnere la ley”, explicó.

Según el funcionario, la Personería está verificando el número total de cargos sujetos a la norma, así como la cantidad de hombres y mujeres que actualmente los ocupan, para establecer si efectivamente existe algún incumplimiento.

La Ley 581 de 2000, modificada por la Ley 2424 de 2024, establece que mínimo el 50 % de los cargos correspondientes a los niveles máximo y otros niveles decisorios deben ser desempeñados por mujeres, de acuerdo con las condiciones establecidas en la normativa.

Encargos también están bajo análisis

El personero explicó que la discusión se presenta porque los encargos son utilizados para cubrir ausencias temporales. Como ejemplo, mencionó el caso de la Secretaría de Tránsito, donde una funcionaria titular solicitó un permiso y fue necesario designar temporalmente a otra persona para asumir sus funciones.

En estos casos, el funcionario encargado de conceder el permiso también debe expedir el acto administrativo correspondiente para establecer quién asumirá temporalmente las funciones de la dependencia.

Oviedo señaló que, en los documentos revisados por la Personería, se ha identificado que cuando la titular es una mujer, el encargo temporal se ha realizado en algunos casos a favor de un hombre.

Por esta razón, el Ministerio Público busca determinar si esta práctica puede afectar las disposiciones relacionadas con la participación de las mujeres en los cargos de decisión.

Personería podría abrir proceso disciplinario

La entidad continuará con la revisión de los cargos y encargos realizados en la administración municipal. Oviedo indicó que, si después de la verificación se determina que existió un incumplimiento de la normativa, la Personería Delegada para Asuntos Administrativos evaluará el inicio de las actuaciones disciplinarias correspondientes.

El análisis no se limitaría a la Secretaría de Tránsito, pues el personero advirtió que una situación similar podría presentarse en otras dependencias de la Alcaldía de Popayán.

La normativa vigente contempla el incumplimiento de las reglas de participación femenina como causal de mala conducta, mientras que la vigilancia sobre el cumplimiento de la ley corresponde, entre otras autoridades, al Ministerio Público.

Por ahora, la Personería mantiene el caso en etapa de estudio y verificación para establecer si los encargos realizados en la administración municipal se ajustan a las disposiciones sobre paridad de género.