Sentencia 069: balance reporta más de $18.453 millones en actuaciones favorables sobre multas en Popayán
La consolidación divulgada registra 29.407 resultados favorables asociados a 16.209 documentos de identificación. El proceso judicial fue promovido por José Luis Diago Franco con acompañamiento de JM Abogados & Asesores.
Un primer balance del proceso relacionado con la Sentencia 069 del 7 de noviembre de 2025 reporta actuaciones favorables por $18.453.255.070 en obligaciones de tránsito de Popayán.
Según la información consolidada divulgada, se contabilizan 29.407 registros favorables asociados a 16.209 documentos de identificación. La base agrupa actuaciones de distinta naturaleza, entre ellas fallos de prescripción, prescripciones tramitadas mediante PQRSD y revocatorias, por lo que no todo el valor debe interpretarse jurídicamente bajo una única causal.
El proceso judicial tuvo como accionante al concejal José Luis Diago Franco, quien actuó con acompañamiento de JM Abogados & Asesores S.A.S. Así consta también en actuaciones posteriores del expediente judicial.
La Sentencia 069 obligó al Municipio a actuar
La controversia se originó mediante una acción de cumplimiento contra el Municipio de Popayán y su Secretaría de Tránsito.
En primera instancia, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Popayán negó las pretensiones. Sin embargo, el Tribunal Administrativo del Cauca revocó esa decisión mediante la Sentencia 069 del 7 de noviembre de 2025.
El Tribunal declaró que el Municipio, a través de la Secretaría de Tránsito, había incumplido el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito y ordenó expedir los actos administrativos correspondientes para declarar la prescripción de las infracciones que superaran el término establecido y cumplieran las condiciones fijadas en la providencia.
La propia sentencia precisó que la orden no cobijaba de la misma manera los procesos que ya se encontraban en fase de cobro coactivo, pues en esos casos la excepción debía ser alegada por el ejecutado.
Tránsito comenzó la depuración mediante resoluciones
Como parte del cumplimiento, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Popayán expidió la Resolución 20261500064484 del 10 de abril de 2026, relacionada inicialmente con multas correspondientes a vigencias entre 2002 y 2020.
Posteriormente, el 2 de junio de 2026, fue expedida la Resolución 20261500106194, mediante la cual se declaró la prescripción de la acción de cobro sobre multas de las vigencias 2021 y 2022 que cumplían las condiciones allí establecidas.
Estas decisiones administrativas son las que materializan la depuración ordenada judicialmente.
El balance supera los $18.453 millones
De acuerdo con la consolidación publicada, los registros favorables representan obligaciones por $18.453.255.070. El dato corresponde a 29.407 registros vinculados con 16.209 documentos de identificación.
La precisión es importante: el monto global reúne diferentes tipos de decisiones favorables y, por tanto, resulta más exacto hablar de obligaciones o registros favorables que afirmar que la totalidad de los $18.453 millones corresponde exclusivamente a multas declaradas prescritas.
Para los ciudadanos incluidos en esos registros, las decisiones pueden significar la desaparición de obligaciones que continuaban figurando en los sistemas de tránsito, siempre de acuerdo con el acto administrativo aplicable a cada caso.
El cumplimiento de la sentencia llegó a incidente de desacato
La discusión judicial no terminó con la expedición de las primeras resoluciones.
El 12 de junio de 2026, el Juzgado Octavo Administrativo de Popayán concluyó, mediante el Auto Interlocutorio 611, que la Sentencia 069 no había sido cumplida integralmente dentro del término fijado. El despacho impuso en primera instancia una multa de cinco salarios mínimos mensuales al alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo y a quien entonces ejercía como secretaria de Tránsito, Lizet Vanessa Plazas Quibano.
Esa sanción fue objeto de apelación. El Tribunal Administrativo del Cauca ordenó posteriormente practicar pruebas técnicas para establecer qué ocurrió efectivamente con los registros reportados por la Administración y verificar su procesamiento en sistemas como el SIMIT.
Por esa razón, el debate judicial sobre el cumplimiento integral de la Sentencia 069 debe diferenciarse del hecho ya documentado de que la Secretaría de Tránsito ha expedido resoluciones declarando prescripciones.
José Luis Diago y JM Abogados continúan vinculados al proceso
El expediente identifica a José Luis Diago Franco como accionante de la acción de cumplimiento y registra el acompañamiento de JM Abogados & Asesores S.A.S. en las actuaciones posteriores, incluido el incidente promovido para reclamar el cumplimiento del fallo.
El resultado económico divulgado permite dimensionar por primera vez una parte de esas actuaciones: $18.453 millones en registros favorables, aunque la cifra definitiva dependerá de la depuración completa de las bases y de las decisiones correspondientes a cada obligación.
Para los ciudadanos, el punto central será poder verificar individualmente si su identificación aparece entre los registros objeto de prescripción, revocatoria u otra actuación favorable y comprobar que la modificación efectivamente se encuentre reflejada en los sistemas oficiales.
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