Si señores, la paz total de Petro ya logró el desarme del primer grupo armado ilegal

El proceso de paz total del Gobierno de Gustavo Petro dio sus primeros frutos concretos en el departamento de Nariño, en la esquina suroccidental de la República de Colombia.

Este sábado 5 de abril, los integrantes del grupo Comuneros del Sur, una disidencia local de la guerrilla del ELN, entregó al ejército 585 artefactos explosivos para que sean destruidos por la fuerza públcia.

El representante de este grupo en la mesa de negociaciones, Roger Garzón, reafirmó públicamente su “voluntad sincera de la paz territorial” y el hartazgo de la guerra.

“La lucha armada está caduca”, añadió durante un evento celebrado en la ciudad de Pasto, la capital de ese departamento. En este encuentro, Comuneros y el Gobierno también firmaron acuerdos a favor de las víctimas, la memoria histórica, la fiscalización de la minería ilegal y la sustitución de 5.000 hectáreas de cultivos ilícitos.

“Este acuerdo de paz pasa por la transformación del territorio”, insistió el presidente Gustavo Petro, quien viajó hasta esa ciudad. Por su parte, Comuneros se ha comprometido a entregar el resto del material de guerra en los próximos tres meses.

Petro aprovechó la ocasión para criticar con dureza al Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla en armas en Colombia, con quien se suspendieron los diálogos a principios de año.

“Comuneros tiene la oportunidad de reivindicar al padre Camilo Torres [miembro icónico del grupo armado] y a la vieja guardia del ELN, que pensaba en hacer una revolución. Los de la nueva generación los conozco y son traquetos”, agregpo el presidente.

“Sabemos que hay una mezcla entre dos mundos: el salido de la insurgencia armada que quería cambiar al mundo, y el que surge del traquetismo, que piensa en la codicia. (...) En Comuneros del Sur brilló más la idea del cambio y la transformación que en el ELN, que no piensa en el campesino porque lo asesinó en el Catatumbo, sino en cuidar los cultivos de cocaína”, añadió.

Según las cifras del presidente, en el acuerdo de paz con Comuneros se han invertido 45.000 millones de pesos (unos 12 millones de dólares), también para financiar 109 equipos médicos, cuatro centros de salud y seis ambulancias.

“Somos una organización de 32 años, y muchos hemos pasado nuestra vida en las montañas de Colombia”, recordó Garzón. “Presidente Petro, nosotros nos negamos a volver a la guerra”, acotó el líder rebelde.

Y es que el proceso, como toda la paz total, parte del principio de que se implementan cambios en el territorio mientras se sigue negociando. Por ello, en los 10 municipios de Nariño en los que tiene presencia Comuneros del Sur, se ha ejecutado en tres ejes principales: el desescalamiento de la violencia, la implementación de transformaciones territoriales y la transición de los integrantes a la ciudadanía plena y del grupo a un movimiento social y político.

Otty Patiño, alto comisionado para la paz designado por el gobierno de Gustavo Petro y quien hizo ese mismo tránsito hace más de tres décadas como parte de la desmovilización de la guerrilla urbana M-19, reconoció los muchos altibajos durante la negociación. Por ello, celebró la rotundidad del resultado: “Nariño está al sur geográfico del país, pero es el norte de la paz. Hoy tenemos un proceso irreversible”.

En esta primera entrega de armas del gobierno del Cauca, un oficial del ejército, el capitán Víctor Paz, dio la orden de destruir las minas antipersonal, los morteros, los cilindros bomba y las granadas que utilizaba esta estructura de unos 100 integrantes en la región de Abades, en el litoral pacífico.

“La paz es un deber”, repitió el presidente. Durante el evento, al que asistieron unos 2.000 ciudadanos, más de una decena de voceros y representantes de distintas entidades del Estado hicieron un balance de lo que han logrado en el marco del proceso de paz en Nariño.

También subió a la tarima Cristian Andrés Melo, presidente de la Asociación de sobrevivientes de minas ntipersonal de Abades. Dio su testimonio como víctima y, ahora, persona en situación de discapacidad “a consecuencia del conflicto armado”. “Todos soñamos con esa paz anhelada. Con cada mina antipersonal que se destruya, se salva la vida de alguien en la comunidad. Sólo en un territorio sin minas, el pueblo camina”.

Parte del acuerdo es lanzar un proceso de desminado humanitario centrado en tres zonas periféricas del municipio de Samaniego. Para ello, se capacitarán a de 12 integrantes de la comunidad y se entrenarán a tres equipos para tareas de estudio no técnico y despeje. Asimismo, la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario del Ejército continuará las labores en otros municipios realizando talleres de educación en riesgo de minas, de acuerdo a la información del Gobierno.

Hay que tener encuenta que el frente Comuneros del Sur se formó en 1992, siendo la primera estructura del ELN en el departamento de Nariño.

En marzo de 2024, se desvinculó para comunicar públicamente su intención de avanzar con un proceso de paz territorial con el presidente Gustavo Petro. Dos meses después, pidió al Ejecutivo formalizar una mesa de diálogos, con el objetivo de convertirse en un movimiento social y político sin armas.

El 20 de mayo, el Consejero Comisionado de Paz confirmó que Comuneros del Sur cumplían con los requisitos para ser considerados un grupo armado organizado, categoría en la que fueron incluidos el 15 de agosto y que legalmente habilita a entablar los diálogos.

A pesar de esto, algunos líderes sociales de la región han denunciado que miembros de Comuneros han alimentado las nuevas Autodefensas Unidas de Nariño, un grupo que se presenta como antiguerrillero y que mantiene negocios ilegales en zonas con presencia de Comuneros.

En Nariño, el conflicto armado de los últimos 35 años ha provocado más de 4.000 desaparecidos y 44.500 muertos, de acuerdo con cifras entregadas por organizaciones como Indepaz. Son más de 1.200 asesinatos anuales, según recordó Óscar Iván Ordóñez, coordinador la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, UBPD.