Sin apoyo del Estado, la comunidad de Bellavista, en Suárez, Cauca, demolió los salones que dañó el terremoto
En la vereda Bellavista, zona rural de Suárez, la comunidad educativa no siguió esperando una solución oficial. Los salones de la Institución Educativa Marilópez quedaron dañados por el terremoto que golpeó varias zonas del Cauca y eran un peligro para estudiantes, docentes y vecinos. Por eso, la misma comunidad decidió demolerlos.
La rectora Deyanira Balanta contó lo ocurrido y criticó la falta de acompañamiento de las instituciones encargadas de atender los daños del sismo.
«En ausencia del Estado, tres meses después del terremoto, la comunidad tomó la determinación de adelantar la demolición de los salones de la Institución Educativa Marilópez, en Bellavista, zona rural de Suárez, Cauca, ante el peligro que representan», afirmó.
Según la rectora, a pesar del tiempo que ha pasado, el colegio todavía no tiene una ruta clara para la reconstrucción. Señaló que no ha recibido respuestas ni compromisos concretos del Fondo Milagro, del Gobierno nacional ni de la Gobernación. Esto tiene preocupadas a las familias, a los profesores y a los estudiantes.
La comunidad optó por demoler para evitar un accidente con las estructuras dañadas. Sin embargo, la decisión también muestra lo que viven muchas comunidades rurales cuando una emergencia afecta sus escuelas: la ayuda oficial tarda en llegar y la gente termina resolviendo por su cuenta.
Una deuda con la educación rural, con los campesinos, con los niños, niñas y jóvenes de las zonas más apartadas del Cauca, pero son colombianos.
Mientras tanto, más de 213 estudiantes esperan que se construyan o rehabiliten los espacios que perdieron para volver a estudiar en condiciones dignas y seguras.
El caso de Marilópez vuelve a poner en duda la forma en que se está atendiendo a las comunidades educativas afectadas por el terremoto en el Cauca. En las zonas rurales, reconstruir las escuelas sigue siendo una necesidad urgente.
Desde Bellavista, padres, docentes y directivos piden a las autoridades que respondan al llamado de la rectora con acciones concretas. Quieren que los estudiantes dejen de cargar con las consecuencias de una emergencia que, tres meses después, sigue sin una solución satisfactoria.