SuperTransporte ratifica sanción millonaria a Tránsito de Popayán: todo ocurrió en la administración de "El Pollo"

La Superintendencia de Transporte dejó en firme una sanción económica contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de Popayán, dentro de un proceso administrativo iniciado por el incumplimiento en la entrega oportuna de información requerida por el ente de control, de acuerdo con lo establecido en la Ley 336 de 1996.

Según el acto administrativo, la investigación se originó durante la administración del entonces alcalde Juan Carlos López Castrillón, conocido como “El Pollo”, periodo en el cual la Secretaría de Tránsito estuvo inicialmente a cargo de Jaime Andrés Patiño y posteriormente de Gloria Patricia Bolaños Mosquera, quienes fueron los responsables de la dependencia cuando se configuraron los hechos que dieron lugar a la sanción.

El proceso fue formalmente abierto mediante la Resolución No. 5854 del 16 de agosto de 2023, luego de que la Superintendencia evidenciara que la Secretaría de Tránsito no atendió dentro de los plazos legales un requerimiento de información, omisión que derivó en la investigación administrativa.

En primera instancia, la entidad de control impuso una multa de $165.283.400, decisión contenida en la Resolución No. 0393 del 23 de enero de 2025. No obstante, tras los recursos interpuestos por la administración municipal, la Superintendencia resolvió reducir la sanción en cerca de un 50 %, dejándola en $84.660.000, mediante la Resolución No. 18886 del 15 de diciembre de 2025, decisión que fue confirmada en segunda instancia.

De acuerdo con el documento oficial, los hechos sancionados corresponden a actuaciones administrativas ocurridas en vigencias anteriores, por lo que la responsabilidad del origen del proceso recae en quienes dirigían la Secretaría de Tránsito durante la administración de Juan Carlos López Castrillón.

Actualmente, bajo la dirección de la secretaria de Tránsito Lizeth Vanesa Plazas, se adelantaron las gestiones jurídicas y administrativas que permitieron mitigar el impacto económico de la sanción, evitando que el municipio tuviera que asumir el valor total inicialmente impuesto.

Con esta decisión, la Superintendencia de Transporte dejó ejecutoriado el proceso, aclarando que contra el fallo no procede ningún recurso, lo que obliga al municipio a asumir el pago de la sanción, derivada de errores administrativos heredados.