Tensión en el Concejo de Popayán por restitución de inmueble en Alfonso López: administración defiende legalidad y comunidad pide respeto a labor social

La administración insiste en la legalidad del proceso, mientras la comunidad reclama falta de tacto y diálogo.

En una sesión ordinaria que se extendió por más de cinco horas, el Concejo Municipal de Popayán fue escenario de un intenso debate sobre el proceso de restitución de un bien inmueble ubicado en el barrio Alfonso López, donde históricamente las hermanas rosaristas realizaron actividades sociales, educativas y comunitarias.

El punto central de la discusión giró en torno al contrato de comodato firmado en 1982 con la Escuela Popular del Bienestar del Niño, el cual, según la Secretaría General, perdió vigencia y validez jurídica al no haber sido renovado conforme a la Ley 9 de 1989, que limita este tipo de contratos a un máximo de cinco años.

“La administración tiene el deber legal de ejercer el dominio sobre los bienes del municipio. No estamos actuando por capricho, ni hubo desalojo. Fue una solicitud de restitución basada en la normatividad vigente”, explicó el secretario general Edwin Muñoz, quien lideró las seis mesas de diálogo con la comunidad, la Arquidiócesis de Popayán y representantes de las hermanas rosaristas.

Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar. La mayoría de los concejales defendieron la labor histórica de las hermanas e hicieron un llamado a que se privilegie el diálogo y se reconozca el valor social de su presencia en el sector. “No se puede pasar por encima de 40 años de servicio con una notificación fría. Faltó tacto”, expresó el concejal Andrés Duque.

Por su parte, el concejal José Luis Diago, uno de los más críticos con el proceso, defendió su participación: “No tengo nada de qué arrepentirme. Acompañé una causa justa y humana. Aquí falló el debido proceso y se vulneró la dignidad de las hermanas al no garantizarles un espacio para defender su permanencia”.

Muñoz respondió con firmeza: “Lo que hubo fue desinformación, incluso promovida desde redes sociales. Nunca se ordenó un desalojo. Nunca se pensó en una carceleta, ni en entregar el bien a otros grupos. Todo fue consultado con la Arquidiócesis y las hermanas participaron en todas las mesas de diálogo”.

En medio del cruce de posturas, el concejal Diego Guevara propuso crear una comisión accidental para hacer seguimiento al caso y garantizar que el uso futuro del inmueble responda a necesidades reales de la comunidad. “Aquí no se trata de imponer visiones, sino de construir soluciones que integren lo institucional con lo comunitario”, subrayó.

El abogado Felipe Ortiz, asesor jurídico de la Secretaría General, explicó que el comodato original ya no tenía sustento legal, que la escuela dejó de funcionar y que las mejoras en el bien no otorgan derechos de retención ni compensación, según lo estipulado en la escritura pública firmada en 1982.

A pesar de la intensidad del debate, varios concejales, como Rosa Agustina Sinisterra y Marco Gaviria, destacaron la apertura del Concejo para el diálogo y pidieron que se construyan alternativas que permitan a las hermanas seguir su labor en el mismo o en otro espacio digno, sin dejar de avanzar en la legalización de otros bienes públicos mal utilizados en la ciudad.