Tensiones en la Alcaldía de Popayán: Fallo por sobretasa ambiental desata crisis en el gabinete municipal

Un fallo emitido por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, que ordena al municipio de Popayán pagar los recursos correspondientes a la sobretasa ambiental del año 2023 a la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), ha detonado una evidente crisis interna en el centro de la administración local.

El desacuerdo sobre el procedimiento para acatar esta decisión judicial ha enfrentado a las titulares de la Secretaría de Hacienda, la Tesorería Municipal y la Oficina Jurídica, generando un escenario de inestabilidad que compromete los intereses de los payaneses.

La génesis del conflicto radica en una deuda heredada de la pasada administración de Juan Carlos López Castrillón, la cual omitió el traslado de estos recursos ambientales. Ante la obligatoriedad del fallo reciente, la actual secretaria de Hacienda, Juliana Sarmiento, procedió a ordenar el aforo de los recursos previos a la expedición de los actos administrativos correspondientes por parte del alcalde. Sin embargo, esta decisión técnica y de acatamiento judicial encontró una férrea oposición interna.

Discrepancias jurídicas y financieras: el epicentro del debate

Según información conocida por este medio, el choque de posturas se hizo insostenible durante reuniones de alto nivel. Por un lado, la jefa asesora de la Oficina Jurídica, María del Pilar Panteves, habría expresado su desacuerdo con la medida, apostando presuntamente por la interposición de acciones de tutela para frenar el pago; una estrategia que hasta el momento ha resultado infructuosa en los estrados judiciales.

Por otro lado, desde la Tesorería Municipal se argumentaron supuestas irregularidades en la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), señalamientos que han tensionado aún más el ambiente en el Centro Administrativo Municipal (CAM).

"La defensa de los intereses del municipio no puede sostenerse sobre la base de acciones de tutela reiteradamente desestimadas por los jueces, lo que eleva el riesgo de detrimento patrimonial", advierten analistas locales sobre la estrategia de la Oficina Jurídica.

Fuentes cercanas a la administración describen que estos desacuerdos han escalado a confrontaciones verbales, evidenciando, según críticos de la gestión local, una falta de mediación y liderazgo resolutivo por parte del alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo.

Cuestionamientos al equipo jurídico y posibles cambios en el gabinete

La crisis institucional ha puesto la lupa sobre dos elementos críticos para el futuro del municipio:

• El riesgo antijurídico: La reiterada pérdida de recursos de amparo (tutelas) pone en tela de juicio la solidez de la defensa legal de Popayán. A esto se suman interrogantes desde sectores políticos sobre la influencia en la toma de decisiones del contratista Andrés Joaquín Cuéllar, quien actualmente y presuntamente mantendría múltiples vínculos contractuales con diversas entidades públicas.
• La continuidad en Hacienda: En medio de la turbulencia, genera preocupación en el sector económico de la ciudad la posible salida de la secretaria Juliana Sarmiento, considerada una de las cuotas técnicas más sólidas del actual gabinete. Extraoficialmente, circulan versiones sobre presiones políticas que buscarían entregar esta cartera a sectores ajenos al rigor técnico que exige el manejo de las finanzas públicas.

Este enfrentamiento no es una simple anécdota administrativa; representa un riesgo directo para el erario de Popayán. Cuando las dependencias clave de un municipio (Hacienda, Tesorería y Jurídica) no logran articularse frente a un mandato de un Tribunal Superior, la ciudad queda expuesta a multas, intereses de mora y sanciones disciplinarias. Además, refleja una preocupante fragilidad en la gobernanza local que debilita la confianza ciudadana en la capacidad de la Alcaldía para resolver los problemas estructurales de la capital caucana.

Popayán requiere una gerencia pública cohesionada y blindada de intereses particulares. La ciudad no puede permitirse que la falta de articulación interna derive en crisis que terminen pagando los contribuyentes. Queda en manos del alcalde Muñoz Bravo tomar decisiones gerenciales que devuelvan el orden, prioricen el rigor técnico en la defensa jurídica y garanticen la protección de los recursos públicos.

Ante este panorama de fragmentación, es imperativo que el Concejo Municipal de Popayán abandone su actitud pasiva y asuma con rigor su función de control político; la ciudad no puede ser testigo silencioso de cómo las rencillas personales en el gabinete comprometen el patrimonio público. Asimismo, la ciudadanía debe encender las alarmas ante la posibilidad de un retroceso técnico en la Secretaría de Hacienda. Sería una auténtica tragedia administrativa que una dependencia que hoy goza de rigor y resultados, termine convertida en un botín burocrático para el "eterno candidato" Carlos Alegría, bajo la figura de interpuesta persona. El manejo de las finanzas de la capital caucana exige profesionales idóneos y autonomía técnica, no premios de consolación para campañas fallidas ni cuotas políticas que pongan en riesgo la estabilidad económica del municipio.

Esta noticia se encuentra en desarrollo. PeriódicoVirtual.com está a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de la Alcaldía de Popayán para ampliar la información.

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