¿Tienen conocimiento la Gobernación del Cauca y la Alcaldía de Popayán sobre la presunta tercerización y vínculos políticos con la Fundación Grupo Social con Dignidad?

La publicación de pantallazos de un grupo de WhatsApp, inicialmente divulgados ayer por el medio de comunicación NC Cauca, ha generado una creciente polémica en el departamento del Cauca

¿Tienen conocimiento la Gobernación del Cauca y la Alcaldía de Popayán sobre la presunta tercerización y vínculos políticos con la Fundación Grupo Social con Dignidad?

Los mensajes pertenecen a un grupo de WhatsApp liderado, presuntamente, por Marta Hoyos, directora de la Fundación Grupo Social con Dignidad, y han encendido cuestionamientos sobre posibles irregularidades en la relación entre esta organización, miembros de la administración pública y el manejo de contratos.

En los mensajes supuestamente compartidos, Marta Hoyos afirma que los miembros de la fundación, muchos de los cuales trabajan supuestamente en la Alcaldía de Popayán y la Gobernación del Cauca, deben cumplir con aportes económicos obligatorios y obedecer directrices políticas. Entre los mensajes, uno de los más dicientes señala: “También les comento k anden en reuniones políticas sin autorización de la fundación. Serán retiradas y como ya saben nosotros recibimos directrices y por supuesto ante todo la lealtad de kienes nos tienen trabajando”.

Otro mensaje de la señora Hoyos pone en entredicho el proceso de contratación pública, al afirmar: “Aquí hay mucho técnico que se cree gerente empresa o mejor dicho secretario de despacho y como todos saben la cara visible soy yo. Algunos que nadie daba un peso por ellos y gracias a mí están donde están”.

De manera aún más preocupante, un participante del grupo, identificado como Carlos Manuel R., agrega: “Sí señora, así es… Hoy fui testigo que si movió mi contrato fue por su gestión, usted es quien mueve o pone a”, lo que podría sugerir que las contrataciones estarían mediadas por gestiones de carácter político y no por méritos profesionales.

Preguntas para las administraciones departamental y municipal

Ante la gravedad de estos señalamientos, surgen varias preguntas que requieren respuestas claras y contundentes por parte de las administraciones lideradas por Octavio Guzmán, gobernador del Cauca, y Juan Carlos Muñoz Bravo, alcalde de Popayán:

  1. ¿Tienen conocimiento la Gobernación del Cauca y la Alcaldía de Popayán sobre las presuntas prácticas de tercerización laboral y manejo de contratos relacionadas con Marta Hoyos y su Fundación Grupo Social con Dignidad?
  2. ¿Qué medidas de control existen para garantizar la transparencia en los procesos de contratación pública y evitar que sean manipulados por actores externos a las entidades?
  3. ¿Han realizado auditorías o revisiones sobre los contratos que podrían involucrar a Marta Hoyos o a miembros de su familia, y qué conclusiones se han obtenido al respecto?
  4. ¿Qué posición tienen las administraciones frente a los mensajes en los que se insinúa que las decisiones de contratación estarían influenciadas por la directora de la fundación?
  5. ¿Qué acciones tomarán las administraciones para investigar si los contratos de las entidades públicas están siendo utilizados para beneficiar intereses políticos o personales?

Es necesario que tanto la Gobernación del Cauca como la Alcaldía de Popayán se pronuncien de manera pública sobre estas denuncias y aclaren si tienen conocimiento de estas prácticas o si están investigando posibles irregularidades.

Además, los mensajes filtrados exigen una revisión detallada de los contratos públicos y de las relaciones entre los miembros de la fundación y las administraciones municipales y departamentales. La ciudadanía tiene derecho a conocer si los recursos públicos y las oportunidades laborales están siendo utilizados de manera ética y legal.

Será responsabilidad de las autoridades competentes determinar si la señora Marta Hoyos, en su calidad de representante de la Fundación Grupo Social con Dignidad, ha incurrido en algún delito en el marco de los hechos denunciados. Las investigaciones deberán esclarecer si las prácticas mencionadas, que incluyen presuntos manejos indebidos de contratos y posibles presiones políticas, violan la legislación vigente en Colombia. Mientras no se emitan fallos oficiales, cualquier señalamiento debe ser tratado con prudencia, respetando el debido proceso y garantizando el derecho a la defensa de los involucrados.

En aras de garantizar un equilibrio informativo y promover la transparencia, compartimos con nuestros lectores el comunicado emitido por la Fundación Grupo Social con Dignidad en respuesta a las denuncias presentadas. Este pronunciamiento busca aclarar su posición frente a los señalamientos, ofreciendo su versión de los hechos y reiterando su compromiso con los principios que rigen sus actividades. Invitamos a nuestros seguidores a revisar este comunicado para conocer todos los puntos de vista relacionados con este caso.

Desde este medio de comunicación, reafirmamos nuestro compromiso con la verdad y la objetividad, y seguiremos atentos a los pronunciamientos oficiales de las entidades implicadas, así como a cualquier avance en las investigaciones que puedan surgir de este caso.