TikTok en la mira: más de 200 cuentas eliminadas por promover reclutamiento forzado

Reclutamiento de menores en Colombia se redujo un 18 % en el primer trimestre de 2025, segùn Ministerio de Defensa.

TikTok en la mira: más de 200 cuentas eliminadas por promover reclutamiento forzado

Entre enero y marzo de 2025, el reclutamiento ilícito de menores en Colombia disminuyó un 18 %, según cifras presentadas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ante el Congreso de la República.

De acuerdo con el funcionario, esta reducción es resultado de las acciones articuladas por el Estado en materia de prevención, atención a las víctimas y judicialización de los responsables.

Durante este trimestre, un total de 704 menores fueron rescatados de las filas de grupos armados ilegales, mientras que 13 personas fueron capturadas por su vinculación directa con este delito, que sigue siendo cometido principalmente por las disidencias de las Farc y el ELN.

Según datos de las Fuerzas Militares, el 81 % de los menores recuperados pertenecían a estructuras armadas de las disidencias, lo que refleja la persistencia de estas organizaciones en el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.

Redes sociales bajo vigilancia

El Ministerio de Defensa también informó la detección de 57 cuentas en redes sociales asociadas al reclutamiento forzado, las cuales se encuentran actualmente en etapa de judicialización.

En cuanto a la red social TikTok, el Centro Cibernético de la Dijín ha gestionado la eliminación de 217 cuentas, de un total de 319 reportadas. Las cuentas restantes están en proceso de bloqueo o suspensión.

Regiones con mayor riesgo

Las zonas más afectadas por esta práctica continúan siendo Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Norte de Santander. En estos territorios, el Gobierno nacional ha desplegado el Plan de Choque por la Vida y la Seguridad, una estrategia que busca proteger a la niñez frente al accionar de los grupos armados.

El ministro Sánchez destacó que las operaciones para prevenir el reclutamiento ilícito se desarrollan de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación y en articulación con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, en cumplimiento del compromiso del Estado de garantizar los derechos de la infancia en las regiones más vulnerables.