Tres meses después del terremoto, la reconstrucción no arranca: solo está asegurado el 14% de los recursos

Noventa días. Ese es el tiempo que ha transcurrido desde que un sismo de magnitud 7,4 estremeció a Colombia el pasado 10 de agosto, dejó más de 123.000 viviendas destruidas o inhabitables y afectó a cerca de 776.000 personas. Y, pese a los anuncios, las donaciones y la creación de un fondo especial para atender la emergencia, la reconstrucción todavía no comienza.

La conclusión no viene de la oposición ni de las redes sociales. La formula la Defensoría del Pueblo en un informe que pone cifras a una sospecha que crecía desde hace semanas: el plan de recuperación no tiene con qué pagarse.

El hueco: 50 billones de pesos
Según el documento de la entidad que dirige Iris Marín, el costo total de la recuperación se calculó en 58,29 billones de pesos. De ese monto, solo se han identificado fuentes de financiación por 8,21 billones. Es decir, existe una brecha de 50,08 billones de pesos, y apenas el 14% de lo planificado cuenta con respaldo real.

"En consecuencia, el Plan de Acción Específico (PAE) no cuenta todavía con financiación asegurada para la totalidad de las intervenciones previstas", advierte la Defensoría. El PAE es el instrumento que, por ley, ordena la gestión del Estado después de una calamidad o un desastre. Sin plata garantizada, es un plan sobre el papel.

Lo más llamativo del informe es la precisión con la que describe lo poco que sí es seguro. "La única fuente con monto y cronograma ciertos corresponde a una adición al Presupuesto General de la Nación por 624.656 millones, proveniente de un crédito contingente con el Banco Mundial", señala el texto. Todo lo demás —incluidas las donaciones de celebridades y organismos internacionales ampliamente publicitadas en los primeros días de la tragedia— aún no se traduce en recursos con fecha y destino definidos.

El Ejecutivo de Abelardo de la Espriella no niega la cifra, pero sí la interpretación. Hace dos días, el vocero presidencial Miller Soto reconoció que los 624.656 millones corresponden apenas a una primera fase. "Es apenas la primera gota de un balde mucho más grande", dijo, y atribuyó los cuestionamientos a "voces malintencionadas que buscan sembrar dudas sobre el manejo de los recursos". Soto anunció que el Gobierno prepara un segundo desembolso de unos 375.344 millones de pesos.

Sumados ambos montos, el país tendría cerca de un billón de pesos para una reconstrucción tasada en 58. La diferencia es la que preocupa a la Defensoría.

El vehículo diseñado para administrar esos recursos, el Fondo Patria Milagro, también acumula críticas. Su estructuración y puesta en marcha tardó casi dos meses, un retraso que, en la práctica, significó que durante buena parte de este tiempo no hubo una entidad operando para ejecutar el dinero de la emergencia.

Un subsidio que se acaba antes de que haya casas
Mientras las cuentas grandes no cuadran, las medidas pequeñas se agotan. El subsidio de arrendamiento para las familias que perdieron su vivienda —1.500.000 pesos mensuales, unos 450 dólares— fue diseñado para tres meses. Ese plazo está por vencer.

El problema, señala la Defensoría, es que la reconstrucción de las viviendas "puede extenderse entre 12 y 18 meses", por lo que la ayuda "resulta insuficiente frente a los tiempos estimados". A eso se suma un fenómeno que el informe describe con crudeza: "la escasez de viviendas disponibles, que ha llevado a algunas familias a regresar a lugares que no ofrecen condiciones adecuadas de seguridad". Es decir, hay damnificados volviendo a casas que el terremoto dejó a punto de caerse.

Hasta ahora no se ha iniciado la construcción de ninguna de las viviendas prometidas para quienes lo perdieron todo.

La Defensoría documentó 15 alojamientos temporales activos en Buenaventura (Valle del Cauca) y en los departamentos de Quindío y Risaralda, donde permanecían 457 personas. Pero advierte que no existen protocolos claros para cerrarlos ni alternativas habitacionales para quienes deban abandonarlos.

La situación es especialmente delicada para mujeres, niñas, niños y adolescentes. Dentro de los albergues no se han activado rutas de atención frente a violencias basadas en género, y tampoco hay garantías de entornos seguros una vez las familias salgan de ellos.

Para recibir cualquier ayuda, los damnificados debían inscribirse en el Registro Único de Damnificados. Ese requisito se convirtió en una barrera. La Defensoría identificó obstáculos para incorporar nuevos registros, corregir inconsistencias o reportar daños ocurridos después de la fecha de cierre. "Esta situación puede impedir que familias afectadas accedan a las ayudas, pues el registro es un requisito para recibirlas", alerta la entidad.

Las cifras ilustran la magnitud del enredo: solo en Risaralda se detectaron más de 70.000 inconsistencias, y por ellas 3.098 familias de Pereira —una de las ciudades más golpeadas por el sismo— aún no han podido cobrar el beneficio.

En Cali el panorama es similar. El senador Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, responsabiliza a funcionarios de alcaldías y gobernaciones del Valle del Cauca por las fallas en la información: "Metieron mal los datos", ha afirmado en sus redes sociales.

Ocampo se ha convertido en el principal fiscalizador político de la reconstrucción. Ha interpuesto decenas de tutelas en todo el país para hacer veeduría al dinero, y una de ellas apuntó a la Fundación Colombia, Luz y Sonrisas, cuya representante legal es la primera dama, Ana Lucía Pineda.

Por orden de un juez, la fundación informó haber recibido donaciones por 54.000 millones de pesos, la mayoría provenientes de la familia Gilinski. Para el senador, sin embargo, la respuesta no cumple lo ordenado por la justicia, pues no incluye soportes ni registros contables.

Este martes, al cumplirse tres meses del desastre, Ocampo anunció que seguirá acudiendo a los estrados: "Noventa días del terremoto y no pasa nada: no hay reconstrucción, la gente sigue aguantando hambre, la gente sigue tirada en carpas y en cambuches".

El Gobierno insiste en que los recursos llegarán por fases. La Defensoría advierte que, mientras tanto, los plazos de las ayudas temporales se vencen, los albergues no tienen plan de cierre y el censo sigue dejando familias por fuera. Entre una promesa y una alerta, 776.000 colombianos esperan que la reconstrucción pase del discurso a la obra.