Tribunal ordena cárcel para Luis Fernando Velasco por caso de corrupción en la UNGRD

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, pese a que la Fiscalía había solicitado prisión domiciliaria.

La decisión se da al considerarlos presuntas cabezas del entramado de corrupción que habría operado al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La magistrada Aura Alexandra Rosero, de la Sala Penal, explicó que el hecho de que los exfuncionarios ya no ejerzan cargos públicos no elimina el riesgo procesal.

Según indicó, la Fiscalía logró demostrar que las conductas investigadas trascendían el ejercicio formal del cargo y se apoyaban en redes políticas, administrativas y relacionales previamente consolidadas, que habrían operado a través de terceros.

Rosero señaló que el riesgo no se relaciona con la movilidad física de los imputados, sino con su capacidad de articulación e intermediación dentro de estructuras complejas de criminalidad contra la administración pública.

Por ello, concluyó que la reclusión en un centro carcelario resulta una medida idónea, necesaria y proporcional.

La magistrada precisó que la decisión no se fundamenta en una posible fuga, sino en la necesidad de evitar una eventual rearticulación de las prácticas investigadas, como el direccionamiento contractual y la interferencia relacional propia de esquemas de corrupción de gran envergadura, riesgos que, según el Tribunal, no se neutralizan con medidas no privativas de la libertad.

Cabe recordar que hace algunas semanas la fiscal María Cristina Patiño imputó a Bonilla y Velasco por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. Ninguno de los exministros aceptó los cargos y ambos rechazaron los señalamientos.

Durante la audiencia, la magistrada fue enfática en señalar que, de acuerdo con los elementos presentados por la Fiscalía, los exministros no habrían actuado de manera aislada, sino desde posiciones de liderazgo dentro de un acuerdo criminal organizado, orientado a la comisión reiterada de delitos contra la administración pública.

Según el Tribunal, los entonces funcionarios habrían articulado y coordinado, a través de terceros, un esquema de direccionamiento contractual en entidades como la UNGRD y el Invías, con el propósito de asegurar mayorías legislativas para la aprobación de proyectos de ley y operaciones de crédito público, utilizando recursos del erario.

Finalmente, la magistrada Rosero concluyó que la Fiscalía cumplió con la carga argumentativa y probatoria requerida, demostrando que las medidas no privativas de la libertad resultan insuficientes para neutralizar los riesgos identificados en el proceso.