Urgente llamado a restaurar el orden urbano en Popayán: hacia una ciudad moderna y sostenible

Desde el terremoto de 1983, Popayán ha experimentado un desarrollo urbano desordenado que amenaza su sostenibilidad y calidad de vida.

La proliferación de urbanizaciones ilegales responde principalmente a dos factores: la urgente necesidad de vivienda de la población y la deficiente supervisión de las autoridades. Esta situación se agrava con señalamientos de presunta connivencia entre funcionarios municipales y urbanizadores irregulares, e incluso existen acusaciones sobre la participación directa de un exalcalde en estos desarrollos inmobiliarios no autorizados. Ante esta problemática, es imperativo fortalecer la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como instrumento rector para restaurar el desarrollo urbano ordenado y sostenible de la ciudad.

La ocupación, construcción y desarrollo de soluciones de vivienda sin cumplir las normas de protección de fuentes y rondas hídricas se han multiplicado sin control, consecuencia de la falta de una política pública que garantice el derecho a una vivienda digna para miles de familias que viven en arriendo, en posadas, arrimadas o en la calle. Según estimaciones de las Organizaciones Populares de Vivienda (OPV), Popayán requiere al menos 30,000 nuevas unidades de vivienda.

El Decreto 3275, emitido en la administración de Juan Carlos López, fue un logro de la presión ciudadana y de las familias movilizadas en las calles, seguido de la aprobación del Acuerdo 024 de 2021, que implementó el impuesto a la plusvalía para desarrolladores. Este marco buscaba dar cumplimiento a la Ley 388 de 1997, que exige la creación de un Banco de Tierras y la posible conformación de una Empresa Mixta de Renovación Urbana que permita la participación activa de las OPV en la ejecución del nuevo POT, centrando el ordenamiento territorial en la protección del agua.

Sin embargo, la realidad ha demostrado que lo actuado desde la administración de Juan Carlos López Castrillón ha sido un engaño, beneficiando únicamente a aquellos que se dedican al lucrativo negocio del volteo de tierras. Es fundamental que las comunidades comprendan la importancia y urgencia del nuevo POT, pues afectará sus vidas y podría ser la brújula para recuperar el orden en la planeación de la ciudad. Un ejemplo claro de la expansión urbana descontrolada se observa en la zona rural de Cajete.

En 2010, durante la administración del doctor Francisco Fuentes, líderes comunitarios y defensores del agua denunciaron la construcción del barrio Voces de Esperanza sin que se tomaran medidas. Hoy, la historia se repite en Cajete con el proyecto Bellavista, donde ya se han destruido tres nacimientos de agua. Las denuncias fueron interpuestas hace más de un mes, pero la cuestionada CRC aún no ha realizado inspección alguna.

¿Por qué sucede esto, doctor Amarildo Correa? ¿Es política de la CRC ignorar a las comunidades? Quienes denunciaron en su momento enfrentaron amenazas, que incluyeron al funcionario a cargo de la Inspección Urbanística de la ciudad. Este patrón de intimidación y corrupción se extiende a veredas como Torres, Puelenje, Figueroa, Julumito, Santa Rosa, San Bernardino, Calibío y La Rejoya, todas sometidas a la lógica destructiva del negocio de volteo de tierras.

El cierre del antiguo relleno El Ojito fue visto como una oportunidad para continuar con la destrucción que antes había impactado negativamente el humedal Los Tejares, en un episodio liderado por el fallecido exconcejal Luis Sánchez y sus aliados. El entonces diputado Amadeo Cerón Chicangana, junto a destacados líderes como Hugo Oviedo, Víctor Sánchez y Fanny Mera (QEPD), lograron clausurar un problema ambiental crucial. Sin embargo, tras este cierre, el negocio de volteo de tierras renació con los herederos de Sánchez.

La expansión urbana promovida por ellos dio origen a "asociaciones de vivienda" supuestamente legales y a constructoras como CONSTRUSOCIAL, que, con el respaldo del "Pollo López", recibió un jugoso contrato del Ministerio de Vivienda para ejecutar proyectos en el Cauca. Así, mientras CONSTRUSOCIAL seca el humedal La Victoria en Julumito, sus aliados políticos preparan el terreno para la próxima contienda electoral legislativa.

Para las organizaciones de vivienda movilizadas, no hubo respuesta seria por parte de la administración del "Pollo López"; solo han recibido dilaciones y promesas incumplidas, mientras que a aliados como CONSTRUSOCIAL y otros urbanizadores irregulares se les ha facilitado el camino para destruir humedales y rebanar lomas, sin que las autoridades y Curadurías intervengan. El otorgamiento de licencias no se hizo esperar.

¿Quién responde por esto? A pesar de los esfuerzos de organizaciones comunitarias para denunciar el daño ambiental, la destrucción continúa en toda la ciudad: la compra de fincas y la subdivisión en lotes se realizan sin respetar las normativas, sin planificación que integre los ecosistemas y sin espacios para recreación, deporte o cultura. El resultado es un caos urbano que solo beneficia a los especuladores de tierras.

Ciudades como Medellín y Bogotá han avanzado en este sentido, implementando proyectos de movilidad sostenible y recuperación de espacios públicos. Las cifras son alarmantes: se estima que más del 30% del crecimiento urbano en Popayán en las últimas décadas ha sido informal, sin respetar las normativas ambientales y urbanísticas. Esta expansión descontrolada genera problemas de infraestructura, aumenta los riesgos de desastres naturales y deteriora la calidad de vida al sostener un negocio oscuro.

Hacemos un llamado fuerte y contundente al actual alcalde, Juan Carlos Muñoz Bravo, quien prometió en campaña recuperar a Popayán. Sabemos que ha sido difícil gestionar el desorden heredado, pero urge recomponer su equipo de trabajo y contratar funcionarios con experiencia administrativa. Creemos que quien ocupa tan alta dignidad tiene la capacidad de liderar los cambios que Popayán necesita.

Es imprescindible que la Secretaría de Planeación Municipal avance en la construcción e implementación de un POT que proteja la vida, no solo de los seres humanos, sino de todos los ecosistemas con los que coexistimos. CAMACOL, como gremio de constructores legales que también han contribuido a esta problemática, debe pronunciarse, exigir y actuar para detener la destrucción de los ecosistemas.

Es momento de reconocer que la codicia y el afán de lucro han sido y son la única motivación de quienes se dedican al volteo de tierras, donde no existe defensa de un derecho fundamental como el derecho a una vivienda digna. El poder de estas organizaciones parece someter a instituciones como la CRC, las Curadurías y la Procuraduría Ambiental, y sus vínculos con políticos y empresarios revelan la urgencia de seguir denunciando, para que en tales instituciones el cumplimiento de la ley sea una realidad y quienes exigimos el respeto a la vida no debamos vivir bajo la amenaza de oscuros intereses.