URT alerta por fallo que pone en riesgo derechos territoriales de comunidades indígenas de la Sierra Nevada
Su reconocimiento jurídico, indicó la URT, ha sido resultado de procesos históricos de concertación y de decisiones judiciales orientadas a garantizar derechos fundamentales y la protección de la diversidad étnica y cultural del país.
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) expresó su profunda preocupación frente al reciente fallo del Consejo de Estado que anuló el Decreto 1500 de 2018, instrumento que reconocía la Línea Negra como delimitación espiritual y cultural del territorio ancestral de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
En un comunicado fechado el 20 de febrero de 2026, la entidad señaló que la Línea Negra constituye un referente fundamental para la protección de los derechos territoriales, culturales y espirituales de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo.
Su reconocimiento jurídico, indicó la URT, ha sido resultado de procesos históricos de concertación y de decisiones judiciales orientadas a garantizar derechos fundamentales y la protección de la diversidad étnica y cultural del país.
Según la entidad, la anulación del decreto genera un escenario de incertidumbre frente a la protección integral de las comunidades indígenas y al ejercicio efectivo de la autonomía de sus autoridades, reconocidas constitucionalmente como guardianas ambientales y culturales en sus territorios.
La URT reiteró que la garantía del derecho al territorio es un pilar esencial para la reparación integral de los pueblos indígenas víctimas del conflicto armado, así como para la consolidación de la paz y la sostenibilidad ambiental.
Además, subrayó que su protección no solo responde a un mandato constitucional e internacional, sino que es una condición necesaria para la pervivencia física y cultural de las comunidades originarias.
Finalmente, la entidad hizo un llamado respetuoso a las instituciones del Estado para que, en el marco de sus competencias, se adopten las medidas necesarias que aseguren la protección efectiva de los derechos territoriales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como el fortalecimiento del diálogo institucional con sus autoridades legítimas.
“La defensa del territorio ancestral es también la defensa de la vida, del equilibrio ambiental y del futuro en común”, concluyó la Unidad de Restitución de Tierras.