(video) Orden judicial ignorada: La verdad oculta tras las multas de transito en Popayán y el millonario negocio de un privado

Derechos ciudadanos se ha convertido en una batalla de resistencia burocrática. A pesar de la sentencia histórica lograda por la firma de abogados JM y el concejal José Luis Diago Franco, que obliga a la anulación masiva y automática de multas prescritas, la Secretaría de Tránsito de Popayán mantiene las trabas. Una investigación de PeriódicoVirtual.com destapa hoy la razón de fondo: un sistema financiero donde los intereses de un socio privado parecen pesar más que una orden judicial inapelable.

Un derecho ignorado: La carga de la prueba

El corazón del conflicto legal yace en el Artículo 159 del Código Nacional de Tránsito. La norma es clara: las multas prescriben por el paso del tiempo y la autoridad tiene el deber de declararlo "de oficio". Es decir, la Secretaría debe borrar la deuda automáticamente, sin que el ciudadano lo pida.

Sin embargo, en Popayán, la administración ha invertido ilegalmente esta carga, obligando a los usuarios a navegar trámites engorrosos. La sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca no crea un derecho nuevo, sino que le ordena a la administración cumplir la ley y depurar sus bases de datos en un plazo perentorio de dos meses.

"El fallo confirma que la carga de depurar las bases de datos y eliminar las multas prescritas recae sobre el gobierno, no sobre usted", señala la investigación.

El socio sorpresa: 80% para el privado

¿Por qué la resistencia a borrar deudas incobrables? El conflicto de intereses se hace evidente al analizar la distribución del dinero recaudado, especialmente en las fotomultas gestionadas tecnológicamente. La repartición de cada peso que paga un payanés es alarmante:

• 80% va a la empresa privada Quipux.
• 10% para el SIMIT (Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito
• 10% ingresa realmente a las arcas del Municipio.

Este esquema crea un incentivo perverso: cada multa que se anula por prescripción es una pérdida directa para el flujo de caja del operador privado. "Es inadmisible que la Secretaría, en lugar de atender una orden judicial, esté dando una pelea y vueltas al asunto para beneficiar a un privado", sentencia la fuente de la investigación.

Excusas y dilación: La estrategia oficial

Frente al mandato judicial, la respuesta de la Secretaria de Tránsito, Lizeth Vanessa Plazas Quibano, ha sido calificada como una táctica dilatoria. La funcionaria ha solicitado una "aclaración" al Tribunal sobre la sentencia, una maniobra jurídica que, según expertos, busca ganar tiempo.

Más preocupante aún es que la funcionaria ha afirmado no saber cuántas multas deben ser anuladas, una declaración difícil de justificar tras casi dos años en el cargo y contando con sistemas de información avanzados. El Tribunal fue contundente al otorgar el plazo de dos meses precisamente porque la información ya debería estar sistematizada.

El riesgo del desacato

La negativa a acatar el fallo no es solo un problema administrativo; es un riesgo legal. Los funcionarios involucrados, incluyendo al equipo jurídico y potencialmente salpicando al Alcalde, se exponen a sanciones por desacato. La erosión de la confianza pública es palpable: una administración que prefiere proteger un modelo de negocio antes que garantizar los derechos de sus gobernados.

La encrucijada de la ciudad

Este caso trasciende las multas de tránsito; es el reflejo de una tensión fundamental en la gestión pública de Popayán.

• Por un lado: Una orden judicial histórica que busca aliviar el bolsillo de los ciudadanos castigados por procesos administrativos ineficientes.
• Por el otro: Una burocracia que presenta excusas técnicas, coincidentemente alineadas con la protección de los ingresos de una empresa privada.

La pregunta que queda en el aire para los entes de control y la ciudadanía es: ¿Actuarán finalmente los funcionarios de Popayán para defender la ley, o seguirán "dando la pelea" para proteger los beneficios del particular?

Desde Periódico Virtual, bajo la dirección de James Ruiz, continuaremos haciendo seguimiento al reloj de los dos meses que impuso la justicia.

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