Acción popular frena obras en el proyecto Llano Verde, en zona rural de Popayán

El Tribunal Administrativo del Cauca admitió una acción popular presentada por el ciudadano Carlos Manuel Bahos Chaguendo y otros contra la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), el municipio de Popayán, la Fiscalía General de la Nación y varios particulares, y decretó medidas cautelares para frenar las obras del proyecto “Llano Verde”, en la vereda Santa Bárbara, por presuntos daños ambientales y urbanísticos.

¿Qué decidió el Tribunal?

En Auto 416 del 18 de noviembre de 2025, con ponencia de la magistrada Zuldery Rivera Angulo, el Tribunal ordenó a la CRC y al municipio de Popayán, con apoyo de la Policía Nacional, hacer cumplir de forma inmediata las órdenes de suspensión de toda obra o actividad en los predios identificados con matrículas inmobiliarias 120-250043 y 120-250044, donde se adelanta el proyecto “Llano Verde”.

La decisión incluye:

• Suspender toda obra y actividad de remoción de tierra, construcción, subdivisión y parcelación en el proyecto.
• Evitar la continuidad de la venta de lotes para viviendas campestres sin las licencias urbanísticas correspondientes.
• Instalar una valla en lugar visible, junto a la vía de ingreso al inmueble, informando que está prohibida la subdivisión del predio y la venta de lotes, citando expresamente las decisiones administrativas que ordenan la suspensión.

El Tribunal también admitió formalmente la demanda y otorgó un plazo de diez días a las entidades y particulares demandados para contestar, aportar pruebas y pronunciarse sobre los hechos expuestos en la acción popular.

Las denuncias de la comunidad: tala, movimientos de tierra y venta de lotes

La acción popular se remonta a marzo de 2023, cuando habitantes de la vereda Santa Bárbara detectaron movimientos de tierra en el predio “Llano Verde”, atravesado por las quebradas La Honda y Filipilla, afluentes del río Molino, que abastece más del 10 % del acueducto de Popayán.

De acuerdo con la demanda y los documentos aportados al expediente:

• El 14 de marzo de 2023 se denunció ante la Secretaría de Planeación Municipal y la CRC una presunta parcelación ilegal y daño ambiental.
• La CRC respondió imponiendo una medida preventiva de suspensión de obras mediante la Resolución DTC-468 del 18 de abril de 2023.
• Pese a ello, los demandantes reportaron que las actividades continuaron con maquinaria amarilla, remoción de tierra y adecuación de vías internas.

Además, en redes sociales se habría promocionado el proyecto “Llano Verde” con planos de venta de lotes, lo que refuerza la tesis de un proceso de urbanización sin licencias y al margen de la normativa urbanística vigente para el suelo rural de Popayán.

Hallazgos de CRC, Planeación y Gestión del Riesgo

Las visitas técnicas de diferentes autoridades dan cuenta de un escenario grave para el medio ambiente y la seguridad de la zona:

• La CRC reportó remoción de tierra, depósito de material cerca de afloramientos de agua sin medidas de manejo y, posteriormente, la tala de aproximadamente 80 árboles nativos sin permiso.
• La Oficina de Gestión del Riesgo del municipio emitió un concepto técnico en el que señaló un riesgo alto (2,8 %) y medio (97 %) por movimientos en masa en el área intervenida.
• La Inspección de Policía Urbanística abrió un proceso y ordenó la suspensión de obras por falta de licencia urbanística, lo que refuerza la presunta irregularidad del desarrollo.

Pese a estas decisiones, los informes técnicos posteriores indican que las obras y la comercialización de lotes continuaron, lo que llevó a los accionantes a acudir al Tribunal Administrativo del Cauca para buscar una protección más efectiva de los derechos colectivos.

Autonomía de la Fiscalía: Tribunal niega la medida sobre el proceso penal

Dentro de las medidas cautelares solicitadas, los demandantes pidieron que se ordenara a la Fiscalía General de la Nación impulsar la noticia criminal abierta el 21 de marzo de 2023 por presunta urbanización ilegal.

El Tribunal, sin embargo, rechazó esta pretensión al considerar que no puede intervenir en la dirección de las investigaciones penales, pues la Fiscalía goza de autonomía funcional según el artículo 250 de la Constitución. Cualquier orden directa sobre el avance de un proceso penal sería contraria al principio de separación de poderes y excedería el alcance preventivo y restaurativo de la acción popular.

El caso “Llano Verde” trasciende un conflicto puntual entre particulares y autoridades: pone en el centro del debate el modelo de ocupación del suelo rural en Popayán, la protección de las fuentes hídricas que abastecen el acueducto y la capacidad real del Estado para hacer cumplir sus propias decisiones. Cuando un proyecto avanza sobre quebradas estratégicas del río Molino, en una zona con riesgo por movimientos en masa y con evidencias de tala sin permiso, no se trata de un simple trámite: es la calidad de vida presente y futura de la ciudad la que está en juego.

Urbanización campestre y presión sobre el suelo rural

En los últimos años se han multiplicado los proyectos de “parcelas campestres” en el entorno rural de Popayán, muchas veces promovidos primero en redes sociales y regularizados después, cuando se regularizan, trasladando a la comunidad los costos ambientales, de riesgo y de infraestructura.

Este caso abre una discusión necesaria:

• ¿Quién controla realmente la expansión de estos proyectos?
• ¿Hasta dónde se respetan las determinantes ambientales y de riesgo?
• ¿Qué mecanismos tiene la ciudadanía para detener proyectos que afectan bienes colectivos como el agua y la estabilidad de los suelos?

La acción popular es justamente una de esas herramientas, y el Auto 416 muestra que los jueces contenciosos pueden pasar de las advertencias a las órdenes concretas cuando las medidas administrativas no se cumplen.

Lo que viene: plazos, respuestas y vigilancia ciudadana

Tras la admisión de la demanda, las entidades públicas accionadas y los particulares demandados cuentan con diez días para contestar, solicitar pruebas y controvertir los hechos. Paralelamente, el Tribunal ordenó informar a la comunidad sobre la existencia de esta acción popular a través de un medio masivo de comunicación, a cargo de la parte demandante.

Mientras avanza el proceso, el cumplimiento efectivo de las medidas cautelares, suspensión real de las obras, control en terreno y valla informativa visible, será la prueba de fuego para medir el compromiso institucional con la defensa del medio ambiente y el ordenamiento territorial en Popayán.

Este caso apenas comienza, pero ya envía un mensaje claro: cuando se tocan las fuentes de agua y se desconoce la planificación urbana, la comunidad tiene derecho a exigir freno y corrección, y los jueces pueden respaldar esa exigencia.

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