Alcaldía de López de Micay exige la liberación de ocho personas retenidas en zona rural del municipio
Organismos humanitarios y grupos sociales adelantan ya las acciones humanitarias para facilitar la liberación de estos ciudadanos.
La Alcaldía de López de Micay rechazó los hechos de violencia registrados en la comunidad de San Antonio, parte alta del río Micay, donde ocho habitantes permanecen retenidos tras una incursión armada denunciada por organizaciones de derechos humanos.
En un comunicado dirigido a la opinión pública, la administración municipal manifestó su preocupación por la situación ocurrida el pasado 3 de julio y solicitó la liberación inmediata de las personas retenidas, además de exigir garantías para proteger su vida e integridad.
"Expresamos nuestra profunda preocupación por la retención de ocho personas, hecho que vulnera sus derechos fundamentales y genera angustia en las familias micayceñas y nayeras", señaló el documento firmado por la Alcaldía.
La administración también hizo un llamado a las autoridades competentes para fortalecer las acciones que permitan el pronto regreso de los retenidos a sus hogares y reiteró su compromiso con la defensa de la vida y los derechos humanos.
Los hechos fueron denunciados por la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano "Francisco Isaías Cifuentes" y la Comisión de Derechos Humanos del Movimiento Étnico y Social del Pacífico (MESPA), organizaciones que atribuyen la incursión a un grupo de aproximadamente 35 hombres armados que, presuntamente, se identificaron como integrantes del ELN.
Según la denuncia, el grupo ilegal reunió a toda la comunidad del Consejo Comunitario San Joc, decomisó los teléfonos celulares de los habitantes y saqueó alimentos y enseres de tiendas y viviendas.
Posteriormente, los hombres armados retuvieron a 40 personas para obligarlas a transportar los víveres hurtados.
Las organizaciones indicaron que durante la madrugada del día siguiente fueron liberadas 32 personas, mientras que ocho continúan desaparecidas, sin que hasta el momento se conozca información sobre su paradero.
La Red de Derechos Humanos y MESPA solicitaron la intervención urgente de las instituciones del Estado y de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para verificar la situación de las personas retenidas y brindar acompañamiento a la comunidad.
Hasta ahora, las autoridades no han confirmado oficialmente la responsabilidad de algún grupo armado en estos hechos ni han entregado un balance sobre las acciones desplegadas para localizar a los ocho habitantes retenidos.
El caso vuelve a evidenciar la compleja situación humanitaria que enfrenta el río Micay, una de las zonas más afectadas por la presencia y disputa de grupos armados ilegales en el departamento del Cauca.