Autoridades arrodilladas frente a bloqueos que gobiernan.

Lo ocurrido el fin de semana en El Pital no es una protesta: es un acto de control territorial disfrazado de reivindicación social. Y lo más grave no es el bloqueo. Lo verdaderamente escandaloso es la respuesta del Estado: someterse. Porque aquí no hay autoridad. Hay espectadores con credencial oficial.  ¡La autoridad no se negocia, se ejerce! 

El libre tránsito, ese derecho elemental que debería ser sagrado, se convirtió en una concesión precaria que depende del humor del grupo que decida cerrar la vía. La Panamericana, columna vertebral del suroccidente colombiano, ya no es una carretera nacional: es un instrumento de presión. Y el Estado, en lugar de garantizar su funcionamiento, actúa como mediador entre quienes la bloquean y quienes la padecen. 

El mensaje es brutalmente claro: en Colombia no manda la ley, manda quien tenga la capacidad de paralizar el país. Y entonces aparece la escena repetida: bloqueo, crisis, mesa de diálogo. Bloqueo, crisis, mesa de diálogo. Un libreto desgastado donde la ilegalidad siempre obtiene asiento preferencial y la ciudadanía, esa que trabaja, paga impuestos y cumple la ley, queda reducida a daño colateral. Porque aquí no se protege al ciudadano: se administra su frustración. 

Popayán, en plena Semana Santa, uno de sus momentos económicos y culturales más importantes, enfrenta desabastecimiento, cancelaciones, pérdidas millonarias y una incertidumbre que ya es costumbre. Comerciantes quebrándose, turistas desistiendo, transportadores varados. Pero tranquilos: hay voluntad de diálogo. Siempre hay voluntad. Lo que no hay es autoridad. 

Y es aquí donde el sarcasmo se vuelve insuficiente y la indignación necesaria: ¿hasta cuándo el Estado arrodillado y genuflexo seguirá legitimando el chantaje? ¿Hasta cuándo se va a premiar la vía de hecho como mecanismo de negociación? Porque eso es exactamente lo que ocurre: quien bloquea obtiene atención, agenda, compromisos. Quien cumple la ley obtiene silencio. 

Se ha instalado una pedagogía perversa: no proteste dentro de la legalidad, porque eso no sirve. Bloquee. Presione. Paralice. Esa es la verdadera puerta de entrada al diálogo en Colombia. Y el Gobierno, local y nacional, no solo lo sabe, sino que lo reafirma cada vez que se sienta a negociar bajo presión. 

Las autoridades se escudan en la prudencia, en evitar confrontaciones. Pero lo que realmente están haciendo es renunciar a su deber más básico: proteger la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos. Porque cada bloqueo no es solo una incomodidad: es una vulneración masiva de derechos. Es un país detenido por la incapacidad, o la falta de voluntad, de ejercer autoridad. Aquí no hay equilibrio, hay claudicación. No hay gobernabilidad, hay permisividad. No hay liderazgo, hay miedo político disfrazado de diálogo. 

Y mientras tanto, el Cauca se acostumbra a vivir en una especie de estado de excepción informal donde las reglas cambian según quién esté bloqueando. Un territorio donde la institucionalidad llega tarde, negocia mal y se retira sin resolver. La pregunta ya no es si el Estado es débil. La pregunta es si el Estado todavía existe como autoridad real en esta región. 

Porque cuando un país permite que sus arterias principales sean cerradas una y otra vez sin consecuencias, lo que está en juego no es solo la movilidad: es la legitimidad misma del orden jurídico. Y en ese punto, lo que tenemos no es un problema de orden público. Es un problema de poder.