Autoridades indígenas alertan por 200 personas en riesgo tras cruentos combates en el Cauca

Los combates entre el Ejército y grupos armados ilegales reportados en la zona rural entre los municipios de La Sierra, Rosas y Sotará, Cauca, motivaron una alerta de las autoridades indígenas por sus consecuencias humanitarias. Según los voceros del pueblo yanacona, al menos 200 personas, entre ellas 120 niños, se encuentran en riesgo inminente por las confrontaciones.

El Cabildo Mayor, autoridad tradicional de ámbito nacional, rechazó los hechos de violencia que afectan al resguardo El Moral, en La Sierra, y exigió al Gobierno nacional y a los actores armados garantizar la protección de la población civil y respetar la autonomía de las comunidades.

De acuerdo con los reportes comunitarios, los enfrentamientos comenzaron durante la madrugada del jueves 10 de septiembre. Habitantes informaron sobre sobrevuelos de helicópteros, ráfagas de disparos y restricciones al tránsito hacia el corregimiento de Chapa, en La Sierra.

Las autoridades indígenas señalaron que la emergencia también afecta a la comunidad educativa congregada para el encuentro cultural y espiritual Sara Raimi. Advirtieron que la presencia de niños en medio de las confrontaciones aumenta la preocupación por la seguridad de quienes participan en estas actividades.

Según el Cabildo Mayor, los efectos del conflicto no se limitan al peligro inmediato de los disparos: también alteran la espiritualidad, las prácticas culturales y los procesos de formación de las nuevas generaciones.

“Necesitamos la libertad para seguir trabajando en nuestros territorios de acuerdo a nuestros planes de vida”, expresaron las autoridades, al rechazar que los territorios indígenas sean utilizados como escenarios de confrontación.

Los representantes comunitarios pidieron garantías para permanecer en sus lugares de origen y desarrollar sus actividades sin que la violencia los obligue a desplazarse.

Ante el riesgo denunciado, los voceros informaron que establecieron comunicación con la Defensoría del Pueblo y otras autoridades para buscar mecanismos de protección y evaluar una salida segura para la población.

“Estamos estableciendo una posible ruta humanitaria para poder sacar a esta población de este lugar”, explicaron.

También señalaron que mantienen contacto permanente con las autoridades indígenas y las comunidades afectadas, mientras buscan condiciones para habilitar un corredor humanitario. En las declaraciones, esta alternativa fue presentada como una gestión en curso, no como una evacuación ya realizada.

La exigencia está dirigida tanto a la fuerza pública como a los grupos armados: respetar a los civiles y evitar que las confrontaciones comprometan su seguridad. El principio de distinción del derecho internacional humanitario obliga a las partes a diferenciar entre civiles y combatientes y prohíbe dirigir ataques contra la población civil.

La preocupación tiene antecedentes documentados. En su informe Cauca: voces que resisten 2024-2025, la Defensoría del Pueblo identificó los enfrentamientos entre grupos armados, y entre estos y la fuerza pública, como causas del confinamiento y el desplazamiento de comunidades en el departamento. La entidad también advirtió sobre las consecuencias de estas situaciones para las prácticas culturales y la organización de los pueblos étnicos.

Para el Macizo Colombiano, el mismo documento describió la expansión del frente Andrés Patiño desde julio de 2025 hacia municipios con presencia histórica del ELN, entre ellos La Sierra y Rosas. Este antecedente permite comprender las disputas regionales, pero no establece qué estructura participó en los combates denunciados en esta ocasión.

Las autoridades yanaconas reiteraron su carácter de población civil organizada y no armada. Insistieron en que sus mecanismos de protección se sustentan en la organización comunitaria, la autonomía y la defensa de la vida, y reclamaron condiciones para recuperar la tranquilidad en sus territorios.