El informe llegó tarde y la obra también: Los Próceres desnuda la gestión de Muñoz Bravo

Con 19,88 % de avance físico reportado, un valor contractual ajustado de $41.910 millones y una posible moción de censura, la Avenida de los Próceres vuelve a poner contra las cuerdas a la Alcaldía de Popayán.

En Popayán parece haberse perfeccionado una curiosa modalidad de gestión pública: las prórrogas avanzan más rápido que las obras, los presupuestos crecen con mayor facilidad que el pavimento y las explicaciones llegan cuando la paciencia ciudadana ya se agotó.

La sesión del Concejo Municipal del lunes 9 de noviembre de 2026 dejó una imagen difícil de defender para la administración del alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo: un proyecto vial estratégico que, según las cifras expuestas en el debate reportado a este medio, apenas registra el 19,88 % de ejecución física, mientras acumula un atraso del 18,61 % y reajustes de precios superiores a los $7.700 millones.

El encuentro terminó con el levantamiento de la sesión, después de que los concejales cuestionaran tanto el contenido del informe como su entrega tardía. Además, quedó planteado un nuevo debate de control político con miras a una moción de censura contra la secretaria de Infraestructura, Nancy Liliana Rengifo.

Y pensar que esta administración llegó prometiendo recuperar Popayán. A juzgar por el estado de Los Próceres, todavía está intentando recuperar el cronograma.

Del “es un hecho” al atraso: las palabras del alcalde

El 12 de marzo de 2025, el alcalde Juan Carlos Muñoz publicó en su perfil de Facebook: “Es un hecho, iniciamos la construcción de la Avenida de los Próceres”. En esa misma publicación se refirió a una inversión superior a $3.300 millones destinada a la instalación de redes de acueducto y alcantarillado sanitario para facilitar la ejecución vial.

Es importante distinguir esas obras de redes del valor del contrato vial principal. Pero la distancia entre el optimismo del anuncio de marzo de 2025 y las cifras sometidas a debate en noviembre de 2026 permite formular una pregunta elemental: ¿cuándo podrán los ciudadanos utilizar efectivamente la avenida?

Los números que ninguna fotografía oficial puede maquillar

Las cifras del proyecto, conforme a los materiales de seguimiento y al reporte de la sesión, incluyen un valor contractual inicial cercano a $34.152 millones, un reajuste de precios de aproximadamente $7.757 millones y un total ajustado de $41.910 millones. El avance físico informado es de 19,88 % y el atraso acumulado reportado de 18,61 %.

En el debate también se señalaron dos suspensiones y once prórrogas. El reporte menciona cerca de $14.000 millones en recursos administrados por fiducia, cuya trazabilidad requiere diferenciar anticipo, pagos y movimientos efectivos.

Conviene precisar que los $7.757 millones corresponden a un reajuste contractual de precios. Su existencia no demuestra, por sí sola, un detrimento patrimonial ni una irregularidad. Lo que resulta legítimo exigir es que la administración explique su justificación técnica, su impacto financiero y los resultados obtenidos.

Porque una cosa es que una obra necesite ajustes razonables y otra muy distinta es que los ciudadanos terminen acostumbrándose a que cada dificultad produzca una modificación contractual, pero no necesariamente una vía terminada.

El Concejo perdió la paciencia; Popayán la perdió hace rato

Desde Ramiro Navia, pasando por Francisco Fuentes, César Cristian Gómez Castro y Juan Carlos López Castrillón, hasta llegar a Juan Carlos Muñoz Bravo, Popayán acumula promesas incumplidas, cuestionamientos por la privatización de servicios públicos y una deuda de resultados que sigue creciendo. Y aquí conviene recordar algo que algunos gobernantes parecen olvidar: lo público no es propiedad del alcalde de turno, ni de sus funcionarios, ni de los contratistas privados. Lo público es de todos los payaneses, porque se ha construido y sostenido con los recursos de la ciudadanía. Por eso, cada decisión que entrega su operación a particulares debe justificarse con transparencia y demostrar beneficios reales para la comunidad. Lo indignante no es únicamente que las administraciones prometan recuperar la ciudad y no cumplan; es que los ciudadanos terminen pagando por servicios que les pertenecen colectivamente, mientras las decisiones sobre su administración se alejan cada vez más del control ciudadano.

Uno de los episodios más cuestionados de la jornada fue la presentación tardía de la documentación. Según la relación de la sesión conocida por este medio, el concejal José Alexander Campo Montenegro denunció que el informe fue radicado a las 5:07 de la tarde, poco antes de la exposición, y que presentaba diferencias frente a información remitida anteriormente.

La secretaria Nancy Liliana Rengifo no realizó personalmente la exposición, por motivos de salud reportados durante la jornada, y la presentación quedó en manos del supervisor Luis Fernando Tovar. Los reparos llevaron a plantear el levantamiento de la plenaria y la convocatoria de un debate más riguroso.

Si la Secretaría tiene dificultades para entregar oportunamente un informe al Concejo, resulta inevitable preguntarse qué tan eficiente está siendo su coordinación de una obra de semejante complejidad.

Pero sería demasiado cómodo descargar toda la responsabilidad política sobre una secretaria. El alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo dirige la administración municipal y debe responder por las decisiones de su gobierno, la coordinación entre dependencias y los resultados de las inversiones públicas.

Su administración no adjudicó originalmente el contrato vial, celebrado en 2022. Recibió dificultades técnicas, ambientales, prediales y contractuales de años anteriores. Eso debe reconocerse. Sin embargo, heredar un problema no concede una licencia de cuatro años para administrarlo sin resolverlo.

PeriódicoVirtual.com lo advirtió: ahora las preguntas están en el Concejo

El 10 de septiembre de 2026, PeriódicoVirtual.com informó que la Procuraduría Provincial de Instrucción de Popayán solicitó el expediente contractual y los soportes técnicos y jurídicos de un reajuste superior a $7.700 millones. El requerimiento figura en el Oficio 1279, fechado el 7 de septiembre de 2026, dentro de una indagación previa relacionada con el contrato de la Avenida de los Próceres.

La Procuraduría no había establecido responsabilidades disciplinarias en el documento entonces conocido. La solicitud no demuestra una irregularidad, pero evidencia la importancia de examinar con rigor los soportes contractuales y los pagos.

Ahora las preguntas son todavía más urgentes: ¿cómo se justifican los reajustes?, ¿cuál es la ejecución real?, ¿qué recursos se pagaron y cuáles permanecen en fiducia?, ¿qué dificultades siguen pendientes y qué responsabilidades corresponden a cada entidad?

De prometer recuperar Popayán a explicar por qué sigue esperando

La Alcaldía ha defendido la reactivación de Los Próceres y ha informado sobre labores de alcantarillado, traslado de redes, estructuras de contención y adecuación de terrenos. Esas intervenciones existen dentro de la complejidad de la obra y no deben desconocerse.

Pero tampoco pueden convertirse en una excusa para relativizar el rezago. En junio de 2026, la administración reconocía que todavía adelantaba la gestión predial y los trámites ambientales correspondientes a los tramos 3 y 4.

Según lo expuesto en el reporte de la sesión, la fecha proyectada para la terminación se extiende hasta diciembre de 2027. La Avenida de los Próceres corre el riesgo de convertirse en una obra cuya principal inauguración, durante este gobierno, sea la de un nuevo plazo.

Habitantes del sector de Valle Robledo también han manifestado preocupaciones por vibraciones, posibles afectaciones a sus viviendas y asuntos prediales, de acuerdo con el reporte recibido. Tales denuncias requieren evaluación técnica; no prueban por sí solas que la obra sea la causa de los daños alegados.

La Personería agrega otra preocupación a Infraestructura

En la jornada también se conocieron cuestionamientos relacionados con obras comunitarias de presupuesto participativo. Según el reporte de la sesión, el personero municipal, Iván Daniel Oviedo, informó sobre actuaciones preliminares motivadas por denuncias de deterioro en intervenciones de 2025 y 2026 en María Oriente, comuna 5, y citó a la secretaria de Infraestructura para entregar explicaciones el 18 de noviembre.

El deterioro denunciado requiere inspección y verificación técnica antes de determinar sus causas y eventuales responsabilidades. Sin embargo, la situación plantea una pregunta incómoda: ¿qué controles de calidad se están ejerciendo sobre las obras que contrata y recibe el municipio?

¿Moción de censura o simplemente otro espectáculo político?

El Concejo tiene la oportunidad de demostrar que su inconformidad no se quedará en discursos encendidos frente a las cámaras. La eventual moción de censura contra la secretaria de Infraestructura debe tramitarse conforme a los requisitos constitucionales y con las garantías correspondientes: no constituye una destitución automática ni puede anticiparse su resultado.

Pero el debate tampoco debería limitarse a buscar una funcionaria sobre quien descargar toda la responsabilidad administrativa. El alcalde Muñoz Bravo debe explicar qué decisiones ha tomado para superar los obstáculos heredados, qué resultados concretos ha conseguido y cómo garantizará que el contrato deje de ser una sucesión de aplazamientos.

La responsabilidad política de gobernar no desaparece cuando se delega una exposición, se cambia un secretario o se presenta un nuevo cronograma. Los ciudadanos eligieron un alcalde para administrar y resolver problemas, no únicamente para identificarlos y responsabilizar a sus antecesores.

Alcalde Muñoz Bravo: Popayán necesita menos excusas y más resultados

Ahora que, supuestamente, ya ha escogido a su sucesor, Dios permita que, si este llega a ser elegido por la mayoría de los payaneses, tenga la capacidad, el liderazgo y, sobre todo, la honestidad y el compromiso necesarios para devolverle la gloria perdida a esta ciudad que tanto nos ha dado.

Ah, y si no es mucha molestia, alcalde, deje de llamar tanto al ya famoso Elkin. Porque, entre tantas llamadas, reuniones y cálculos políticos, parece que se les está olvidando lo verdaderamente importante: el progreso de Popayán y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Al fin y al cabo, esta ciudad necesita resultados para el 100 % de los ciudadanos, no más distracciones alrededor de Elkin.

La Avenida de los Próceres es una prueba de la capacidad administrativa de quienes prometieron recuperar la ciudad. Una prueba que no se supera con comunicados optimistas, declaraciones de buenas intenciones ni recorridos acompañados de fotógrafos. Se supera entregando infraestructura útil, con calidad, transparencia y dentro de plazos razonables.

Lo verdaderamente preocupante no es que el Concejo haya levantado una sesión. Es que Popayán siga esperando que levante vuelo una obra que lleva años atrapada entre modificaciones, trámites y promesas.

Al alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo conviene recordarle algo elemental: gobernar no consiste en convertirse en el mejor narrador de los problemas municipales, sino en demostrar capacidad para solucionarlos.

Popayán no necesita otra rueda de prensa para anunciar que la Avenida de los Próceres avanza. Necesita poder transitar por ella. Y, por ahora, parece que lo único que circula con verdadera fluidez en este proyecto son las explicaciones.

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PeriódicoVirtual.com — La verdad no se negocia. La justicia se defiende. Porque la verdad permanece y nos hace libres. Inspirado en Proverbios 12:19 y Juan 8:32.