¡Casi que no! La Fiscalía logra condenas contra dos procesados por delitos sexuales
Estos dos procesos judiciales terminaron con las respectivas condenas a los responsables.

La Fiscalía General de la Nación obtuvo, en casos diferentes, sentencias condenatorias con penas que oscilan entre 12 y 19 años de prisión.
Los sentenciados son tres hombres implicados en delitos sexuales cometidos en Cali (Valle del Cauca).
Entre las víctimas hay dos menores de 3 y 7 años, y una mujer de 27 años con discapacidad cognitiva. Uno de los condenados es padrastro de una de las víctimas.
Uno de los sentenciados es Óscar Justino Calvo Mondragón, condenado a 12 años de prisión por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir.
La Fiscalía determinó que Calvo Mondragón aprovechó la condición de discapacidad cognitiva de su víctima, para abusar sexualmente de ella. Los hechos ocurrieron en octubre de 2015, en el centro de la capital vallecaucana. El juzgado libró orden de captura contra este hombre con fines de cumplir condena en centro penitenciario.
En otro caso, el ente acusador logró que un juez sentenciara a 19 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de su hijastra, de 3 años. El delito sucedió en marzo de 2024, cuando el ahora condenado, de 23 años, abusó sexualmente de la víctima, a quien obligó a realizarle actos sexuales, además de grabarla con su celular.
El abuso sexual se presentó cuando la menor se encontraba a solas con el agresor. El hombre fue sentenciado por los delitos de pornografía con menor de 18 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.
En un tercer caso, Róbinson Morales Sánchez, de 50 años, fue condenado a 12 años de prisión como responsable del delito de actos sexuales con menor de 14 años, luego de hallarlo culpable de tocar las partes íntimas de una menor de 7 años. En los tres casos, los jueces decidieron no otorgar ningún tipo de beneficio a los condenados, por lo que deben purgar la condena en centros penitenciarios.