"Cauca es un territorio mortal para los líderes sociales": analistas

Neisair Ramos era un líder social y exsecretario de Gobierno de Guachené, norte del Cauca. Este ciudadano fue asesinado por delincuentes armados el pasado miércoles 12 de marzo, mientras se transportaba en su vehículo particular en la vía que comunica a ese municipio con Puerto Tejada.

En el ataque también murió una pequeña de doce años de edad que lo acompañaba, sobrina del exalcalde de la localidad, Elmer Abonía, también asesinado a finales de 2023.

Y es que Neisair Ramos Navas era un reconocido líder social, confundador del municipio de Guachené y ex secretario de gobierno en la misma localidad durante la administración de Elmer Abonía

Los hechos, que son materia de investigación, causaron zozobra y dolor en esta población de la que Ramos fue cofundador, pero ahora sus comunidades están atrapadas por la violencia de las pandillas.

“Era un líder absoluto, un señor completamente claro en sus ideas, muy oportuno; siempre estuvo dispuesto para trabajar por la seguridad del norte del Cauca”, aseguró Iván Carvajal, consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica, quien era cercano a la víctima.

Según las cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, entre el 1 de enero y el 13 de marzo de 2025 se presentaron 35 homicidios a líderes sociales en Colombia, siendo Cauca el departamento más afectado, con 8 hechos, seguido por Antioquia, Chocó, Magdalena, Nariño y Norte de Santander, con tres asesinatos cada uno.

Por otro lado, Valle del Cauca y Putumayo tienen dos registros de casos de líderes asesinados.

Carvajal explicó que la violencia contra defensores sociales en el Cauca se debe a múltiples motivos, pues en la zona central y en el Macizo Colombiano las guerrillas atentan contra los liderazgos indígenas que luchan contra los cultivos ilícitos, por ejemplo.

Por otro lado, en el norte del departamento los peligros son distintos. “En municipios como Caloto, Guachené, Padilla, Buenos Aires y Suárez, entre otros con gran parte de población afrocolombiana, han tenido conflictos étnicos con los indígenas por tierras o por invasiones de predios de terceros y allí se genera otro tipo de tensión”, añadió el experto.

Mientras tanto, Héctor Herrera, analista de seguridad, afirmó que quienes tienen algún tipo de poder político son especialmente perseguidos y no se trata de casos aislados, aunque en Guachené ahora la violencia la ejercen los grupos de pandillas que controlan prácticamente la zona ante la impotencia de las autoridades regionales de proteger a las comunidades.

“Muchos líderes están siendo asesinados para que no puedan ejercer cargos públicos y evitar que promuevan políticas en contra de los intereses de ciertos grupos, por lo general estructuras al margen de la ley”, señaló.

Los especialistas concordaron en que los líderes que habitan en que las zonas rurales son especialmente vulnerables ante las situaciones de violencia, ya que los mecanismos del Estado para garantizar su seguridad no funcionan.

“La gran mayoría de ellos están en la zona rural y tienen mucha más relación con grupos armados criminales al margen de la ley que están en esos territorios de la Colombia profunda y tienen muchas tensiones”, afirmó Carvajal, quien explicó que las rentas ilegales, como el narcotráfico, dejan ganancias por unos mil millones de dólares al año, por lo que a los grupos dedicados a este negocio no les conviene que haya personas que luchen por la erradicación o la restitución de tierras.

De igual manera, muchos defensores intimidados permanecen en sus territorios sin esquema de seguridad, aumentando el peligro para ellos.

“La Unidad Nacional de Protección colapsó en su tarea de proteger a los líderes; se necesita una restructuración que haga más ágiles los procedimientos porque, si se esperan dos o tres meses para atender un caso de amenaza, lo más posible es que este líder sea asesinado. Cuando se reporte el peligro, inmediatamente la persona debe tener su esquema de seguridad y sacarla del territorio mientras pasa la amenaza”, agregó Herrera.

Por último, Carvajal puntualizó que se deben fortalecer las especialidades de inteligencia e investigación criminal, así como acelerar el esclarecimiento de delitos para lograr reducir los índices de homicidio en zonas urbanas y rurales.