El cinismo de Jorge Bastidas: “No tenemos ejército de contratistas” mientras el ciudadano paga los platos rotos
La frase del congresista revela la incoherencia de una clase política que, desde la izquierda o la derecha, sigue usando la burocracia pública como botín. En Popayán, los hechos y las denuncias lo contradicen.
El representante a la Cámara por el Cauca, Jorge Bastidas Rosero, afirmó en una reciente reunión: “No tenemos un ejército de contratistas”.
Pero la realidad documentada en Popayán y su entorno político muestra todo lo contrario: una red burocrática a su servicio, escándalos en la Secretaría de Tránsito y una estructura que reproduce el clientelismo que tanto dice combatir.
El discurso y la realidad
Con esa frase, Bastidas pretendió mostrarse como un político diferente, ajeno al uso del poder para beneficio propio. Sin embargo, los hechos lo desmienten.
El nombre de Lizeth Vanessa Plazas Quibano, su cuota en la Secretaría de Tránsito de Popayán, ha estado vinculado a denuncias por supuesta coacción a contratistas y por anular comparendos de tránsito a familiares del congresista, una actuación que fue calificada como ilegal por varios expertos en derecho administrativo.
Alexander Casas Prado
El caso de las multas revocadas
En 2024, Lizeth Vanessa Plazas Quibano, secretaria de Tránsito de Popayán, se conoció que había revocado 22 comparendos por un valor superior a $25 millones, a favor de la madre y la esposa del congresista Jorge Bastidas Rosero.
El procedimiento se realizó mediante la figura de la revocatoria directa, pese a no existir pruebas de suplantación ni soporte judicial que lo justificara, lo que fue calificado como un desvío de poder y abuso de autoridad.
El caso fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, y dio lugar a un debate de control político en el Concejo Municipal de Popayán, donde su presidente, Alex Trujillo, denunció públicamente la existencia de un presunto “cartel de las multas” dentro de la dependencia.
A pesar de ello, el actual alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz Bravo, la mantiene en el cargo, bajo la instrucción de responder a todos los requerimientos de la Fiscalía dentro del proceso de investigación que aún continúa.
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Burocracia al servicio del poder
A este historial se suma la nueva denuncia que señala a Plazas Quibano de presionar a contratistas para que participen en consultas políticas internas a favor de Bastidas.
De confirmarse, el hecho revelaría un patrón de uso clientelista de la contratación pública, disfrazado bajo el discurso de renovación y transparencia.
Según fuentes locales, el congresista tendría cuotas políticas en instituciones clave como la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Contraloría, la ESAP, el SENA, Cedelca, Nasakiwe, e incluso en la Alcaldía y la Gobernación del Cauca.
Estas alianzas burocráticas serían la base de un aparato electoral que busca consolidarse en las urnas el próximo domingo.
El verdadero costo del cinismo
Mientras los políticos se protegen entre discursos, el ciudadano de a pie sigue pagando los platos rotos.
La ineficiencia institucional, la corrupción y el amiguismo político se traducen en mal servicio público, desempleo y pérdida de confianza en la democracia.
Lo más grave no es solo la incoherencia de un representante que niega tener contratistas, sino que su estructura política parece sostenerse precisamente sobre ellos.
Popayán y el Cauca no necesitan más frases ensayadas ni más promesas vacías.
Necesitan representantes que entiendan que la política no es un negocio personal, sino un compromiso con la verdad, la justicia y el bienestar colectivo.
La ciudadanía está cansada de que la burocracia se use como moneda de cambio electoral mientras la región sigue esperando soluciones reales.
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