Colombia elige entre profundizar las transformaciones sociales o regresar a las políticas de la guerra y la exclusión económica

Colombia entró en la recta final de la contienda electoral a pocas horas de que los ciudadanos definan la jefatura del Estado entre las opciones políticas que proponen los candidatos Iván Cepeda (movimiento Pacto Histórico, izquierda) y Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria, ultraderecha).

Cepeda, conocido defensor de derechos humanos, presentó al electorado un programa de gobierno para dar continuidad a las políticas públicas del presidente Gustavo Petro, con propuestas para consolidar el combate contra la pobreza, universalizar la educación y la salud, hacer frente a la corrupción, desarrollar el agro, continuar fomentando la paz y ampliar la presencia del Estado en los territorios.

De la Espriella propone el camino opuesto, que contempla fagocitar al Estado, aplicar recortes sociales y regresar a la militarización de la seguridad, al Plan Colombia que tantas víctimas dejó y que agravó el fenómeno del narcotráfico. Prevé construir 10 megacárceles, reactivar los bombardeos contra grupos armados, la fumigación aérea de cultivos de coca, sepultar la paz total y entronizar el lenguaje de la guerra allí donde existe el lenguaje de los derechos.

Mientras transcurren las horas previas a la apertura de los centros de votación, ambos aspirantes cerraron sus actividades públicas con encuentros que les permitieron reforzar sus mensajes de campaña y apelar a segmentos clave del electorado.

Además de invitar a los electores a las urnas, el Pacto Histórico y las organizaciones políticas que conforman la Alianza por la Vida reafirmaron que este domingo se movilizarán para cuidar el voto. Para ello, «hemos organizado y preparado un inmenso dispositivo de cuidado electoral, con 89.881 testigos de mesa, 4.980 testigos de comisiones de escrutinio, 3.294 abogados y 338 auditores de sistemas, para un cubrimiento del 90 por ciento de las mesas de votación y el 96 por ciento de las comisiones de escrutinio».

El Pacto Histórico y las organizaciones políticas de la Alianza por la Vida advirtieron: «Nos preocupan algunas conductas que ponen en riesgo el ejercicio libre del derecho al voto, la transparencia y la tranquilidad de las elecciones, en particular las presiones indebidas sobre electores, amenazas, condicionamientos, la compra de votos, la agresión, la estigmatización y la violencia contra las personas que hacen parte de nuestra campaña».

Su alerta cobró relevancia luego de que se denunciaran maniobras de compra de votos para beneficiar a De la Espriella, quien es apoyado por Donald Trump en un guion de injerencia que recuerda al aplicado por Washington en Argentina, Ecuador y Honduras.

No es la única denuncia que pone en entredicho su integridad: antes fue denunciado por sus oscuros vínculos con el paramilitarismo y el enriquecimiento ilícito con dineros de la salud.

Sobre el riesgo de interferir en un asunto interno de Colombia y apoyar a un candidato con un historial «sumamente inquietante», alertaron 11 congresistas demócratas de los EE.UU., quienes recordaron en una carta a la Casa Blanca que mantuvo relaciones cercanas con líderes del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), responsable de numerosos crímenes y designado organización terrorista por Washington en 2001. En paralelo, recordaron que el candidato de la ultraderecha y su esposa aparecen vinculados a por lo menos 14 empresas fantasmas en el estado de la Florida, enroladas en negocios de bienes raíces por valor de millones de USD con fondos de origen poco claro.

Horas atrás, la ONG Temblores calificó a De la Espriella como un enemigo acérrimo de los derechos humanos. Tras años manteniendo una independencia partidista, la plataforma rompió esa postura para avisar que el discurso de odio que promueve dicho candidato, donde el adversario político se convierte en enemigo, pone en riesgo la democracia.

«Una cosa es cuestionar un gobierno democrático y otra muy distinta es permitir el ascenso de un proyecto político que ha construido buena parte de su identidad alrededor de la estigmatización del adversario, que promete imponer su visión del mundo ‘por la razón o la fuerza y que invita a sus votantes —desde el plural que impone la frase ‘vamos a destripar a la izquierda’— a destruir a quienes piensan diferente«.

Temblores recordó que la historia colombiana está marcada por el exterminio sistemático de 5.733 militantes, dirigentes, concejales, alcaldes, congresistas y simpatizantes de la Unión Patriótica.
«En una eventual presidencia de Abelardo de la Espriella, la garantía de derechos humanos y nuestra existencia como organización que los defiende están en riesgo», afirmó Temblores.

Para la segunda vuelta fueron habilitados un total de 41.421.973 ciudadanos en el país y en el exterior. Más de la mitad del electorado son mujeres (21.2 millones), mientras que los hombres son 20.1 millones, inscritos en 122.016 mesas distribuidas en 13.742 puestos de votación.

Más de 228.000 integrantes de la Fuerza Pública fueron desplegados en los diferentes departamentos para asegurar puestos de votación, proteger a los ciudadanos y preservar el orden público durante el balotaje. Mediante esquemas especiales se protegerán 5.720 mesas de votación ubicadas en territorios donde existen factores de riesgo relacionados con la presencia de grupos armados ilegales o posibles alteraciones de seguridad.

Este sábado el Gobierno cerró las fronteras para asegurar que el balotaje se desarrolle sin interferencias externas y con total transparencia. La primera vuelta tuvo lugar el 31 de mayo y votaron tres de cada cinco colombianos. De la Espriella obtuvo 10.3 millones de votos (43,78 %) y Cepeda sumó 9.7 millones (40,98 %).