Concejales de Popayán cuestionan contundentemente a la Secretaría de Gobierno y contemplan moción de censura por fallas en seguridad

En Popayán, la inseguridad se ha convertido en el tema central de discusión. Este jueves 27 de marzo de 2025, en una extensa sesión de control político, la secretaria de Gobierno, Consuelo Amparo Chantre, fue citada al recinto del Concejo Municipal para rendir cuentas sobre su gestión. Concejales, líderes de distintos barrios y representantes de la comunidad rural presentaron quejas contundentes: consideran que la falta de resultados en materia de seguridad y convivencia ha disparado la criminalidad y generado un ambiente de temor en amplios sectores de la ciudad.

El debate se originó tras denuncias de varios concejales, entre ellos Luis Inchima, José Luis Diago y Rosa Agustina Sinisterra, quienes expusieron que el Plan Integral de Seguridad y Convivencia (PISCC) instrumento clave para reducir delitos y fortalecer la protección ciudadana reflejaría un bajo nivel de ejecución presupuestal en 2024 y un panorama parecido para los primeros meses de 2025. Aseguran que la información entregada por la Secretaría de Gobierno no coincide con la realidad que viven los habitantes en barrios y veredas, donde el microtráfico, los hurtos y los homicidios no han disminuido de manera significativa.

El presidente del Concejo Municipal de Popayán, Alexander Trujillo Méndez, subrayó durante el debate de control político a la Secretaría de Gobierno que el cabildo “ha sido muy garante” de los espacios de participación ciudadana, y aseguró que, como mesa directiva, han mantenido una postura “analítica, propositiva y crítica” frente a la ejecución de las políticas de seguridad y convivencia. De igual forma, dejó claro que la comunidad exige resultados concretos y no solo informes, pues “Popayán no merece seguir en la inseguridad” sin ver avances tangibles. Según Trujillo, la Corporación no se quedará callada ni será permisiva con cifras que no reflejen la realidad que viven los habitantes a diario, por lo que continuará impulsando mecanismos de control y exigiendo rendición de cuentas efectivas.

Por su parte, la secretaria de Gobierno explicó que el PIS contempla 17 estrategias y que, según sus cifras, en 2024 se habría ejecutado cerca del 64% de las acciones planteadas. No obstante, varios cabildantes cuestionaron la veracidad de esos datos y recalcaron que las cifras de homicidios y lesiones personales siguen en niveles críticos en zonas urbanas y rurales. “La sensación de inseguridad no se soluciona con reuniones aisladas, necesitamos acciones de fondo y el dinero debe invertirse de forma oportuna”, afirmó el concejal Inchima.

La polémica mayor surgió al discutirse la poca articulación entre la Secretaría de Gobierno y las fuerzas de seguridad. Algunos concejales pidieron explicaciones sobre el mantenimiento y ampliación de las cámaras de vigilancia. Según lo expuesto, muchas cámaras instaladas en distintos barrios no funcionan o quedaron fuera de servicio por falta de supervisión, lo que implica un retroceso en la capacidad de monitoreo. “Nos quedamos con cifras alegres, pero al final los barrios se sienten más desprotegidos que antes”, advirtió el concejal Diago.

Las denuncias no se limitaron a la zona urbana. Representantes de la zona rural y líderes comunales relataron episodios de violencia y amenazas. Incluso se citó la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo sobre riesgo de reclutamiento forzado de menores. Varias comunidades pidieron mayor presencia institucional y aseguraron que, aunque la Secretaría de Gobierno asegura realizar brigadas y charlas preventivas, en la práctica los operativos son escasos y la situación de inseguridad se agrava.

Otro punto álgido fue la revelación de que buena parte de los recursos del Fondo de Seguridad (Fonset) no habrían sido ejecutados. A juicio de los concejales, resulta inaceptable que, en un momento de crisis, esos dineros permanezcan subutilizados. También se señaló la contratación de personal que, presuntamente, no estaría plenamente capacitado o que podría tener antecedentes judiciales. “No podemos tolerar que quienes deben promover la seguridad y la convivencia tengan objeciones legales o no posean la experiencia para afrontar una problemática tan compleja”, afirmó la concejala Rosa Agustina Sinisterra.

La sesión se tornó aún más tensa cuando se mencionó la posibilidad de impulsar una moción de censura contra la secretaria de Gobierno. Varios cabildantes manifestaron abiertamente su desacuerdo con la continuidad de la funcionaria, mientras que otros, más prudentes, pidieron revisar a fondo las cifras y los informes de supervisión contractual. “No es una decisión que se deba tomar a la ligera, pero la ciudad merece respuestas. Si la inseguridad sigue creciendo y la ejecución de recursos se estanca, tendremos que proceder con firmeza”, enfatizó el concejal John Ortiz.

En medio de los señalamientos, también hubo voces de líderes barriales que, si bien reconocieron la preocupación por la alta criminalidad, destacaron ciertas actividades impulsadas por la Secretaría, como ferias de servicio y operativos conjuntos con la Policía. Sin embargo, la mayoría coincidió en que estas acciones resultan limitadas frente al crecimiento de la violencia y la percepción de miedo en las calles.

La secretaria Chantre se defendió enfatizando que se han hecho esfuerzos importantes en reuniones comunitarias, campañas de prevención y apoyo logístico a la fuerza pública, pero reconoció que la inseguridad en Popayán es un reto que exige mayor apoyo del Gobierno Nacional. Aun así, los concejales reclamaron resultados concretos y anunciaron que estudiarán con detenimiento los informes finales de ejecución para determinar si procede formalmente la moción de censura. Por ahora, la ciudad sigue expectante ante posibles cambios en la política de seguridad y la urgencia de controlar una ola de criminalidad que mantiene en vilo a la ciudadanía.