Concejo de Popayán debate distribución de más de $33 mil millones: educación e infraestructura, en el centro del debate

Durante la sesión ordinaria del 31 de marzo, las secretarías de Educación e Infraestructura socializaron ante el Concejo Municipal el proyecto de incorporación de recursos del balance y superávit 2025.

Concejo de Popayán debate distribución de más de $33 mil millones: educación e infraestructura, en el centro del debate

Concejales expresaron preocupaciones por la cobertura educativa, la malla vial urbana y rural, y el uso de los subsidios de aseo y vivienda.

El Concejo Municipal de Popayán celebró este lunes 31 de marzo una sesión ordinaria en la que se socializó el proyecto de acuerdo para modificar el presupuesto de la vigencia 2025, mediante la incorporación de recursos del balance y superávit. Las presentaciones estuvieron a cargo de las secretarías de Educación e Infraestructura, que detallaron la destinación de más de $33.878 millones.

Durante su intervención, el secretario de Educación, Robinson Felipe Acosta, explicó que su dependencia incorporaría un total de $11.660 millones, provenientes del balance del Sistema General de Participaciones (SGP), inversión directa y superávit. Los recursos estarían destinados principalmente a fortalecer programas de calidad educativa, cobertura alimentaria, infraestructura escolar y apoyo a estudiantes de escasos recursos.

Entre los ítems presentados destacan $3.669 millones para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), $1.525 millones para calidad educativa, $1.806 millones para eficiencia —especialmente en pagos laborales a docentes— y $249 millones para infraestructura escolar. También se asignan $265 millones del superávit 2023 para fortalecer la cátedra animalista y apoyar el ingreso de jóvenes a la educación superior.

Acosta reconoció limitaciones normativas para invertir en instituciones que no hacen parte del sistema público, pero se mostró abierto a buscar alternativas, especialmente para brindar apoyo psicosocial a los hijos de policías víctimas del conflicto.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Carlos Castro, presentó una radiografía del uso proyectado de más de $33.878 millones, entre ellos $16.473 millones del superávit 2024. A pesar de la magnitud de la cifra, Castro fue enfático en señalar que “los recursos no alcanzan para atender las múltiples necesidades, sobre todo en malla vial urbana y rural”.

La intervención del funcionario dejó ver que solo se dispondría de cerca de $1.800 millones para intervención de la malla vial urbana, lo que permitiría atender alrededor de 20 cuadras. También se mencionaron recursos para subsidios de aseo, saneamiento básico, mantenimiento de maquinaria amarilla, estudios de paneles solares y compra de predios para proyectos viales como la Avenida de los Próceres.

Varios concejales intervinieron para expresar inquietudes. El concejal Luis Inchima cuestionó los traslados de recursos a Movilidad Futura, advirtiendo que se han convertido en “gasto de funcionamiento sin que el sistema estratégico de transporte avance”. Asimismo, reclamó una distribución más equitativa hacia la zona rural, tanto en vivienda como en vías.

El concejal Diego Guevara pidió fortalecer los estudios y diseños de infraestructura vial para corregir cuellos de botella, como el del puente en la vereda González. José Luis Diago solicitó claridad sobre los costos unitarios de obras viales y andenes, y planteó la necesidad de actualizar las tablas de subsidios de aseo con información demográfica más reciente.

Marco Gaviria y Daniel Muñoz insistieron en que, si bien Infraestructura fue una de las secretarías que más ejecutó en 2024, se requiere priorizar con mayor criterio técnico y garantizar que los proyectos estén viabilizados. José Alexander Campo, por su parte, propuso la necesidad de tramitar un empréstito para financiar obras de impacto como pavimentaciones rurales y conectividad vial estratégica.

El secretario Castro reconoció que los recursos actuales son insuficientes para cumplir con el plan de desarrollo y planteó la posibilidad de gestionar recursos adicionales o créditos para atender los retos pendientes.

La sesión cerró con llamados de atención desde la Comisión Legal para la Equidad de Género, ante recientes casos de violencia contra mujeres y niños, reiterando la necesidad de fortalecer la respuesta institucional.