Contratación directa en Popayán: ¿Transparencia en jaque para las víctimas del conflicto?

La administración municipal de Popayán ha adoptado una decisión que enciende las alarmas en torno a la contratación de servicios destinados a la atención de las víctimas del conflicto armado. En 2024, este proceso se llevó a cabo mediante una convocatoria pública, alineada con la Ley 80 de 1993, lo que permitió la participación plural de oferentes y otorgó transparencia a la asignación de recursos. Sin embargo, para la vigencia de 2025, la alcaldía ha optado por un giro controversial: un convenio de asociación por 1.500 millones de pesos adjudicado mediante contratación directa a un único operador, sin mediar competencia ni publicidad.

Aunque la contratación directa está contemplada en el artículo 355 de la Constitución Política de Colombia y regulada por la Ley 489 de 1998, su uso debe ajustarse estrictamente a los principios de transparencia, selección objetiva y eficiencia en la gestión de los fondos públicos, según lo dispuesto por la Ley 1474 de 2011, conocida como el Estatuto Anticorrupción. En este caso, la ausencia de un proceso competitivo levanta serias dudas sobre la legitimidad en la asignación de los recursos y su verdadera destinación, que debería priorizar el bienestar de las víctimas por encima de cualquier interés particular.

Resulta inaceptable que, en lugar de fortalecer mecanismos abiertos y participativos, la administración municipal recurra a prácticas que empañan la credibilidad de la Secretaría de Gobierno y del propio alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo. Este proceder exige una revisión urgente por parte de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, para garantizar que el proceso cumpla con la legalidad y que los recursos se ejecuten con el rigor que la norma demanda.

Más allá de este caso, surge una inquietud mayor: ¿es esta falta de transparencia un hecho aislado o un patrón que se repite en otras áreas de la gestión municipal? La ciudadanía, y en especial las víctimas del conflicto, tiene derecho a respuestas claras sobre el manejo de estos fondos esenciales para su reparación. ¿Qué postura adoptarán las organizaciones de víctimas ante esta decisión? ¿Cómo se asegurará que los 1.500 millones se traduzcan en resultados tangibles?
Este no es un asunto meramente administrativo, sino un tema de justicia social. Las víctimas del conflicto no pueden ser reducidas a una línea presupuestal ni utilizadas como excusa para favorecer intereses privados. La administración de Popayán tiene la obligación de rendir cuentas y demostrar que cada peso invertido se transforma en acciones concretas y verificables. La transparencia no es un lujo ni una elección: es un mandato constitucional que no admite excepciones.